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En días pasados, se dio a conocer la intención de revivir la iniciativa para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta pretende gravar dispositivos y soportes de almacenamiento, reproducción y duplicación de contenidos audiovisuales. Un impuesto denominado ‘canon digital’.
The Competitive Intelligence Unit (CIU) dio a conocer que la incidencia del ‘canon digital’, impactaría directamente al consumidor y encarecería la adquisición de dispositivos tecnológicos.
En este sentido, detalló que la medida ocasionará una reducción anual, específicamente, en el número de celulares vendidos anualmente, entre un 1.0 y 1.5 millones, al existir un sobreprecio de entre $3.8 y $5.6 mil millones de pesos.
Lo cual no solo afectaría a fabricantes y comercializadores sino también a las empresas que hacen uso de estos. Por otra parte, según los modelos econométricos del instituto, el impuesto reduciría los ingresos por la venta de estos dispositivos entre $4.0 y $5.9 mil millones de pesos.
Así también, impactaría la provisión de servicios de telecomunicaciones, educación, seguridad, banca digital, entre otros.
Con base en esto, The CIU explicó que esta iniciativa es marcadamente regresiva, al impactar especialmente a los que menos tienen tomando en cuenta las circunstancias económicas actuales.
Acceso a los contenidos
Aunado a esto, señaló que al aumentar el precio de los dispositivos, el canon también impondría nuevas barreras de acceso para las audiencias, impactando así, de forma paralela al mercado de contenidos.
Es decir, de ser aprobada la Iniciativa, el organismo advirtió que los usuarios estarían siendo sujetos a un doble gravamen, ya que además del impuesto por la adquisición de los dispositivos, tendrían que pagar las licencias que las plataformas de streaming normalmente cobran para asegurar la reproducción legal y privada de los contenidos.
Adopción de la conectividad
El organismo mencionó que además la imposición del canon digital podría seguir impulsando un estado de desconexión, especialmente para el segmento poblacional de menores ingresos en México. Circunstancia que contraviene al mandato constitucional de alcanzar el acceso universal a la conectividad.
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