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La reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Jared Kushner, un hombre muy cercano a Donald Trump y al gobierno estadunidense, despertó grandes pasiones porque tuvo como sede la casa del empresario Bernardo Gómez.
Lo interesante de ese encuentro es que fue público y todos los mexicanos supimos que la reunión fue resultado de un claro esfuerzo por acercar a ambos gobiernos con un decidido intento de avanzar en una relación que ha sido complicada y dolorosa para el país. La noticia es que se reconoce la importancia del acercamiento público en el que los empresarios están presentes o en el que se reconoce el esfuerzo del sector privado para apoyar al país frente a uno de los retos más importantes de la historia: recomponer un vínculo con el gobierno más poderoso del mundo que de suyo ha sido complicado y cuesta arriba. Tomando en cuenta que durante el primer año de un gobierno de transición la contribución al Producto Interno Bruto del gasto público y de las acciones de un equipo nuevo en la administración pública, es prácticamente nula, el apoyo empresarial resulta clave para no perder tiempo. Lo relevante es que se presente como la reunión de López Obrador con Kushner, en un terreno público y abierto. Para ello, no obstante, hace falta otro componente: empresarios, cuyos intereses se ubiquen, precisamente, en el terreno del bienestar público. No es sencillo, pero los grandes grupos empresariales en México pueden hacerlo no sólo por nacionalismo sino porque en el largo plazo un mercado interno fuerte, un país soberano y con una soberanía a prueba de injerencia externas les garantizará negocios de muy largo plazo.
Cambio de arquitectura. Y a propósito de los vínculos entre empresarios y gobierno, ayer el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma, anunció que el sector bancario podría desarrollarse con una regulación diferenciada que reconozca, por ejemplo, el tamaño de los activos de los grandes bancos, los nichos de mercados que atienden y, por supuesto, hasta los índices de concentración. Palma envió a la banca un mensaje claro: la arquitectura financiera, como se conoce hasta ahora, no podrá seguir operando y los banqueros tendrán que buscarse nuevos negocios en los que la rentabilidad incluya y observe el desarrollo social. Palma habló de dicotomías falsas en el negocio bancario y propuso afinar la arquitectura financiera con criterios como el crecimiento y la inclusión, la estabilidad e integridad del sistema, el desarrollo, la competencia, y, finalmente, la diversificación y la innovación.
Bansefi y los 5,000 mdp. El banco que ahora dirige Rabindranath Salazar enfrenta un problema en su operación. Resulta que aunque durante los últimos años (los del gobierno de Enrique Peña Nieto) se invirtieron poco más de 5 mil millones de pesos en softwares, licencias y tecnología para operar sistemas de crédito, esos activos simplemente no pertenecen a la institución. Por lo tanto, sería necesario volver a pagar por ese tipo de consultorías y sistemas operativos. Cuando el director de Bansefi recibió el reporte de estas irregularidades no podía creer el daño patrimonial que habría sufrido la institución que está a punto de convertirse en el Banco del Bienestar. El problema se agrava porque esos 5 mil millones de pesos, bien invertidos, hubieran representado para el Bansefi avanzar más rápido en la dispersión de los recursos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa entre grupos vulnerables de la población. Así que los auditores internos ya analizan esta irregularidad y se preparan —como en el caso de las investigaciones que precedieron a la estafa maestra— a solicitar entregables, contratos y licencias que supuestamente no pertenecen al gobierno federal. Para ser precisos, son 12 contratos los que se revisan en Bansefi y el asunto promete terminar en el deslinde de responsabilidades que podrían incluir sanciones de la Secretaría de la Función Pública.
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx
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