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El Corredor Transístmico contempla en su modelo de negocio la instalación de 10 parques industriales, un tren, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios. En entrevista, el director del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, asegura que ya se realizó la consulta indígena para estos propósitos
El modelo de negocio del llamado Corredor Transístmico contempla no sólo la construcción de un tren, sino también la instalación de 10 parques industriales, un gasoducto y el acompañamiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad a los empresarios, de acuerdo con el titular del proyecto federal, Rafael Marín Mollinedo. La inversión sexenal será del orden de 250 mil millones de pesos.
Considerado como uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste presenta discursos contradictorios al interior del gabinete: por un lado, Mollinedo –director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– asegura que la consulta indígena ya está hecha; por el otro, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice que se trata “no de una consulta, sino de un proceso de consulta” (edición 653).
En entrevista con Contralínea, el funcionario de Hacienda y empresario quintanarroense, expone que este proyecto pretende ser el “motor de desarrollo” del Sureste mexicano; también, una cortina de contención para que los migrantes centroamericanos tengan empleo.
Él es uno de los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que hicieron un trabajo arduo en Quintana Roo para que el presidente López Obrador obtuviera el triunfo en 2018, ahora encargado de ejecutar uno de los cuatro principales proyectos de infraestructura del sexenio: el Corredor Transístmico, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.
Opositores a este megaproyecto han denunciado que aún no se hace una consulta indígena, como lo marca el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de manera previa, libre e informada. Ante ello, el funcionario de la SHCP asegura que ya se llevó a cabo: “La gente, los indígenas ya nos aprobaron el proyecto”.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional “con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”.
El documento, publicado en el 12 de julio en Diario Oficial de la Federación expone que este proyecto aprovechará la posición del Istmo para “competir” en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Y que está avalado a través de una consulta realizada durante el 30 y 31 de marzo de este año, mediante asambleas regionales, “se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
El modelo de negocio
Entrevistado en sus oficinas de Palacio Nacional, Marín Mollinedo expone que el Corredor Transístmico pretende ser la “palanca del desarrollo” en el Sureste para “irradiar” esta región, la más atrasada en este momento.
A esta zona del país, arguye el empresario dedicado a comercialización de frutas y verduras a través de la compañía Tabana Banana, no se le ha invertido en infraestructura desde hace muchos años, se ha priorizado al centro y al Norte del país; entonces, “para tratar de equilibrar estos niveles de desarrollo, el presidente tiene cuatro proyectos estratégicos, principalmente: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y los programas de caminos de manos de obra, que son 300 caminos que se van a construir en las zonas más marginadas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y el cuarto es el corredor del Istmo de Tehuantepec”.
Este ha sido uno de los proyectos que han trascendido la historia, sin concluir, pues desde antes del porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido codiciada y los pueblos originarios han resistido.
Mollinedo expone que el proyecto va a descansar, principalmente, en modernizar la infraestructura que ya se tiene, los dos puertos: el de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y unirlos a través de una vía férrea existente: “lo que pasa es que éste es un proyecto ya muy viejo, tiene más de 100 años, lo creó Porfirio Díaz pero ha estado abandonado, y lo que vamos a hacer nosotros es modernizarlo para poder hacer el cruce de mercancías entre un océano y otro”.
Con ello, el gobierno federal acompañado de la aprobación de los gobiernos estatales, pretende abrir una nueva ruta de transporte marítimo, que cruce por el Istmo de Tehuantepec (que es la zona más estrecha de la República), “tenemos algunas ventajas comparativas con el canal de Panamá, en virtud de que estamos más cerca de Asia y de la Costa Este de Estados Unidos”, añade.
“Queremos generar esta nueva ruta y que las empresas vean que van a tener el acceso a cualquier mercado del mundo y que vengan a invertir en 10 parques industriales que vamos a instalar a lo largo de toda la vía del tren”, dice.
Entre los propósitos, indica, está la instalación de empresas para generar empleos y para transformar materias primas; agregar valor a las materias primas nacionales y, que pudieran venir materias primas del extranjero para que se terminen de transformar aquí y seguir su curso al mercado estadunidense, el más demandante.
Rafel Marín Mollinedo expone que el proyecto que se le ha encomendado tiene proyectada una inversión sexenal de 250 mil millones de pesos, aproximadamente, de los cuales el gobierno federal va a aportar alrededor de 100 mil millones y el resto será de la inversión privada.
En esta ruta también se pretende instalar una red de fibra óptica, que va a venir a un lado de la vía del tren, en el derecho de vía del tren, para darle internet a toda la zona, “vamos a detonar porque las empresas necesitan internet y gas, que ese es otro proyecto: un gasoducto”.
Marín Mollinedo enfatiza que la intención es que donde se establezcan los parques industriales y se tenga que arrendar o afectar la tierra los propietarios originales sean socios. “Que queden como socios en estos desarrollos. Si vamos a hacer un gasoducto, que los dueños de la tierra se pudieran considerar como socios para que los beneficios que dejen esos desarrollos, los propietarios los tengan permanentemente”.
Para la creación de los parques industriales, la administración de López Obrador todavía está en la definición de los polígonos, mismos que podrían ubicarse en terrenos particulares y gubernamentales.
Las nuevas ZEE y las consultas
Durante la administración de Enrique Peña Nieto se promovieron las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE), que también pretendían “impulsar” la economía del Sureste mexicano. Esta estrategia fue cancelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no funcionaron.
La diferencia entre las ZEE y estos proyectos, comenta Rafael Marín Mollinedo, es que los anteriores se quedaron en “buenas intenciones, tan fácil como eso; y esto es un proyecto que se va a concretar porque ya estamos trabajando, invirtiendo. Es uno de los proyectos prioritarios y el presidente es una gente de palabra, si dijo que va, ¡va!”
Respecto de la consulta a los pueblos originarios refiere: “Estamos colaborando muy estrechamente con el INPI. Nosotros ya llevamos a cabo la consulta indígena. La gente, los indígenas ya nos aprobaron en proyecto. Es parte del proceso que se tiene que llevar a cabo para hacer otro tipo de obras de infraestructura, por mandato de la OIT”.
De las afectaciones que documentó Contralínea en Salina Cruz, por contaminación de Petróleos Mexicanos en la playa y la salinera, el funcionario dice: “Yo he estado ahí en la salinera y no ha habido comentarios al respecto. Nunca he visto un derrame de petróleo ni nada que me digan que les ha afectado. Hay problemas con Pemex, les deben dinero a algunos ejidatarios por los derechos de vía. Nosotros vamos a gestionar para que se resuelvan, es parte del compromiso”.
Otra de las problemáticas que se le plantea a Marín Mollinedo es el rechazo a los parques eólicos en Juchitán. Sobre el tema, el funcionario de la SHCP reconoce que el proyecto que encabeza también tiene contemplada la instalación de este tipo de infraestructura, por lo que están en arreglos con la Comisión Federal de Electricidad, que es la que tiene los proyectos. Pero “donde establezcamos estos parques vamos a ver el mecanismo de que los propietarios originales participen como socios en este proyecto, que no les des una renta sino que de las utilidades generadas, ellos tengan participación”.
El despliegue de la Guardia Nacional
El documento Situación de la Guardia Nacional, presentado en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el 13 de agosto, indica que la Guardia Nacional contará con un importante despliegue de sus efectivos, el cual asciende a 10 mil 445.
Al respecto, el encargado de desarrollar el Corredor Transístmico dice que este corresponde, en parte, a la demanda de los empresarios: “Cuando hemos hablado con ellos para invitarlos a participar y a invertir en la zona, la demanda es de seguridad”.
“Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos van a ayudar a diseñar un proyecto de seguridad para la zona. No es tan grave el problema de la seguridad, al menos en Oaxaca; lo duro está en Coatzacoalcos, Minatitlán (Veracruz). La zona del Norte está muy grave, pero en el Sur el problema está más tranquilo.”
El mismo documento indica que Veracruz contará con 13 mil 702 elementos desplegados por todo el estado. “Vamos a diseñar junto con ellos un programa de seguridad porque es lo que piden las empresas, tener seguridad pública para también invertir, sino no hay inversión”, enfatiza el servidor público.
Érika Ramírez
