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El outsourcing en México es un mecanismo de contratación utilizado desde los años 60´s del siglo pasado en el país y representó por décadas una salvaguarda ante el desempleo y la informalidad. Hoy, 3.5 millones de mexicanos se encuentran contratados bajo este esquema.
Los Censos Económicos de 2014 registran un total de 21.6 millones de personas ocupadas, de las cuales casi 89 por ciento se encuentran laborando en los cinco sectores económicos contemplados en el cálculo del Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) publicado por el INEGI: empresas constructoras; industrias manufactureras; comercio al mayoreo y al por menor y servicios privados no financieros.
Es decir, con base en la información estadística reportada, 16.2 por ciento de las personas ocupadas en el mercado laboral mexicano se encuentran contratadas bajo el esquema outsourcing.
“Aunque en la actualidad se estima que 3.5 millones de mexicanos se encuentran contratados bajo este esquema de empleo, también se ha evidenciado su ineludible papel en la evasión del pago de impuestos y de las aportaciones a la seguridad social”, destaca el IMPC en su órgano de difusión Contaduría Pública de 1 de junio pasado.
Durante 2017, según estimaciones de la consultora Global Research, 900 empresas de subcontratación estuvieron activas en México, de las cuales solo 100 obtuvieron un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De éstas 100, indica la consultora, solo 40 cumplieron al 100 por ciento con la obligatoriedad del pago de impuestos correspondiente.
Una de las prácticas más comunes en el esquema de ourtsourcing en México es la evasión fiscal, por medio del cual la empresa logra registrar al trabajador ante el IMSS con sueldos inferiores al que se estipula en el mercado laboral. Otro aspecto común en este esquema propalado en el país, es eludir los preceptos dictados por la Asociación Mexicana de Capital Humano.
Arraigo de décadas
El esquema de contratación outsourcing floreció en los años 60´s en servicios complementarios como intendencia y vigilancia y a partir de los años 80´s los servicios a empresas se extendieron a las áreas de finanzas, contabilidad, informática, recursos humanos y reclutamiento de personal. Logística y manejo de asuntos de legales también figuran en el esquema.
Aunque no se tienen cifras ni estadísticas que indiquen el desempeño de estos esquemas de contratación, el outsourcing permite a las empresas disminuir costos administrativos y deducir gastos. Sin embargo, debido a que no requiere de esquemas de capacitación constante, el outsourcing, entre otros males, no permite la formación de curvas de aprendizaje que permitan calcular aspectos como la productividad.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojan que durante el periodo 2004-2014, el empleo en México se incrementó en 3.7 por ciento, en tanto la contratación outsourcing lo hizo en 48 por ciento, en esa década.
En la serie documentos de trabajo del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (COLMEX), el académico José Romero indica que de 1982 a 2015 el ingreso por habitante en México se multiplicó por 1.27 veces, en tanto que la la productividad creció apenas 0.92 veces. “Esto nos indica que el estancamiento en el ingreso por habitante en México debemos buscarlo en el bajo crecimiento de la productividad”, indica.
Sin previsión
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social asevera que el problema de la subcontratación ilegal en el país se agudizó por la falta de políticas públicas instrumentadas para formar, revisar y supervisar una inspección sistemática sobre este tipo de contratación en los centros de trabajo a nivel nacional.
En el marco del seminario “Subcontratación en México: balance y alternativas de regulación”, del 12 de noviembre pasado, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la dependencia, aseveró que la estrategia actual de atención al problema de la subcontratación ilegal no busca castigar a los empresarios “sino darles la oportunidad de que se regularicen”.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la subcontratación (general) en el país aumentó de 13.6 a 16.6 de 2009 a 2014.
Tinte político
El 23 de octubre pasado, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República
Presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, lo que obligaría a las empresas subcontratistas a pagar cuotas al IMSS y al Infonavit y regularizar impuestos con la Secretaría de Hacienda, trastocando el régimen de subcontratación vigente.
Estos cambios legales tienen como objetivo diferenciar la subcontratación ilegal de aquellos servicios lícitos que la ley permite; lograr la tutela efectiva de los derechos laborales de los trabajadores y evitar que los empleadores utilicen medios de simulación que les permita sustraerse de sus obligaciones legales.
Organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República han reprobado la iniciativa -que fue aprobada solo en comisiones- argumentando que las modificaciones de la ley inhiben la creación de empresas, de empleos y que ahuyenta la inversión. El lunes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la reforma es inconstitucional y preocupante.
El martes 3 de diciembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal señaló que las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en la materia requieren de una mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados.
Monreal dijo que la discusión de la reforma se hará en Parlamento Abierto a partir de enero de 2020, por lo que la discusión de la iniciativa se abrirá a grupos empresariales, especialistas y expertos.
“Por fortuna, hubo una actitud mesurada de las comisiones dictaminadoras y vamos a escuchar la voz de los empresarios, de líderes de dirigentes para enriquecer el dictamen ya aprobado”, señaló en una entrevista televisiva horas más tarde.
Por María Luisa Aguilar
