Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 54 segundos
Sin embargo, el organismo expuso que las iniciativas de reforma a la Ley Minera y en materia administrativa ponen en evidencia una actitud hostil hacia la inversión privada, nacional y extranjera.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que la relocalización de inversiones o nearshoring es, quizá, la única oportunidad para que la economía mexicana logre un crecimiento sostenible.
En su análisis económico semanal, el organismo expuso que “la narrativa del gobierno acerca de la economía continúa siendo confusa” ya que “se afirma que va muy bien basándose en la estabilidad del tipo de cambio, la supuesta ausencia de endeudamiento público y en datos parciales de recuperación de los registros en el IMSS como indicador del empleo. Mientras que, por otro, se ignora la falta de crecimiento, el rezago de la inversión y la resistencia a la baja de la inflación subyacente”.
En la economía real, “se observa que la recuperación del producto interno bruto (PIB) es particularmente lenta. El PIB del 2022 aún está por debajo del 2018 y su recuperación ha sido más lenta que prácticamente en todas las economías emergentes”.
“En términos per cápita, el PIB está 5% por debajo de su nivel de 2018”, alertó.
Además, “la inversión, el motor que impulsa el PIB de forma sostenible, en 2022 fue menor en más de 8% a la de 2018” y en términos de bienestar social hay “menor cobertura y calidad de los servicios de salud, más pobreza, menos calidad de la educación y mayor inseguridad pública, entre muchas otras deficiencias”.
Sin embargo “dada la situación actual de la economía y los riesgos que se prevén para los años por venir, la relocalización presenta la mejor oportunidad, si no es que la única, para alcanzar un crecimiento sostenible significativo que permita lograr un mayor bienestar para la población”.
En este sentido un elemento necesario es que el gobierno cambie de actitud hacia la inversión privada, nacional y extranjera.
“La operación de compra de varias plantas de generación eléctrica de Iberdrola —recordó— era una mala señal para la inversión, además de ser una operación sin mayor sentido para la economía”.
Además, “la iniciativa de cambios a la Ley Minera genera incertidumbre a las concesiones, que se restringen a terrenos explorados sólo por el gobierno, y mientras no sean asignados a para estatales, directamente; su duración se reduce de 50 años actuales a 15, con la posibilidad de solo una prórroga. Además, se establecen obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes”.
Y, por último, la iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa, “amplía los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se considere que afecten el interés público, general o social, eliminando el carácter extraordinario del juicio de lesividad. Ahora solo se requeriría argumentar un perjuicio al Estado o al interés público”.
Todos los contratos de adquisición y obras públicas con la administración pública federal “deberán incluir la cláusula exorbitante, que la faculta para terminar unilateralmente cualquier contrato de manera anticipada por causa de interés público”.
Y “podrán revocarse contratos y concesiones, así como dar por concluida la relación jurídica de contratos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin la obligación de resarcir daños”.
