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Las alarmas se han encendido entre las empresas ferroviarias por las recientes modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que ponen sobre la mesa un entorno de incertidumbre para una industria con ambiciosos planes de inversión y expansión hacia Estados Unidos y Canadá.
La noche del jueves el Senado aprobó una serie de reformas que, entre los principales cambios, trae un recorte en los plazos de concesión ferroviaria de 50 a 35 años, además de una revisión tarifaria que pasa de ser libre a sólo modificarse cada dos años, entre otras medidas que la industria acusa de suponer una sobrerregulación en el sector.
“Nos tiene preocupados el cambio de reglas del juego”, dijo Óscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), en una reunión con medios.
“Las modificaciones impactan a la parte de inversión; somos una industria muy intensiva en capital y reducir los tiempos de concesiones afectan estas inversiones”, asegura.
En concreto, estas modificaciones cambian las reglas iniciales con las que se hacen los planes de inversión, basadas en un determinado número de años, lo que conlleva un riesgo tanto de reducir los montos –de 17% a 18% de los ingresos anuales, indica Del Cueto–, como de que incluso se eleven las tarifas para los clientes de empresas como Kansas City Southern de México y Ferromex.
Para Jorge Molina Larrondo, especialista en políticas públicas y comercio internacional del Tecnológico de Monterrey, un recorte a los plazos de concesión puede dejar a las empresas en una situación donde tengan que recuperar las inversiones inyectadas en menos tiempo, entonces eso lleva a que puedan subir precios o a que se cambien las condiciones del negocio, lo que les podría llevar a tomar medidas legales.
“El gobierno de México es sujeto de ser demandado por Estados Unidos y Canadá por perjudicar a empresas de estos países.
Esto es similar al tipo de alegato que se puede presentar en relación con la operación de empresas de energía limpias, donde las decisiones del gobierno vienen a mermar beneficios que existían anteriormente para la inversión extranjera.
Puedes cambiarlos, sí, pero para mejorarlos, no para hacerlos más restrictivos”, señala. Del Cueto no descarga algún tipo de impugnación, pero antes estas modificaciones deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados para después enviarse al poder Ejecutivo. “Habría que evaluar los términos jurídicos.
Esperemos que nos den oportunidad de platicar con los diputados”, dijo el representante de la industria, también presidente de Kansas City Southern de México. De acuerdo con Molina Arredondo, uno de los posibles marcos regulatorios para una hipotética impugnación sería el del T-MEC.
“Si en este caso estas haciendo una medida que afecta directamente a la operación de empresas, como reducir concesiones en una situación donde vemos que es una industria intensiva de capital y requiere de periodos más largos para recuperar la inversión, creo que sí es posible que se pudiera generar un litigio en el marco del Capítulo 14, de inversiones”, explicó.
De momento, la propuesta del sector sería establecer un periodo de revisión de tarifas de un año desde los dos planteados, mientras en el de concesiones se pudo aumentar de 30 a 35 años, sin que sea suficiente para descartar un escenario de revisar inversiones.
Reportacero.
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