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Un fiscal de la Corte Suprema en Estados Unidos solicitó al tribunal que la revisión de la compra de la energética PNM Resources, por parte de Iberdrola, se llevara a cabo de forma transparente para defender a los consumidores, algo que prolongaría el cierre de la adquisición de cerca de 11.000 millones de dólares.
Iberdrola anunció en 2020 que, a través de su filial estadounidense Avangrid, había alcanzado un acuerdo para la adquisición de la energética PNM Resources
Ante la falta de permisos por parte de las autoridades locales para realizar la operación anunciada hace dos años y medio, El Confidencial dio a conocer que Iberdrola y PNM Resources han pactado una segunda prórroga de tres meses para tratar de cerrar la adquisición antes del 20 de julio. Sin embargo, el medio señaló que la aprobación oficial podría llevar más de tres meses, incluso, a iniciar el proceso casi desde cero.
Previo al dictamen de la Comisión Federal de Nuevo México, las dos compañías habían acordado un extender el periodo de negociaciones hasta el próximo 20 de abril. Al no obtener el visto bueno de la Comisión Federal de Nuevo México, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán y el consejo de PNM han decidido dar tres meses más.
De acuerdo con el medio digital, la transacción colocaría a la empresa española como una de las primeras eléctricas de Estados Unidos y le daría un salto cualitativo y cuantitativo en el país que se ha convertido en la gran apuesta de Iberdrola.
Por su parte, el medio Albuquerque Journal reveló que la Fundación de Nuevo México para el Gobierno Abierto (FOG) dijo que la Comisión de Regulación Pública (PRC) del estado violó la Ley de Reuniones Abiertas en decisiones recientes con respecto a esta fusión.
En una carta fechada el 7 de abril a la Corte Suprema estatal, FOG alegó que una decisión de la PRC en marzo de apoyar a PNM Resources y Avangrid en una moción conjunta que pedía a la corte que devolviera el caso de fusión a la comisión se tomó “ilegalmente” a puerta cerrada, en lugar de que en una reunión pública abierta requerida.
En esta moción, según reveló el medio, las tres partes pidieron al tribunal que desestimara una apelación que PNM y Avangrid presentaron el año pasado contra una decisión de diciembre de 2021 de rechazar su propuesta de fusión. Del mismo modo, señalaron que las empresas solicitaron que el tribunal devolviera el caso a la comisión de tres miembros recién nombrada para una “nueva audiencia” y una “reconsideración” de la fusión. Frente a esto FOG sostiene que la decisión del PRC de unirse a esa moción es una “decisión política” que no está protegida por el privilegio abogado-cliente.
Por su parte, el PRC, PNM y Avangrid aseguran que el problema se refiere a litigios pendientes que están protegidos por el privilegio abogado-cliente, lo que permite a los comisionados discutir el caso de fusión y decidir acciones en privado con sus abogados.
Sin embargo, la directora ejecutiva de FOG, Melanie Majors aclaró al medio que la ley permite a los comisionados discutir litigios en privado con sus abogados, pero cualquier decisión o “acción” que surja de esas discusiones no se puede tomar en privado.
“La decisión de seguir adelante (sobre la moción) es una ‘acción’ que debe hacerse en público”, dijo. “Los comisionados deben votarlo en una reunión abierta”.
La carta de FOG respalda una moción del 4 de abril presentada ante la Corte Suprema por New Energy Economy, que se opone a la fusión, alegando que las violaciones de la reunión de la PRC “anulan” la moción conjunta con PNM y Avangrid.
En su respuesta al tribunal, PNM y Avangrid citaron dos casos anteriores relacionados con la Comisión del Condado de Luna y el Consejo de Inversiones del Estado en los que el Tribunal de Apelaciones confirmó el derecho de esas agencias gubernamentales a tomar decisiones relacionadas con litigios.
El medio comunicó que no está claro cuándo la Corte Suprema se pronunciará sobre la moción conjunta para devolver el caso de fusión, ya que no hay un plazo legal para una decisión.
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