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La cascada de amparos en contra de la construcción del proyecto Tren Maya, varios de ellos ya con una suspensión provisional, están chocando con una realidad alterna, donde, los responsables de la obra valuada en cerca de 7,000 millones de dólares (mdd), indican que el proyecto va viento en popa.
La primera salvaguarda en contra de la mega obra ocurrió a mediados de enero de 2020, sin Pandemia encima. Sus promoventes, comunidades indígenas del municipio de Calakmul, Campeche, objetaron una consulta a la población argumentando y documentando irregularidades.
Aunque lograron una suspensión provisional, los promoventes saben que el proceso para obtener una suspensión definitiva en México puede tomar meses, o años, aún con los garbanzos de a libra.
Los amparos han sido tramitados por comunidades indígenas, asociaciones civiles y colectivos en Campeche, Yucatán y Chiapas: el 3 de marzo pasado el caso más reciente fue un nuevo amparo que se sumó a los 15 interpuestos en Yucatán.
La suspensión provisional obliga al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y a las autoridades responsables de la construcción y ejecución del proyecto, entre ellas dependencias federales como la Secretaría de Turismo, a detener toda actividad de la primera etapa del proyecto, de las cinco que comprende, llamada “Proceso de Relocalización Consensuada”.
Otra salvaguarda emanada de los juzgados en esa misma fecha indica que se deben cesar de inmediato los trabajos de construcción o deforestación del Tramo 3 del Tren Maya que pongan en riesgo a las especies animales, vegetales y autóctonos de Yucatán.
En el amparo se responsabiliza de los actos a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la propia Semarnat y a Fonatur.
El Tren Maya abarcaría una ruta de 1,500 kilómetros y atravesará los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Hay también resoluciones definitivas de parte de Juzgados.
Tal es el caso de los juicios promovidos por las asociaciones civiles Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Colectivo Chuun T’aan Maya y la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC.
Estas suspensiones refieren anomalías de la manifestación del impacto ambiental de la obra.
La juez cuarta de Distrito en Yucatán sentenció que la Semarnat deberá ordenar, al menos en los tramos impugnados, detener todo acto que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales, vegetales y autóctonas del estado de Yucatán.
Para conceder la suspensión definitiva la juzgadora sostuvo que en el caso cobra aplicación el “principio de precaución, reconocido en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia…
“para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza, y que, en relación con la administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente”.
Otro garbanzo de a libra fue lo que ocurrió en el juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, que concedió también la suspensión definitiva de las obras del Tren Maya.
La jueza federal, Karla Domínguez otorgó la protección definitiva con el amparo 613/2020, promovido por residentes de la entidad, que alegan que esta obra provocará daños ambientales irreversibles y consideran que el tema no se consultó de manera suficiente en las comunidades.
La suspensión estará vigente todo el tiempo que dure el trámite del juicio de amparo, mediante el cual se busca identificar si se informó con suficiencia, o no.
La decisión afectará la construcción de los tramos 3 y 4 de manera parcial, la cual está a cargo de las empresas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones, además de la constructora ICA.
Otro de los casos más representativos en fechas recientes fue la resolución de la jueza primero de Distrito con sede en Campeche, Grissell Rodríguez Febles que ordenó la suspensión provisional de parte de la obra.
Los promoventes mencionaron que la juzgadora sentenció que la demanda de amparo argumenta que ni la Constitución, ni ninguna legislación facultan a las autoridades demandadas a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico.
Junto con el tren Transistmico y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya es una de las obras insignes del sexenio.
En el primer semestre de 2020, la Secretaría de Turismo gastó 13 veces más en inversión física que lo presupuestado en 2019, esto es, 1,224% más, para un total de 3,700 mil millones de pesos (mdp) que expertos han atribuido a inversiones que fueron a parar a la construcción de la mega obra.
Sin fallas
El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en sus redes sociales que había desayunado con uno de los empresarios más acaudalados de México y América Latina, Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, con el fin de evaluar la construcción del Tren.
“Su empresa tiene un tramo a su cargo”, posteó el primer mandatario acompañado con una foto donde aparecen ambos personajes de relevancia para la vida pública nacional.
El consorcio de Slim que participaba en la obra está formado por Operador Cicsa y FCC Construcción, ganador de la licitación para construir el tramo 2 del Tren, que irá de Escárcega a Calkiní, en Campeche, con una extensión de 222 kilómetros.
Fonatur mantiene en todos los casos de amparo el alegato de que no están realizando obras nuevas, sino rehabilitando la vieja vía férrea.
Es decir, los amparos tienen efecto sólo con obra nueva, que representan sólo el 10% del mega proyecto; el resto se realiza en construcción existente, de acuerdo con las autoridades responsables.
Además, cabe la posibilidad de que el gobierno federal impugne la decisión a través de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito.
