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Tomás de la Rosa / @TomásdelaRosa
La industria automotriz en México, la mayor generadora de divisas al país por exportaciones, volvió a reiterar el impacto que generará a la industria y a los consumidores la ampliación del decreto presidencial para legalizar vehículos usados importados de Estados Unidos y Canadá, el cual se amplió por tercera vez y ahora concluirá el 31 de diciembre. La regularización atenta contra los compradores de vehículos nuevos que “formalmente han pagado todas sus contribuciones” en México.
Según el dato más actualizado de la industria, elaborado por el Inegi y publicado en noviembre de 2018, la industria automotriz aporta el 3.7% del PIB nacional. Para tener una idea de ese porcentaje, el monto equivale aproximadamente a unos 53,950 millones de dólares, según cálculos realizados por la Revista Fortuna.
Una aportación de esa magnitud o superior sólo la pueden hacer siete entidades federativas, mientras que 25 estados no pueden hacerlo. Incluso, la contribución del sector automotor es igual a lo que aportan al PIB nacional cinco estados en forma conjunta: Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala.
Con más de 800 mil empleos directos (dato de 2017), la industria automotriz tiene un poder de arrastre o efecto multiplicador en 90 actividades económicas del sector secundario y 70 el sector servicios, pese a esa importancia del sector formal de la economía, el gobierno federal decidió incrementar el plazo del decreto y “agregó a Jalisco a las entidades donde se podrá legalizar el contrabando automotriz”.
En voz del presidente del presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, alertó del impacto.
“Desde la entrada en vigor a la fecha no se ha hecho nada por restringir la entrada de vehículos usados ilegales, por lo que el fenómeno no sólo continúa sino que se ha ampliado a cada vez más entidades, incluso en las que ni siquiera existe una base amplia de vehículos ilegales, ya que con la suma de cada vez más entidades al Decreto siguen ingresando con la esperanza de que en algún momento sean también incluidos”, dijo Rosales en un comunicado.
Según los registros de los fabricantes de vehículos (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA) desde 2008 a julio de 2022, se han importado alrededor de 5.1 millones de vehículos usados. En los últimos 91 meses o lo que es lo mismo desde 2015, la mayor importación se registró en febrero de 2022 con más de 32 mil unidades usadas y tan sólo en los primeros siete meses de 2022 entraron al país alrededor de 123,700 unidades usadas, 33.9% más respecto de igual lapso de 2021.
Hasta el momento, indicó la AMDA son “500 mil unidades de contrabando que se estima se llevan regularizadas”, lo que según sus estimaciones al cierre del año “se habrán integrado al parque vehicular nacional de casi un millón de automóviles y camionetas usadas”.
Los vendedores de autos nuevos, recordando que México es uno de los mayores productores de vehículos nuevos en el mundo, dijo que los vehículos regularizados “la mayoría (está) en pésimas condiciones”.
Así ese millón de unidades regularizadas generará en México una “sobreoferta” lo que impactará a la baja de “hasta 20% en el precio” de los vehículos seminuevos que los consumidores intenten vender en el país. Esto afectará a todos los “propietarios que formalmente han pagado todas sus contribuciones”
La compra de un vehículo nuevo genera el pago de impuestos como el de Automóviles Nuevos (ISAN), al Valor Agregado (IVA), el emplacamiento, tarjeta de circulación y refrendo anual, entre otros. Esos cargos se comparan con los 2,500 pesos que pagarán los dueños por la legalización de los llamados autos chocolate. Palabra que viene de “chueco”.
Así, obedeciendo a la ley de la oferta y la demanda, ante los vehículos legalizados, la AMDA señala que los consumidores “al ver esta afectación lo pensarán dos veces antes de cambiar su unidad, afectando la cadena de la renovación vehicular de usado a seminuevo y de seminuevo a nuevo”.
Para la industria automotriz, “la ampliación de este decreto no vendrá sino a confirmar el rotundo fracaso que representa el mismo (…) si no se cierra el libre tránsito del contrabando, alentado por las autoridades federales y estatales, el crimen organizado seguirá aprovechando la situación y nunca se acabará con los problemas asociados a este fenómeno”, señaló la AMDA.
“México seguirá siendo el patio trasero de la basura automotriz de otras naciones y el país de la regularización sin fin”, concluyó la asociación.
