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Roma (Prensa Latina).- Con la Covid-19 llegó a Italia la regularización parcial de la situación laboral de trabajadores, la mayoría de ellos inmigrantes, empleados ilegalmente en la agricultura, labores domésticas y atención a personas incapaces de valerse por sí mismas.
La medida, la cual beneficia también a empleadores quienes explotan mano de obra al margen de lo establecido por la ley, fue incluida en el decreto “Relanzamiento”, mediante el cual el gobierno asignó 55 mil millones de euros para ayuda a instituciones, familias y empresas afectadas por la pandemia.
La norma se aplica a ciudadanos italianos o extranjeros, sometidos al control fotográfico y dactiloscópico antes del 8 de marzo último, y los poseedores de permisos de estancia vencidos a partir del 31 de octubre de 2019.
El estatuto prevé dos posibilidades de regularización. En la primera, el empleador podrá suscribir un contrato con el trabajador y registrarlo como tal ante las autoridades, con lo cual los inmigrantes recibirán automáticamente un permiso de estancia en el país.
En la segunda, los inmigrantes irregulares que trabajaron en alguno de los tres sectores incluidos en el decreto, pero están desempleados y tienen sus permisos vencidos, podrán obtener otro temporal de seis meses para encontrar una nueva ubicación en esos ámbitos.
El artículo abarca sólo la agricultura, cría de ganado y zootecnia, pesca y acuicultura y actividades conexas; asistencia a personas no convivientes con limitaciones para la autosuficiencia; y trabajo doméstico de apoyo a las necesidades familiares y deja fuera otros sectores como la construcción.
El objetivo de la disposición es “garantizar niveles adecuados de protección de la salud individual y colectiva como consecuencia de la contingente y excepcional emergencia sanitaria, vinculada a la calamidad derivada de la difusión del contagio de Covid-19 y favorecer la legalización de relaciones de trabajo irregular”.
Sin embargo, abarcará sólo a una parte de los trabajadores potencialmente interesados en la regularización en esas áreas.
Diversas fuentes calcularon entre 500 y 600 mil la cifra de inmigrantes irregulares en Italia en 2019, unos 490 mil de ellos empleados en labores agrícolas y domésticas, precisó el diario Il Sole 24 Ore, apoyado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
Esa cantidad se reducirá en esta ocasión a unos 200 mil según expresó en un programa televisivo de Rai 2 la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, tomando como referencia el total de permisos de estancia vencidos y el requisito del control fotográfico y dactiloscópico previo.
LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA
Al margen de las motivaciones éticas y sanitarias expresadas por los promotores de la normativa, sobresale el factor económico, centrado en la escasez de mano de obra en la agricultura.
El tema fue abordado el 16 de abril último en el Senado por la ministra de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, Teresa Bellanova, quien señaló que las asociaciones del sector agropecuario estiman entre 270 mil y 350 mil los puestos temporales de trabajo vacantes por la emergencia sanitaria.
En ese sentido, recordó que la agricultura italiana emplea a unos 346 mil trabajadores estacionales extranjeros, equivalentes al 26.2 por ciento del total, quienes no podrán ingresar a Italia para la cosecha de este año debido a las regulaciones impuestas para contener la epidemia.
Nuestra agricultura, indicó, es por lo tanto un gran laboratorio de integración y recordó que la mitad de los extranjeros ocupados en los campos se concentra en 15 provincias, en la mayoría de cuyos distritos agrícolas los trabajadores inmigrantes representan un componente muy integrado al tejido económico y social.
Al mismo tiempo, mencionó la existencia de alrededor de 600 mil inmigrantes irregulares, quienes viven en asentamientos informales, mal pagados y con frecuencia explotados en un modo inhumano, cuya situación es más frágil y complicada en las circunstancias actuales.
La ministra, quien fue bracera desde los 14 años y siente una especial sensibilidad sobre este asunto, apuntó que son personas quienes en su mayoría trabajan para empresas o son explotadas como mano de obra ilegal “por la delincuencia que llamamos caporalato y que para mí significa mafia”.
Tras subrayar que la situación de esa gente empeoró con la Covid-19, Bellanova expresó que el gobierno adoptó medidas para reforzar la protección de la salud de los residentes en los asentamientos irregulares, pero las calificó de insuficientes.
Sin furor ideológico o hipocresía, dijo la titular, “tenemos el deber de asumir la responsabilidad: o el Estado se hace cargo de la vida de estas personas o la delincuencia las explotará”.
La propuesta de la ministra fue rechazada por los principales partidos de la oposición de derecha como la Liga y Hermanos de Italia, y debatida en las filas de la coalición gubernamental donde finalmente se logró un acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Democrático, Italia Viva y Libres e Iguales.
REPERCUSIÓN DE LA MEDIDA
Para el presidente de Coldiretti, la principal organización del sector agroalimentario, Ettore Prandini, el decreto no soluciona el problema porque los tiempos de aplicación no compaginan con las necesidades de las empresas y apuntó que “en el campo las exigencias son inmediatas, mientras la regularización tomará tiempo”.
Por eso, señaló, es necesario una simplificación radical del uso de los bonos agrícolas como instrumento de pago para permitir la incorporación al campo de beneficiados por las amortizaciones sociales, estudiantes y pensionados, inactivos por las restricciones impuestas frente a la Covid-19.
A la disposición, sus luces, sombras e interrogantes se refirió el abogado Arturo Raffaele Covella en un artículo publicado en www.diritto.it el 18 de mayo último, en el cual señaló que aunque era necesaria, no representa finalmente la solución de los problemas expuestos por los decisores políticos.
Un acuerdo, puntualizó, que no convence y deja muchas perplejidades respecto a su aplicación concreta y advirtió que para valorar su impacto real será necesario esperar unos meses para conocer las estadísticas y evidencias palpables de su incidencia en la mejoría de las condiciones de trabajo de los “invisibles”.
Covella pidió esperar para ver, por ejemplo, cuántos inmigrantes se presentarán en las delegaciones del Ministerio del Interior para denunciarse a sí mismos y suministrar al Estado datos como la dirección de residencia y sus generales, con el riesgo de hallarse dentro de seis meses sin trabajo y en mayor peligro de expulsión.
*Por Frank González, corresponsal de Prensa Latina en Italia.
