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En dicho predio, ubicado en Puerto Peñasco, se instará un parque fotovoltaico donde se invertirán 34.5 mmdp.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe informar sobre el predio que le donó Grupo Vidanta, para la instalación de un parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, donde se realizará una inversión de 34,455 millones de pesos.
Grupo Vidanta, cabe recordar, es propiedad del empresario Daniel Chávez Morán, quien además funge como supervisor personal del presidente Andrés López Obrador en la construcción del Tren Maya.
Además, sería en una de sus empresas donde actualmente labora José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, lo que le habría generado un ingreso suficiente para rentar la llamada “Casa Gris” ubicada en Houston, Texas.
De acuerdo con el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (NAI), “CFE debe informar sobre el contrato de donación, comodato, usufructo, arrendamiento o cualquier otra figura legal, mediante la cual el Grupo Vidanta o cualquiera de sus subsidiarias otorgaron el predio donde se construye el Proyecto Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase I, en Sonora”.
“Expongo este asunto ante el Pleno debido a la importancia de transparentar y poner sobre la mesa de la discusión social posibles conflictos de interés de servidores públicos de todos los niveles de gobierno y algunos actores del sector empresarial, con la finalidad de coadyuvar en el combate de viejas prácticas que se dieron en el pasado, de corrupción y de tener empresas consentidas e influyentes que han imperado en nuestra sociedad y, principalmente, en el sector gubernamental”, aseguró la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el asunto ante el pleno, Del Río Venegas advirtió que “este tema no es menor en la sociedad, por el contrario, se debe precisar que, históricamente, estos actos de corrupción y de conflicto de interés han sacado a la luz pública casos de este tipo, en los que se han visto involucrados empresarios y servidores públicos. La corrupción no solo es de los gobiernos, para que se den estos casos se necesitan dos”.
El INAI explicó que un particular solicitó conocer el contrato de donación del predio, el cual fue declarado inexistente por la empresa productiva del estado. Esto cuando el propio presidente López Obrador y el gobernador Alfonso Durazo han reconocido en varias ocasiones la donación de las 2,000 hectáreas.
Por Raúl Castro-Lebrija
