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Desde el año de 2009, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizó diversas observaciones al proyecto de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Específicamente, advirtió que “como resultado de la revisión de los controles de calidad y pruebas de laboratorio proporcionados” por el entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF) “se detectaron deficiencias en el control, valoración y seguimiento de calidad de los trabajos ejecutados por el consorcio” conformado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y Altom Mexicana.
De acuerdo con la Auditoría 554 elaborada por la ASF en aquel 2009, el monto total de la obra sería de 15,290 millones de pesos y tendría que ser desarrollada por las empresas ICA, CICSA y Alstom Mexicana, entre el 31 de octubre del 2008 y el 30 de abril de 2012; aunque finalmente se entregó en julio de 2013.
Sin embargo, advirtió entonces la ASF, el GDF “omitió actualizar el estudio de costo-beneficio del proyecto de inversión ya autorizado, así como el Dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental, para justificar las modificaciones al trazo original, en virtud de que en las áreas que se habían considerado no era factible realizarlas por sus dimensiones”.
Lo anterior “trajo como consecuencia la reprogramación de actividades e incremento de costo de estaciones que no se modificaron en trazo; lo que afectó su costo con un crecimiento del 23.3% al 181.0% que no se justifica”.
Adicionalmente, la obra comenzó sin una Manifestación de Impacto Ambiental “ni plano hidrológico, inventario forestal, características ambientales, metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales y propuesta de medida de prevención, mitigación y compensación ambiental”.
Tampoco presentó soluciones para atenuar vibraciones en las edificaciones circundantes en los tramos Atlalilco-Mexicaltzingo e Insurgentes Sur-Mixcoac..
Del mismo modo, el GDF “no acreditó las modificaciones e incrementos en el monto de las estaciones y tramos que se pactaron en el contrato original” y que provocó incrementos en tramos como el a Nopalera-Los Olivos donde se registró la tragedia el pasado lunes.
Finalmente, “como resultado de la revisión de los controles de calidad y pruebas de laboratorio proporcionados por la entidad fiscalizada (…) se detectaron deficiencias en el control, valoración y seguimiento de calidad de los trabajos ejecutados por el consorcio”.
En total, la Auditoría 554 de la ASF arrojó un total de 20 observaciones, 12 recomendaciones, siete solicitudes de aclaración y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Por Raúl Castro-Lebrija
