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Si bien durante su gestión hubo acuerdos en materia de salarios mínimos y outsourcing, también hubo desencuentros por el manejo de la pandemia y la iniciativa de reforma energética que provocaron un distanciamiento con el gobierno de López Obrador.
Como en un matrimonio —según él mismo lo ha definido— la gestión de Carlos Salazar Lomelín al frente del Consejo Coordinación Empresarial (CCE) tuvo sus altas pero también sus bajas que lo llevaron a un distanciamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Momentos de coincidencias, como fueron la aprobación de los incrementos al salario mínimo y la reforma a la subcontratación de trabajadores, práctica conocida como outsourcing.
De hecho ese día —23 de abril de 2021— el líder del CCE insistió en que la reforma tenía que ser más profunda a fin de formalizar a madres trabajadoras y a 56 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad.
“Nuestro objetivo tiene que ser formalizar a la mayor cantidad de trabajadores. Necesitamos hacer un gran esfuerzo por formalizar a nuestro país porque, en la medida que lo hagamos, esos 56 millones tendrán la protección de leyes”, sostuvo en un acto celebrado en Palacio Nacional.
La relación de Salazar Lomelí con el gobierno también tuvo desencuentros, siendo el primero de ellos el manejo de la pandemia de Covid-19 por parte de las autoridades federales.
“Los momentos más difíciles fueron provocados por la pandemia”, reconoció en una reciente entrevista.
“Nosotros le llevamos siempre nuestros puntos de vista (al presidente), muchas veces no eran adecuados para él, y eso fue lo que trajo distanciamientos. El mayor fue en la manera en que deberías resolver la pandemia. Yo pienso que pudimos haber hecho cosas diferentes, debimos haber ayudado más como mexicanos, resolver esto y no dejarlo solamente en manos de un pequeño grupo que definió la política de salud del país, con las consecuencias que son evidentes, que todo mundo conoce”, lamentó.
En segundo lugar, los desencuentros entre la iniciativa privada y el gobierno vino por la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad impulsada por López Obrador.
En un documento denominado “Una reforma que lastima a México. Consecuencias de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica”, el CCE denunció que la propuesta generaría un hueco en las finanzas públicas de 62,100 millones de pesos que, sumado a los subsidios y los sobre costos, se incrementaría a 1.4 billones de pesos.
Adicionalmente, la reforma “cancelaría todos los permisos y contratos vigentes, sin causa justificada, con efectos confiscatorios sobre 44,000 millones de dólares de inversión privada”.
La discusión llegó a tal punto, que el organismo acusó falta de capacidad técnica por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, y pidió que no se manipulara lo que debería ser un debate técnico con argumentos ideológicos.
Salazar Lomelín tenía toda la intención de defender esta postura en las sesiones de parlamento abierto celebradas a principios del presente año pero, diez minutos antes de su participación, se le notificó que no podría presentarse de manera virtual y se canceló su ponencia.
El CCE de Salazar Lomelín también se opuso al llamado “decretazo” que consideraría como de seguridad nacional las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador ya que “vulneraría el estado de derecho”.
Ahora, el puesto que ocupó por tres años Carlos Salazar Lomelín quedará esta tarde en manos ya sea de Francisco Cervantes Díaz, ex presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), o de Bosco de la Vega, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Por Raúl Castro-Lebrija
