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Una demanda por 10 billones de dólares contra fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas en los Estados Unidos, se emprendió en septiembre de 2021; la transnacional tecnológica Google, fue condenada en México en julio de 2022 a pagar 5 mil millones de pesos; recientemente, Ernst & Young, pagará la mayor multa impuesta a una consultora, por un total de 100 millones de dólares. ¿Que tienen estos hechos en común? La ausencia de formación de los tomadores de decisiones de estas empresas, en materia de derechos humanos.
Si tan sólo las corporaciones de armas, hubieran implementado estándares mínimos de trazabilidad y debida diligencia respecto de la venta de sus productos, hoy no estarían siendo acusadas por más de 17 mil homicidios dolosos en México. En el caso de Google, si la gigante informática hubiera comprendido que la información del abogado Ulrich Richter, era un derecho humano que debía ponderarse su uso frente a la honra y decoro de éste, hoy no estaría enfrentando un litigio de alto costo. Asimismo, si EY no hubiera mentido sobre los estándares éticos de sus consultores, la consultora global no enfrentaría una catastrófica pérdida de clientes, si hubiera tomado en serio la ética corporativa. Las tres empresas referidas, pudieron evitar estos penosos incidentes si tan sólo su personal directivo, hubiera comprendido la trascendencia de sus actos en materia de derechos humanos.
Desde 1945, la ONU planteó la necesidad del reconocimiento y protección de los derechos humanos. Estas aspiraciones se concretaron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, posteriormente, con una multiplicidad de tratados e instrumentos tanto internacionales como locales donde se reconocen diversos derechos y mecanismos de protección a éstos, tanto desde una perspectiva universal como referida a sectores específicos, como niños, mujeres, migrantes, personas mayores o colectividades, o bien, situaciones concretas como la desaparición forzada, la tortura o la trata de personas. En todo caso, el universo de derechos es enorme, y generan por ello un paradigma muy específico para interpretar el mundo actual. Sin embargo, ¿están obligadas las empresas a respetar estos derechos? ¿Acaso las propias Empresas son sujetos de protección de estos?
Al respecto, es innegable que la expansión de los derechos humanos a nivel internacional y doméstico es una realidad que ha llevado a su regulación de forma acelerada, llevando a complejizar la discusión, sobre todo, cuando se vincula con la actividad empresarial. Originalmente, se pensaba que sólo el Estado estaba obligado a respetar los derechos humanos, pues los mismos debían limitar su poder y constituirse como criterios de validez para los ordenamientos jurídicos, sin embargo, conforme esta visión se fue horizontalizado, esta narrativa se transformó.
Hacia el último cuarto de siglo surgió una inquietud respecto de si las corporaciones multinacionales y, en general, las empresas, estarían también obligadas por las exigencias derivadas de los derechos humanos. La semilla se sembró desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa e, incluso, del análisis de los fines de la actividad empresarial. Milton Friedman llegaría incluso a asegurar en los años setenta que la responsabilidad de las empresas era sólo con los accionistas y su finalidad era la de generar utilidades. Pero esa visión probó poco a poco ser muy limitada, sobre todo si se toma en cuenta la relación de las empresas con otros grupos de interés o stakeholders. También si se considera que el poder de algunas corporaciones llega a ser, en ocasiones, mayor al de muchos Estados, o incluso que, en algunos casos, pueden ser las empresa objeto de vindictas políticas injustas e ilegales por parte de éstos, vulnerando los derechos de las personas morales en ciertas esferas.
Por lo anterior es posible intuir que las inquietudes que genera el vincular a las empresas con los derechos humanos, surge de la expansión que ha tenido su lenguaje como paradigma para explicar la realidad social, económica y, sobre todo, jurídica en la actualidad, lo cual genera incertidumbre, pues es un terreno desconocido hasta ahora por el mundo de los negocios y, por el otro lado, son temas nunca antes abordados desde los teóricos de los derechos humanos así como por las organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de causas sociales. Sin duda, un colapso de dos mundos que hablan lenguajes muy distintos y que hoy, carecen de interlocutores suficientes para su entendimiento.
Un primer antecedente que sentó las bases de lo anterior, fueron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, elaborados por el profesor de Harvard John Ruggie, a quien la ONU comisionaría para realizar este instrumento que marcaría un parteaguas en la gestión empresarial. La promulgación de éstos principios desencadenó un sin fin de normativas en el mundo durante la última década, llegando incluso a transitar en instrumentos de política pública y regulaciones de carácter vinculante. Países como el Reino Unido, Francia y Alemania, son sólo algunos ejemplos, pues ya existen intentos de esta regulación también en los Estados Unidos, México, Colombia y Chile. Es decir, que la regulación en materia de empresas y derechos humanos se configura como uno de los retos en materia de gestión empresarial de inmediata atención.
Cómo es posible advertir, la reflexión de estos temas se torna muy necesaria, sin embargo, la oferta de formación y educativa es escasa. Actualmente, existen pocos especialistas en la materia, generando un reto mucho mayor, pues no existen programas suficientes a pesar de que la demanda en el mercado se incrementa. En consecuencia, pensar sobre cómo se vinculan las empresas con los derechos humanos es ya una tarea esencial y también necesaria en el contexto de un mundo globalizado.
En este sentido, existe en México un espacio de formación único en su tipo en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, pues desde 2019, la Facultad de Derecho abrió la primera edición del Diplomado sobre Empresas y Derechos Humanos, hasta ese entonces pionero en el país, abordando temas de la más alta relevancia en la materia, con un claustro docente especializado, logrando así conformar una oferta educativa que sirve como interlocutor entre la academia, el activismo y la empresa, a la luz de la responsabilidad del sector privado en materia de derechos humanos.
Este programa académico, totalmente en línea, está enfocado en promover el diálogo entre los distintos sectores involucrados en la relación entre empresas y derechos humanos, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos asociados a la materia dentro del contexto empresarial, desde una perspectiva práctica con sólidos fundamentos teóricos. Coordinado por el Mtro. Juan Francisco Diez, investigador y académico de tiempo completo de la Universidad Panamericana, y el Mtro. Adalberto Méndez, Socio en México de la firma global europea ECIJA y también profesor de esa casa de estudios, dicho programa se erige como un referente nacional en esta temática, pues lleva de la teoría al ámbito práctico, el reto emergente de los riesgos asociados por violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.
Simplemente, en 2020, de acuerdo con información de la red británica de fondos de inversión Calastone, se registraron entradas récord en fondos ESG (aquellos abocados a la procura de causas socio-ambientales), esperando que para las próximas décadas aumenten en gran medida estas inversiones, gracias a la próxima transferencia de riqueza generacional más grande de la historia, un aproximado de más de 30 mil millones de dólares provenientes de los baby boomers a los millennials, caracterizados por una mayor conciencia social.
El hoy finado John Ruggie, autor y redactor de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de ONU, solía decir que “nunca había visto quebrar una empresa por respetar los derechos humanos, pero muchas otras que sí por no hacerlo”. El académico de Harvard, no se equivocó, pues hoy la experiencia dicta que la mejor forma de evitar riesgos legales en un mundo global y cada vez más consciente de la imperiosa necesidad de actuar con responsabilidad social, es a través del discurso de los derechos humanos.
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