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Hijos de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, denunciaron a Francisco Reyes Contreras, juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por violaciones al debido proceso y al principio de presunción de inocencia en el encarcelamiento de su padre, quien fue vinculado a proceso por su presunta participación intelectual en el homicidio de Remigio Tovar Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano.
En la carta, José Manuel, Óscar y María del Río aseguran que su padre es acusado a partir de conjeturas y refieren que en la audiencia, el juez de control Francisco Reyes Contreras, reconoció que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señale como el autor intelectual del homicidio.
“Luego de reconocerlo, el juez de control planteó teorías para inculpar a nuestro padre alrededor de siete supuestos. Hacemos énfasis en que ninguno de los cinco fiscales que ingresaron a la audiencia mencionó ni uno solo de los supuestos en su petición de orden de aprehensión ni en la imputación”, expusieron.
Del mismo modo, señalaron anomalías durante la audiencia, pues afirmaron que en ella no se presentaron pruebas en contra del inculpado, además de violarse los plazos constitucionales, al excederse por más de tres horas las 72 que ordena la Constitución, hechos por los que, consideraron, Del Río Virgen es víctima de una injusticia.
Por ello, denunciaron que éste es un acto de injusticia que se suma a los cientos que ya existen en el estado de Veracruz e hicieron un llamado a detener las injusticias, el abuso de poder por parte de las autoridades, las violaciones a los Derechos Humanos y las resoluciones y sentencias dictadas por jueces que condenan sin pruebas o argumentos convincentes, más allá de suposiciones.
Finalmente, los familiares de José Manuel del Río Virgen hicieron un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su Consejo Consultivo para que se pronuncien con la inmediatez que le permite su marco legal y se interrumpa la violación a los Derechos Humanos de la que, aseguran, es objeto.
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