Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 45 segundos
Hoy se cumplen los 75 días formales de vigencia de las pláticas para determinar el destino de las consultas en el marco del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Este 3 de octubre, se cumple el plazo durante el cual el gobierno de México esperaba convencer al gobierno de Estados Unidos de que no estaba violando el T-MEC con el cambio en las reglas y políticas públicas para los negocios vinculados con PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad.
Revista Fortuna consultó a la Secretaría de Economía sobre la resolución de este periodo de consultas. Si fracasan estas pláticas el gobierno mexicano enfrentaría un panel de controversias y a la eventual imposición de sanciones que perjudicarían a exportaciones mexicanas. La Secretaría de Economía dijo que la información sobre la conclusión de las consultas aún no se liberaba al medio día en la Ciudad de México.
Los aranceles que Estados Unidos podría imponer a los productos mexicanos podrían alcanzar – según cálculos de abogados y expertos en comercio internacional – hasta 30,000 millones de dólares.
Así, de acuerdo con el despacho de abogados Miller & Chevalier, la ruta del arbitraje internacional comienza a estrecharse para inversores estadounidenses y canadienses en México.
Además, recordó que la fecha límite del T-MEC para plantear reclamos arbitrales bajo el “legado” del TLCAN es el 1 de julio de 2023, requiriéndose la presentación de una notificación de intención antes del 1 de abril de 2023
En julio de 2022, EE.UU. y Canadá anunciaron que habían hecho un llamado a consultas ante México para la solución de controversias en virtud del Capítulo 31 del Acuerdo EE.UU.-México-Canadá (T-MEC) en relación con ciertas medidas que favorecen radicalmente a la empresa estatal proveedora de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (PEMEX), a costa de los inversores extranjeros.
Desde 2013, en respuesta a las transcendentales reformas energéticas llevadas a cabo durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los inversores extranjeros han participado robustamente en el sector energético mexicano. Las históricas reformas pusieron fin al monopolio estatal sostenido por la CFE y PEMEX que superaba los 75 años de antigüedad, abrieron el mercado energético mexicano a un suministro competitivo y, en definitiva, posicionaron a México como uno de los mercados más atractivos para la inversión extranjera, destacándose entre otros mercados emergentes.
Más aún, en 2015, México se situó entre los 10 principales destinos del mundo para nuevas inversiones en energías limpias, atrayendo más de 4 billones de dólares, con una demanda de energía creciendo aproximadamente a tres por ciento al año (consumidores residenciales e industriales). Al 2018, México se encontraba entre los tres primeros países de América Latina con mayor potencial de energía eólica y solar, así como de energía geotérmica, teniendo la quinta mayor capacidad instalada de energía geotérmica del mundo después de EE.UU., Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda.
Entre 2014 a 2020, el sector energético mexicano recibió más de 11 billones de dólares en inversión extranjera directa neta provenientes de inversores de EE.UU., Canadá y la UE. A fines de 2018, sin embargo, después de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, las políticas energéticas de México comenzaron a cambiar dando prioridad a la CFE para la generación de energía sobre la generación privada y marcando el camino para que empresas estatales, incluyendo PEMEX, dominaran el mercado energético. Adicionalmente, a través de sus organismos reguladores, en 2019 México comenzó una cruzada para propulsar a los inversores de renovables fuera del mercado. A junio de 2022, un número significativo entre unos 50 proyectos eólicos y solares propuestos por inversores locales y extranjeros, que representan un potencial de casi 7.000 megavatios de energía renovable (“suficiente electricidad para abastecer a una ciudad del tamaño de Los Ángeles”) estaban a la espera de permisos que habían sido solicitados desde 2019.
Las medidas adoptadas por México desde que el presidente López Obrador asumió el cargo, bajo la promesa de afirmar la soberanía energética mexicana, incluyen:
- La expedición de la Ley de la Industria Eléctrica—modificada—para favorecer significativamente a CFE y PEMEX sobre otras empresas que operan en el sector energético
- Inacción, retrasos, denegaciones y revocaciones en relación con la capacidad de las empresas privadas para operar en México, discriminando a las empresas energéticas estadounidenses y canadiense y favoreciendo a los competidores estatales de México
- Aplazamiento de la obligación de suministrar diésel de muy bajo contenido de azufre sólo para PEMEX, eliminando su necesidad de depender de empresas extranjeras para obtener diésel de muy bajo contenido de azufre
- Creación de políticas obligando a la red de transporte de gas mexicano a abastecerse de PEMEX o CFE
Estas medidas son la base de las solicitudes de consulta de EE.UU. y Canadá.
