Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 51 segundos
En el Banco del Ahorro Nacional y y Servicios Financieros (Bansefi) ya se audita el pago de contratos por cinco mil millones de pesos que sus exdirectores autorizaron para “fortalecer” la infraestructura bancaria con la que debería contar este banco de desarrollo. Lo que podría develarse como un gran desfalco en perjuicio del banco ya fue notificado a la Secretaría de la Función Pública que lleva Irma Sandoval. La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, también está al tanto porque en esa entidad ya se había expuesto, como parte de las auditorías a la Cuenta Pública 2017, que en el Bansefi los contratos con empresas de terciarización de servicios, con gobiernos municipales y otras entidades de gobiernos estatales, se autorizaron y firmaron sin contar con los controles adecuados. Desde la Dirección de Administración del Bansefi se firmaban cualquier cantidad de cheques para cubrir contratos en adjudicaciones directas que iban desde los servicios de seguridad pública hasta la operación del sistema de crédito. Ahora el Bansefi necesita, de acuerdo con su Consejo de Administración, al menos 2 mil 700 millones de pesos. De no concretar estas inversiones, el Bansefi —a punto de convertirse en el Banco del Bienestar— no estará en condiciones de encabezar la dispersión de recursos para los programas y subsidios del gobierno federal.
El Bansefi se caracterizó por tener en su organización el mayor número de directores generales durante la administración de Enrique Peña Nieto en lo que se refiere a la banca de desarrollo. Anote usted los nombres: Jorge Stefan Chidiac, Virgilio Andrade, María Fernanda Casanueva de Diego y Alejandra del Moral. Por cierto, María Fernanda Casanueva tomó la decisión de renunciar con sólo tres meses en el cargo. Así estaría el panorama en Bansefi cuando la exfuncionaria hacendaria decidió renunciar.
El actual director de Bansefi, Rabindranath Salazar, revisa al menos 12 contratos que se firmaron para el desarrollo de las tecnologías de la información. A Salazar también le sería útil revisar otro tipo de contratos que también se firmaron y contrataron vía administración directa y que, al menos, generan una sospecha razonable. Me refiero, por ejemplo, al contrato por 2.8 millones de pesos que, por adjudicación directa, se otorgó a la empresa Atentamente Consultores Asociación Civil. El curso presencial fue para la impartición de calma, discernimiento y manejo del estrés.
El contrato se autorizó el 21 de julio de 2016, apenas tres días después de que Virgilio Andrade dejó la dirección de este banco. ¿Extraño? Mucho. Fue así como la Dirección de Administración de Bansefi firmó sin más una adjudicación de 2.8 millones de pesos a una asociación civil que se ostenta sin fines de lucro.
Otro contrato que bien podría revisarse es el que se otorgó a la consultoría Scientia Aprendizaje Significativo, S.C. por el curso de capacitación al personal de sucursal para el cambio de paradigmas para atención en comunidades de desarrollo sustentable. Por ese curso, vía adjudicación directa, se pagaron 1.5 millones de pesos. Ahora Bansefi necesitaría hasta el último peso que se malgastó durante la administración pasada.
¿Manejo del estrés? ¿En serio?
No al chantaje
La separación funcional de Telmex es uno de esos compromisos que se han postergado desde la privatización de la gran empresa de telecomunicaciones. Cuando se vendió la paraestatal de la telefonía se entregaron los activos de un gigante que durante muchos años fue la única compañía en el mercado mexicano y que después, tímidamente, compartió a cuentagotas el mercado de servicios de larga distancia. Para regular a este jugador preponderante, el IFT, un organismo autónomo, fijó algunas reglas para que su infraestructura pudiera ser utilizada por sus competidores con el respectivo pago de servicios, como es el caso de las antenas de telecomunicaciones. Antes, impuso una tarifa de interconexión cero para que otras empresas de telefonía pudieran acceder al mercado de las subsidiarias de América Móvil. En resumen, han sido muchos y muy grandes los esfuerzos regulatorios para mediar ante el poder de mercado de esta compañía en beneficio del consumidor. La respuesta ha sido un intenso cabildeo y la defensa judicial en tribunales. Todo para defender el mercado, lo cual es legítimo si se analiza la historia desde la perspectiva empresarial y de rendimientos. Sin embargo, desde la perspectiva del interés público, resulta preocupante la información sobre una supuesta intervención de la Secretaría de Gobernación en las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a los términos y plazos para que continúe la separación funcional de compañías de Telmex. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, cuyo líder moral e histórico, es Francisco Hernández Juárez, ha dicho que esta separación funcional dañará a los trabajadores. Pareciera un chantaje en tres bandas para no cumplir con la separación funcional ordenada por el IFT. En todo caso, para Telmex sus trabajadores deben proceder las liquidaciones correspondientes y los beneficios que contempla la Ley. ¿En dónde está el problema? ¿Por qué tendría que intervenir la Segob?
Claudia Villegas Cárdenas
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx
Twitter: @LaVillegas1
