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Por Luis Bartolini Esparza
Twitter: @LBartolini
Después de la crisis financiera de 2008 y de las fuertes consecuencias que no solamente afectaron la economía de los Estados Unidos, sino que impactaron duramente la mayoría de los mercados internacionales, Andrew Ross Sorkin publica en 2009 un libro que resultó multipremiado intitulado “Too big to fail”, que convertido en guion ha servido para películas y series del mismo nombre, cuya trama versa sobre los acontecimientos que sucedieron en esa etapa y la forma en la que las autoridades norteamericanas los enfrentaron.
Ahora, en marzo de 2023 estamos presenciando una falla bancaria relevante como la que no se veía en estados Unidos desde septiembre de 2008 en el caso de Washington Mutual; con el Sillicon Valley Bank (SVB), y un par de días después, con Signature Bank (SB). Énfasis en el calificativo “relevante”, ya que desde el 16 de junio de 1933 que se promulga la Banking Act o Glass-Steagall Act se crea la agencia independiente denominada Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) precisamente para proteger los depósitos de los ahorradores en casos de falla de las instituciones bancarias o, en otras palabras, escenarios de insolvencia de estas. Esta ley y sus disposiciones resultan de la experiencia de una de las crisis financieras más trascendentes que se han registrado y que generalmente se le conoce como la Gran Depresión.
Curiosamente, el FDIC se enfrenta a un nuevo e importante reto al estar por cumplir 90 años de existencia, las cosas han cambiado mucho, pero los riesgos, no obstante las medidas regulatorias tomadas no han podido ser minimizados en la medida de lo deseable. El registro que lleva dicha agencia reporta que en 1934 (primer año de operación) había cubiertas 14,146 instituciones bancarias, y si seguimos los reportes por décadas veremos que para el año 2000, ese organismo reportaba 8,199 bancos cubiertos; en 2010 6,534; en 2020 4,379 y al 14 de marzo de 2023, hay 4,708 bancos cubiertos por el seguro de depósito del FDIC. La tendencia parece ser clara en cuanto a la reducción del número de instituciones bancarias protegidas, lo que puede derivar entre otras cosas de adquisiciones, fusiones, cierres ordenados y también, quiebras de bancos.
El FDIC nos proporciona en su portal www.fdic.gov generosa información cualitativa y cuantitativa del sector, de la que se puede desprender que, del año 2000 a la fecha, se han presentado en los Estados Unidos 565 fallas de instituciones bancarias, lo que si se lleva a un promedio simple aritmético nos da un aproximado de 25 quiebras bancarias por año. En otras palabras, en el rancho de nuestros vecinos fallecen de muerte violenta 25 bancos al año, aunque es importante precisar que ciertamente, hay períodos en los que no se presenta falla alguna y otros en los que se incrementa la incidencia en forma substancial, como lo fueron por razones obvias los años de 2009 con 140; 2010 con 157; 2011 con 92 y 2012 con 51 bancos en insolvencia.
Así las cosas, podemos dar diferentes calificativos, pero no podemos utilizar inusual o extraordinario, porque en un sistema con esa cantidad de instituciones es “normal” que haya un porcentaje de fallas, y entonces lo relevante estriba en la entidad de que se trate y no en el propio hecho de que haya quiebras bancarias.
El FDIC al igual que sucede con otros sistemas de seguro de depósito en el mundo, incluido el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), establece una cobertura, así como el pago de cuotas para las entidades financieras que lo contratan, y ciertos requisitos de exclusión como en cualquier póliza. En el caso concreto, su límite de cobertura es de USD$250,000 por persona, por producto protegido, por institución; esto implica que si un cuentahabiente cae en un par de supuestos de productos de depósito protegidos en la misma institución, su importe de indemnización podría ser superior a dicho límite, pero en cualquier caso, existen esos límites.
Lo anterior, es relevante particularmente a partir del compromiso asumido por el presidente Biden el pasado lunes 13 de marzo, en donde declaró que los recursos de los depositantes (en cuanto a los instrumentos financieros protegidos) serían cubiertos en su totalidad, sin costo fiscal ya que serían pagados con cargo al fondo conformado por las instituciones a través del pago de sus cuotas correspondientes. Aquí los puntos a considerar son la forma en la que se implementará la ejecución de dicha instrucción, a pesar de los límites que la base normativa establece, pero sobre todo, el precedente que sienta esta cobertura extraordinariamente ampliada para futuras ocasiones, con el consecuente compromiso contingente para el aludido fondo.
Según diversas notas, al tratase de un banco como el SVB esencialmente enfocado a la atención de sectores Start up, Fintech y con estrecha relación con fondos de inversión, éstos al verse regulatoriamente desprotegidos en buena medida en relación con los montos invertidos (se dice que estaban fuera del seguro de depósito por razón de cuantía el 96% de las inversiones), es que se ejercen fuertes presiones hacia las autoridades en ese sentido, y al tratarse de un banco rankeado en el lugar 16 de las casi 5,000 instituciones en USA, seguramente significó un elemento fuerte a tomar en cuenta en la ecuación. Salvadas las debidas proporciones, el SVB contaba con activos de alrededor de $205,000 millones de dólares, que en pesos equivaldría a aproximadamente a casi 4 billones de pesos al tipo de cambio actual, y que es muy superior a los 2.5 billones de pesos que reflejó BBVA México que es el banco más grande del país, en la pasada encuesta de inclusión financiera CNBV.
Probablemente, en este tema veremos después otro libro, película y/o serie en Netflix, HBO o Amazon en donde se precisará o tal vez no, la participación que tuvieron los accionistas, el Consejo de Administración, las instancias de control interno, la Dirección General, las áreas de riesgos y financieras, los inversionistas millonarios que al final agradecieron ser tratados como pequeños ahorradores, las calificadoras de valores, los auditores externos y por supuesto, las autoridades reguladoras y supervisoras locales y federales. Paradójicamente, por el sector de que se trata, varios de estos inversionistas perjudicados probablemente eran de los que se manifestaban aguerridamente contra la regulación y supervisión de las entidades comercializadoras y operaciones con criptoactivos y otras actividades tecnoparafinancieras y hoy, por 165,000 millones de razones, agradecen la intervención gubernamental que no aplica en casos como el de los expedientes FTX.
En fin, pareciera que aquí se rompió una tasa y cada uno para su casa.
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