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Como lo adelantó Contralínea en su columna Oficio de Papel el 21 de mayo [ https://bit.ly/2HLdzPU ], la Secretaría de la Función Pública integró un amplio expediente de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras haber encontrado significativas diferencias de bienes y dinero en sus declaraciones patrimoniales que presentó anualmente.
Este día, la Secretaría confirmó que dos altos mandos de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron inhabilitados como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años y uno de ellos, sancionado económicamente por casi 620 millones de pesos. Uno de ellos es precisamente Lozoya Austin.
Según la Secretaría de la Función Pública, la titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros giró instrucciones para notificar a los afectados. En un comunicado, la dependencia indicó que una de las inhabilitaciones, por 10 años, “es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.
La otra sanción, detalló, “se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”.
Oficio de Papel también reveló que otro exfuncionario investigado por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales es Genaro García Luna.
En lo que va de la nueva administración, refiere el comunicado, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales. Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.
