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El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) manifestó su preocupación por la decisión que adoptó el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el pasado viernes 9 de diciembre, al desechar un procedimiento de sanción en contra de Telmex, por el incumplimiento de una obligación que el propio órgano regulador le impuso.
Para el IDET, de confirmarse el sentido de la decisión se estará frente a un escenario infundado y adverso para los objetivos que planteó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013.
El Instituto resaltó que se trata de una conducta exactamente igual que la llevada a cabo por Telnor, concesionaria filial de ese grupo, que derivó en la imposición de una sanción por $1,312 millones de pesos, en enero de 2020.
En el caso de Telmex, dado que informaron que la sanción por el incumplimiento está fijada en el marco legal como proporción de sus ingresos, estimaron que la misma habría superado fácilmente un monto de $20,000 millones de pesos.
En este sentido, señalaron que la resolución que habría adoptado el Pleno del IFT provocaría un daño irreversible a la construcción de un ambiente de competencia efectiva en México, el cual requiere para su consolidación no sólo de reglas claras, sino también de una autoridad cuyas decisiones sean efectivas.
Y explicaron que absolver a quien abiertamente ha incumplido las obligaciones que la propia autoridad le impuso, con plazos y umbrales de cumplimiento claramente definidos, provoca falta de certeza sobre todos los participantes en el sector telecomunicaciones de México.
Por lo anterior, el IDET reiteró su preocupación, tanto por la forma en que el Pleno de IFT habría resuelto el expediente relativo al incumplimiento de una obligación específica impuesta al AEP-T, así como por los efectos sobre las condiciones de certidumbre para el sector telecomunicaciones.
Los cuales, comunicaron, a la fecha no han podido terminar de construirse debido a una falta de determinación en el órgano regulador autónomo para aplicar las sanciones que prevé la ley.
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