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Instituciones gubernamentales como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno del estado de Chiapas y la SEP de la Ciudad de México han suspendido o modificado contratos relacionados con los préstamos de nómina acordados con entidades financieras en los últimos dos años, lo que aumenta la presión en un sector competitivo, limitando en parte sus calificaciones por debajo del Grado de Inversión.
Un informe de la agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings emitido el miércoles señala que estas interrupciones “parciales” se traducen en efectos perniciosos para el sector; los préstamos de nómina de empleados y pensionados del IMSS, por ejemplo, promedian el 30% de la cartera total de préstamos del segmento en las entidades calificadas por la firma.
Fitch dice que producto de estos cambios, la originación de los préstamos de nómina de Pemex quedó suspendida en 2019, aunque los préstamos han amortizado en los últimos meses y hoy tienen un peso de casi el 8% en promedio de la cartera de los préstamos totales del Sector en este segmento.
La calificadora internacional descarta que los grados de la deuda de corto plazo de las instituciones financieras más prominentes del Sector se modifiquen por las alteraciones en los contratos de nómina y resalta que sus carteras se han beneficiado por las economías de escala incorporadas y la diversificación del riesgo.
“Fitch ya incorpora los riesgos relacionados con la nómina de los empleados del gobierno en las calificaciones de estas entidades al evaluar sus modelos de negocios, apetito por el riesgo, y factores ESG (medio ambientales, sociales y de Gobernanza). Esto limita sus calificaciones por debajo de los niveles de grado de inversión”, explica.
A mediados de este año, el Congreso inició la discusión de cambios en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para regular el crédito de nómina, que establecerá el cobro bajo la figura de cobranza delegada, una legislación que se ha sido catalogada de asertiva por parte de Sofomes, Afores y otros intermediarios financieros.
Expertos dicen que los cambios identifican los alcances de un producto financiero que ha operado en México por más de 20 años sin la debida regulación y que ahora sólo podrá ser administrado por aquellas instituciones de crédito sujetas a regulación y supervisión.
Golpe de timón en IMSS
El 28 de junio pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por su parte, publicó requisitos específicos para las entidades financieras que participan en los créditos de nómina de sus empleados y jubilados, lo que incluye un costo anual total (CAT) máximo para los solicitantes de un crédito de 35%, contra el promedio actual en el sistema de cerca de 46 por ciento.
Los requisitos también incluyen un gasto máximo de comisión de un 5% para los promotores de los créditos de nómina acreditados en la entidad gubernamental, lo que compensaría de cierta manera el efecto negativo en la rentabilidad del prestamista del CAT máximo establecido por el instituto, dice Fitch.
La iniciativa de ley precisa que las entidades cuenten con promotores capacitados inscritos como empleados del prestamista de nómina, plataformas tecnológicas sólidas y validaciones biométricas.
Esto formalizará la operación y reducirá el número de participantes, lo que conducirá a una mayor consolidación del sector, de acuerdo con Fitch.
La iniciativa para aumentar la transparencia y un marco regulatorio definido para el segmento, junto con el nuevo convenio del IMSS, “resalta la creciente importancia de la especialización y las economías de escala que deben tener las entidades para seguir siendo competitivas dentro del sector”, destacó.
