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Contrario a la intención del presidente López Obrador, el sindicato patronal dice que la GN se debe consolidar con un mando civil. .
El decreto que emitirá el presidente Andrés Manuel López obrador para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es violatorio de la Constitución y vulnera al Congreso de la Unión, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con el organismo, el Arti?culo 21 de la Carta Magna, establece que “las instituciones de seguridad pu?blica, incluyendo la Guardia Nacional, sera?n de cara?cter civil, disciplinado y profesional”.
“Por ello, desde la Confederacio?n Patronal de la Repu?blica advertimos que, de mantenerse la intencio?n del presidente de emitir dicho decreto, sera? fundamental la intervencio?n del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en nuestra Constitucio?n”, añadió.
“Hoy en nuestro pai?s vivimos una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administracio?n, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130,455 casos; es decir, 99 vi?ctimas de homicidio por di?a, lo que confirma la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad y hace patente la necesidad de consolidar a la GN con un mando civil y no militar, que coadyuve con las autoridades estatales y municipales”, insistió la Coparmex.
Por lo anterior y de acuerdo con el ana?lisis realizado en las Comisiones de Trabajo de Coparmex, “este decreto desmantelara? el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista juri?dico y de operacio?n de la polici?a y de las Fuerzas Armadas, que ahora tendri?an que cen?irse a las regulaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pu?blica”.
En Coparmex “consideramos que la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales y atender los graves problemas de inseguridad que tiene nuestro pai?s, es a trave?s de una estrategia que contemple labores de inteligencia, de desarticulacio?n financiera y de cooperacio?n internacional en coordinacio?n con el Poder Judicial para que se dicten sanciones severas y no exista impunidad”.
Asi? mismo, “consideramos apremiante fortalecer las capacidades de las polici?as estatales y municipales, pues son ellas y las Fiscali?as quienes esta?n facultadas para interactuar con la poblacio?n civil; adema?s se deben reestablecer mecanismos como la certificacio?n, los controles de confianza, asi? como la profesionalizacio?n, dignificacio?n y seguridad social”.
Por Raúl Castro-Lebrija
