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Dos grandes empresas en México enfrentan procesos penales por impuestos luego de que no lograron llegar a un acuerdo con las autoridades, dijo el jueves por la noche el procurador fiscal, Carlos Romero, mientras funcionarios buscan detener la evasión de impuestos corporativos con amenazas de encarcelamiento.
“Dos ya están en el proceso penal, que decidieron seguir la vía larga”, afirmó Romero en una entrevista, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.
El funcionario declinó dar a conocer el nombre de las firmas.
La procuraduría a su cargo había considerado presentar cargos contra otras dos empresas que inicialmente no cumplieron con sus obligaciones fiscales, pero luego las pagaron, dijo Romero en la entrevista citada por la agencia internacional de noticias.
A mitad de este 2020, dos corporativos mexicanos considerados Triple A por el volumen de sus ventas y su participación de mercado, debieron hacer pagos millonarios a la Hacienda mexicana por más de 16,000 millones de pesos (mdp) mientras que apenas el 8 de septiembre, el banco global BBVA asentado en México dijo que había desembolsado 3,200 millones de pesos por concepto de adeudos a favor del Sistema de Administración Tributaria, o SAT.
WaltMart México y Centroamérica y Fomento Económico Mexicano (FEMSA) son los corporativos triple A que hicieron público en julio pasado que habían erogado al SAT 8,079 mdp y 8,790 mdp, respectivamente.
Reuters dijo que las autoridades mexicanas han informado de mayores ingresos fiscales de las grandes empresas este año pese a la crisis del coronavirus, en medio de un impulso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar más en el país.
Romero dijo que la Fiscalía General está revisando las denuncias penales antes de presentar cargos formales, un proceso que ha sido retrasado debido a la Pandemia.
“Estamos presionando para que salgan lo más rápido posible”, dijo.
El funcionario estimó que los fallos en los dos casos podrían demorar hasta año y medio.
Por el momento, las empresas han perdido la oportunidad de llegar a un acuerdo, afirmó.
“Si tenemos una sentencia desfavorable para ellos, una de las sanciones es la reparación del daño, y otra, la cárcel”, sentenció el procurador fiscal.
Nota de Reuters
