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El viernes pasado, la Secretaría de Energía (SENER) encabezada por Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo de Política de Confiabilidad? que modifica las reglas para la operación de centrales de generación de energía renovable, la emisión de permisos para plantas eólicas y solares, y la construcción de proyectos en lugares congestionados o con poca capacidad de transmisión.
Analistas consultados de Intercam Banco explicaron que el argumento de la Secretaría de Energía es evitar sobrecargas en la transmisión de la red eléctrica y ayudar a satisfacer la demanda de usuarios de manera ininterrumpida durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, alertaron que esta acción ha generado ya fuertes críticas de gobiernos extranjeros y grupos privados de empresarios, pues se considera que es un atentado contra la legalidad, certeza jurídica y competencia económica en el sector, que pone en riesgo inversiones hasta por 30 mil millones de dólares.
Para el Consejo Coordinador Empresarial, la medida resta confianza a inversionistas en México, podría traer desempleo y afectaciones a proyectos eléctricos en 18 estados de la república. “Preocupa que para la aprobación de la medida no se requirió la Manifestación de Impacto Regulatorio, documento que permite conocer las consecuencias del cambio regulatorio en el sector, normalmente solicitado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)”, indicaron los analistas.
Por su parte, César Hernández, titular de Conamer, ha presentado su renuncia tras las irregularidades, aseguran reportes noticiosos. A los especialistas les preocupa que la medida concentre el mercado de
generación eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), limitando la participación de privados.
Canadá y la Unión Europea hicieron llegar cartas al gobierno mexicano durante el fin de semana, solicitaron una reunión con Nahle y mostraron su preocupación por las afectaciones que las nuevas reglas tendrán en inversiones ya realizadas. “La política es una más de las decisiones en materia de energía que el nuevo gobierno federal ha adoptado durante su administración para conservar el predominio de empresas estatales en el sector, decisiones que minan la confianza de inversionistas privados, extranjeros y nacionales”, señalaron los analistas de Intercam.
