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Según el organismo, la operación “únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados”. Peor aún, al integrar a los nuevos trabajadores se pone en riesgo la rentabilidad de la CFE.
Contrario a lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la compra de 13 plantas de generación eléctrica de la española Iberdrola no significa una “segunda nacionalización” de la industria eléctrica, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Peor aún, añadió el organismo, la operación pone en riesgo la rentabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al integrar a los nuevos trabajadores a su contrato colectivo de trabajo.
El IMCO explicó, por principio, que la venta de las 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola —por 6,000 millones de dólares— se da “a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía”.
“El contar con financiamiento del sector público no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada. Sin embargo, todavía no es público a cuánto asciende la participación de las entidades públicas, hasta el momento se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales”, añadió.
Para el IMCO “es importante destacar que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”.
Insistió en que “esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados”.
Por el contrario, la operación “abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en diez años la edad de retiro”.
Finalmente, el IMCO expuso que “a pesar de que en este momento no se ha desglosado a cuánto asciende el financiamiento público, es necesario cuestionar la conveniencia de asignar recursos, por definición escasos, en adquirir centrales eléctricas mayoritariamente ancladas en combustibles fósiles a costa de inversiones que aceleren la transición energética en el país”.
