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Por Roberto E.. Clemente W.
Casi aterrizaron al mismo tiempo a México. Con dos días de diferencia nos enteramos de que llegó el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y que un medio mexicano exhibió el desorden –por llamarlo de alguna manera– que hay en esa isla caribeña con su sistema bancario. Una trama digna de Netflix (y del FBI), en la que, según documentos surgidos de la megafiltración de datos, #Guacamayaleaks, la llamada “isla del encanto” se ha convertido en el nuevo Panamá en cuanto a la cantidad de dinero que ahí se mueve con origen de muy dudosa legalidad.
El problema es de tal magnitud, que la misma titular de la máxima autoridad en el tema en la isla, Natalia Zequeira, cabeza de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), reconoció recientemente en un evento con inversionistas que los bancos están infiltrados, sobre todo por los dineros del narco, y dijo que ya estaba trabajando en una propuesta legislativa que impondría nuevos límites para la creación y permanencia de Entidades Bancarias y Financieras Internacionales en ese estado asociado de EU.
La realidad es que según filtraciones que algunos medios han dado en llamar el #BoricuaPapers, hay variados intereses que se estarían aprovechando del boquete que abrieron los carteles mexicanos en Puerto Rico, desde la mafia rumana que se dedica a clonar tarjetas de crédito, pasando por la guerrilla colombiana y hasta el terrorismo iraní; todos interesados en aprovechar el paraíso fiscal que se abre de par en par como una puerta trasera para entrar directamente al territorio, es decir, a los bancos, de los Estados Unidos.
El tema es que, aunque el gobernador Pierluisi y su comitiva han tenido en México reuniones muy cordiales con empresarios de la industria farmacéutica, del sector textil y los casinos, sabemos de buena fuente que éstos han dicho en corto que antes de decidir cualquier trato con la isla, pasarían cuidadosos procesos de due dilligence y compliance, ya que se ha sabido que aquí en México tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, al mando de Pablo Gómez, como el SAT, con Antonio Martínez Dagnino al frente, tienen abiertas investigaciones sobre la fortuna de varios mexicanos que obtuvieron su residencia permanente en Puerto Rico.
Y es que las leyes boricuas están hechas para malpensados y para quienes están dispuestos a beneficiarse de ellas, ya que establecen toda una serie de prerrogativas fiscales, incluido el cero impuesto a las ganancias si se traslada la residencia a algún barrio de la isla. Las pesquisas del gobierno mexicano cuentan con la cooperación de la propia Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que nos han dicho que lo hacen sin mucho agrado, y más bien presionadas por que las autoridades norteamericanas (FBI, Departamento del Tesoro y el de Seguridad Nacional), ya están muy adelantadas para desfacer el entuerto allá, en tierras boricuas.
Por lo visto, para Pierluisi el timing no es lo suyo porque pareciera que vino a México más que a buscar inversión o a traer inversionistas boricuas a poner negocios en territorio nacional, a hacer control de daños de una filtración que lo coloca a él, a varios de sus allegados y a su gobierno, en una condición bastante parecida a la complicidad frente a un problema que se diagnostica, pero que nadie en la isla parece estar decidido a encarar.
Eso sí, para evitar que el gobernador demócrata tuviera que dar explicaciones a la prensa, se cuidó en todo momento que la gira anunciada en San Juan como “de promoción de inversiones” se quedara en el terreno de encuentros privados. Quien se encargó de eso fue el cónsul mexicano en Puerto Rico, Juan Manuel Calderón Jaimes.
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