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Empresarios regionales exigieron no dejar en el limbo la figura del outsourcing, bajo la lupa a partir de una iniciativa del Ejecutivo federal de finales de 2020, hoy en stand by en el Congreso, puesto que este esquema es usado por el grueso de la pequeña y mediana empresa (pyme) que opera en el País, es decir, más de 4 millones de unidades económicas.
Según la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (Ancer) el outsourcing es utilizado en centros de trabajo de todos los tamaños, aunque la figura ha beneficiado en “buena medida” a la pyme, con el 36.7% de la fuerza laboral subcontratada total, de acuerdo con un comunicado difundido el lunes por el organismo.
A principios de noviembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de ley ante el Congreso que, al ser promulgado, eliminaría la capacidad de utilizar la mayoría de las estructuras de subcontratación.
La propuesta, que fue aprobada en fast track por el Senado, modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, entre otras, para disponer que la subcontratación solo puede ser legal en el caso de que sea necesaria para servicios especializados, o actividades distintas de la actividad principal del negocio. En otros casos, la subcontratación sería ilegal.
La iniciativa del Ejecutivo indica además que, en determinadas circunstancias en las que se considera que la subcontratación es una simulación, se consideraría que se produce una actividad delictiva.
Durante 2020, el Congreso había aprobado reformas a varias leyes que tienen por objetivo considerar ciertos delitos tributarios, entre ellos la simulación de actos, como crimen organizado, con sanciones que pueden incluir desde la incautación de bienes hasta la prisión preventiva, lo que fue interpretado por el Sector Empresarial de un ambiente “intimidatorio”.
El entorno desató una polémica entre el gobierno, las empresas, sindicatos y legisladores, lo que llevó aplazar la discusión de la iniciativa de reforma que pretende eliminar el outsourcing.
Un estudio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) menciona que hay un porcentaje importante de trabajadores que laboran en empresas constituidas formalmente que no cuentan con prestaciones.
Entre enero y marzo de 2020, el 32% de los trabajadores informales que laboraron en empresas con registros contables no accedieron a la seguridad social, según Conasami. Este porcentaje se incrementó a 36% en abril, regresando a los niveles pre Pandemia, en 29.86%, entre julio y septiembre pasados.
La Ancer afirmó que si el outsourcing no está regulado se podría dar un mayor desempleo en el País.
Datos del organismo indican que al menos 7 millones de personas laboran en México bajo el esquema de subcontratación, y que el 80% de ellos caería en la informalidad de eliminarse las reglas actuales de forma abrupta.
Despachos de auditoría como E&Y, KPMG y Deloitte han advertido que la iniciativa en materia de subcontratación, que implica reformas al Código Fiscal de la Federación para castigar con prisión a quien incurra en defraudación fiscal calificada, al evadir el pago de IVA, ISR y cuotas del IMSS y el ISSSTE, exige una consulta más amplia.
