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La organización experta en el escrutinio de las Finanzas Públicas, México Evalúa, dijo que el estancamiento de los ingresos tributarios del Gobierno durante 2021 provocó un boquete por 60,500 millones de pesos (mdp) en el balance de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde hoy gravita una agria discusión sobre una iniciativa del presidente de la República de reformar su marco legal y centralizar el mercado.
La cifra indica que la CFE no solo cayó el año pasado en números rojos, no vistos a partir del 2009, sino que marcó el mayor déficit en su balance desde 1990.
México Evalúa explica que en los últimos meses de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “abandonó a la CFE a su suerte, obligándola a endeudarse y debilitar su inversión, para mantener su operación”.
Si bien entre 2019 y 2021, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una mayor eficiencia recaudatoria que sus antecesores, con un promedio de ingresos presupuestarios acumulados de 3.5 billones, en ese lapso, en el último año, los ingresos tributarios solo aumentaron en 1%.
En México, históricamente, el gobierno establece directamente las tarifas eléctricas a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), mientras que la SHCP define los subsidios a los usuarios, lo que le permite vender la energía a precios accesibles, y compensar ineficiencias.
El incremento de los precios de los energéticos de febrero de 2021, marcó la primera debacle para la CFE: en marzo, obtuvo 47 mil 700 millones de pesos de financiamiento de parte del Gobierno, un sobrecosto compensado con recursos por 28 mil millones de pesos por concepto de subsidios, pagados durante abril.
Hasta julio del año pasado, los subsidios otorgados a la CFE por parte del Gobierno ascendieron a 70 mil 300 millones de pesos, el 100% del presupuesto aprobado por el Congreso para todo el año.
La crisis de proveeduría de energía de Texas agotó los recursos de la CFE rápidamente, lo que provocó que sus costos financieros escalaran 50% frente a 2020 ante el incremento del precio del gas natural, según el propio Plan de Negocios 2022-2026 de la paraestatal.
En el colofón de la crisis, entre agosto y diciembre, la SCHP paró todos los subsidios hacia la CFE, lo que tampoco tiene precedentes. La paraestatal, por su parte, tuvo que recurrir a financiamientos contratados con terceros para poder mantener su operación.
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 consigna también un recorte al presupuesto de infraestructura eléctrica a lo largo de este año.
¿Sin subsidios?
De acuerdo con el think tank, la postura de la llamada empresa productiva del Estado es que la Secretaría de Hacienda no ha subsidiado suficientemente el costo de la electricidad para mantener su balance financiero.
La firma experta propone otra alternativa en medio de la crisis.
“Desde México Evalúa pensamos que la solución más bien es que la CFE y Hacienda apuesten por mejorar la capacidad productiva de la empresa pública.
“Lo deseable es que CFE genere electricidad a bajo costo para mantener tarifas accesibles y, al mismo tiempo, controlar el subsidio hasta un día prescindir de él o enfocarlo en el impulso de energías limpias”, asevera.
Las tarifas de los usuarios residenciales de bajo consumo y aquellos vinculados con el Sector Agrícola tienen un subsidio histórico, y entre 2017 y 2020 fueron compensados parcialmente con aportes gubernamentales.
En un reporte reciente sobre una emisión de deuda sustentable de CFE, la agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings consignó que espera que la cobertura de los subsidios de la paraestatal persista durante varios años.
La crisis propulsada por el incremento de los costos financieros en la paraestatal a raíz del desabasto de energía y la pérdida de los subsidios en el último tramo del año pasado chocan con el discurso oficial, asevera México Evalúa.
“Lo anterior nos parece preocupante en la antesala de la discusión de la reforma energética. Actualmente los privados participan generando 62% de la energía a nivel nacional, y lo hacen con un costo de 2 veces menor que el de la CFE, según datos de la CRE”, indica.
La reforma pretende bajar la participación privada automáticamente al 46%, recuerda, “lo que implicará que los ciudadanos enfrentemos un mayor costo, ya sea por el lado de tarifas eléctricas más caras o mayores subsidios a la energética, que se pagan mediante nuestros impuestos”, alerta.
