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Las últimas semanas de 2020 dieron cuenta del desasosiego de empresarios, financieros y expertos en cuanto a la falta de certidumbre en proyectos de energía limpia que conduce México, donde diversas acciones habían provocado la cancelación de inversiones en los últimos meses. El asunto escaló a las altas esferas de la política de Estados Unidos en los primeros días de este 2021, pero podría estar contando sus últimos días en la administración de Joe Biden.
El 11 de enero pasado, tres secretarios de Estado de ese país, el principal socio comercial de México, con la economía más grande del mundo, afirmaron en una misiva que las decisiones normativas del gobierno mexicano en el Sector de la Energía “han creado incertidumbre sobre los procesos regulatorios” y dañado el clima general de inversiones en el País.
“Nos han preocupado los informes contenidos en un memorándum del 22 de julio (de 2020) seguido de una reunión el 22 de septiembre con los reguladores que supuestamente recibieron instrucciones de bloquear los permisos para proyectos de energía del sector privado y ejercer su autoridad regulatoria para favorecer a las empresas de energía estatales”, expusieron tres secretarios de Estado en funciones hasta ese momento.
El interés comercial, empresarial y de inversión marcó su primera escalada hacia la arena política apenas en noviembre de 2020, cuando el potente Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), una organización representada por más de 600 empresas que producen, procesan y distribuyen el grueso de los bienes del sector energético de EU, acordó con legisladores exponer las limitantes del gobierno mexicano hacia las empresas estadounidenses.
Las acciones de más peso incorporadas por el gobierno de México son la cancelación de la cuarta ronda de subastas de electricidad; la modificación de certificados de energías limpias; los cambios en los derechos de conexión a la Red de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mayores tarifas en esta red.
El análisis de los grupos económicos y de poder de EU ponen bajo escrutinio las políticas del gobierno de México para favorecer a las dos empresas del Estado clave: la propia CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), limitando la participación de inversión privada, uno de los componentes de eficiencia en el manejo de recursos de la Reforma Energética de 2012.
“En virtud de que este tipo de políticas energéticas nacionalistas a favor de la CFE podrían estar violando el capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados, contenido en el T-MEC, un activismo de la administración de Biden en apoyo a empresas estadounidenses afectadas podría ayudar a empezar a revertir este tipo de políticas”, señaló en un reporte de esta semana el banco global BBVA.
Las negociaciones de un nuevo tratado comercial entre México, EU y Canadá, que culminó con la firma del T-MEC a mediados de 2020, colocó como parte de estos esfuerzos el Acuerdo de Cooperación Ambiental, un instrumento que pretende apoyar el crecimiento verde y el desarrollo sustentable a través de la promoción de la eficiencia energética, entre otros, incluyendo fuentes alternativas y renovables de energía.
En su primer día de gobierno, Biden firmó 17 decretos, uno de ellos encaminado a colocar nuevamente a EU en los Acuerdos de París, el tratado global de cuidado al medio ambiente, y alcanzar estándares más altos en medidas de mitigación climática, donde el Sector de la Energía juega un papel preponderante.
La implementación de varias de las medidas de política pública en materia energética se encuentra suspendida por órdenes judiciales en México, aunque expertos ponen el dedo en la llaga: si persiste el clima de incertidumbre regulatoria, las inversiones futuras no llegarán.
De acuerdo con el informe más reciente de la Agencia
Internacional de Energía, México tiene el compromiso de producir hacia el 2024, el 35% de la electricidad que se consume en su territorio en plantas de energía renovables, contra un nivel de 22.9% reportado hoy.
“Para que el gobierno mexicano empiece a revertir su política energética en detrimento de este tipo de energías, será necesario que el gobierno de Biden se involucre decididamente en el apoyo a empresas estadounidenses afectadas por las modificaciones regulatorias en materia de electricidad”, refirió BBVA.
