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Procesos como la construcción dela termoeléctrica de Huexca en Morelos y actividades como la minería a cielo abierto, dejan en evidencia la urgente necesidad de que tanto el gobierno mexicano como las empresas del país apliquen medidas para respetar los derechos humanos, preservar el medio ambiente y evitar actos de corrupción.
Desafortunadamente, muchas veces es la autoridad, específicamente la Secretaría de Economía, la que facilita y asesora a empresas extractivas para que desarrollen actividades que violan garantías de las comunidades, como el derecho al agua, a la salud y a un ambiente sano.
Además, las compañías de México y de Latinoamérica en muchas ocasiones prefieren pagar una multa y enfrentar las sanciones correspondientes, antes que adoptar medidas de cumplimiento social; lo que resulte más económico
De acuerdo con el estudio Debida diligencia en derechos humanos y procesos de compliance, presentado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, “la acción de las empresas es necesaria para combatir la corrupción que afecta con gravedad a las sociedades modernas”.
Además, “las empresas deben tomar medidas adecuadas para identificar, prevenir, mitigar y reparar los impactos adversos en los derechos humanos que sus actividades puedan causar, a los que contribuyan o con los que puedan resultar involucradas”.
“Habrá cada vez una mayor presión desde distintos frentes —gobiernos, inversionistas, sociedad civil, entre otros— para que las empresas desarrollen y pongan en práctica estos procesos”, añade.
Sin embargo, durante la presentación del estudio, el presidente del Grupo de -Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Dante Pesce, consideró que las empresas de Latinoamérica —entre ellas las mexicanas— son las menos proclives a adoptar esta clase de medidas.
Peor aun, muchas veces las propias empresas reciben la asesoría y la guía de la Secretaría de Economía para desarrollar proyectos de minería que violan el derecho al agua, a la salud y a un entorno sano.
Alejandro Marreros, representante de comunidades de la Sierra Norte de Puebla, denunció que en un proyecto de extracción de oro y plata a cielo abierto en la cuenca del Río Apulco, se contó con la guía de la dependencia a pesar de los impactos para la población.
“Encontramos como la Secretaría de Economía en realidad lo que estaba haciendo es facilitarle el camino a la empresa minera con un manual que se llama el Manual de Ocupación Superficial donde le dicen de la A a la Z lo que tienen que hacer para conseguir la licencia social y en medio de estas recomendaciones les plantean programas de dádivas, de otorgamiento de dones que permiten que la población poco a poco vaya consintiendo el proyecto”, concluyó.
Por Raúl Castro-Lebrija
