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En la pasada legislatura, ocho diputados rentaron de manera continua y hasta por 8 meses automóviles que fueron pagados con recursos públicos. Uno de esos autos era blindado y fue contratado con todo y chofer… apenas un botón de muestra de los excesos que de manera impune se regalaron los parlamentarios de la pasada legislatura.
Pero la lista de irregularidades sigue. De manera generalizada, diputados de todos los partidos incurrieron en pago de hospedajes que no se justifican, comidas adicionales a las que se les pagó por viáticos y “pérdida” de cientos de bienes, como computadoras, pantallas y proyectores.
Desde la entrega anterior comenzamos a dar cuenta de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas de la Cámara de Diputados federal. El espacio entonces no fue suficiente y, por ello, debemos referirnos de nueva cuenta en esta ocasión a lo encontrado por el máximo órgano de fiscalización del país que, dicho sea de paso, depende de la propia cámara auditada.
La ASF revisó la erogación de una pequeña parte de los recursos para “actividades legislativas” de la pasada legislatura, entonces bajo control de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). Bajo esa ambigua denominación se incluyen partidas como las de “gastos de atención ciudadana” y “apoyo para transporte”. El máximo órgano de fiscalización apenas se asomó al gasto de 1 mil 455 millones 857 mil 100 pesos. Y encontró que los diputados sólo pudieron comprobar un monto por 396 millones 806 mil 200 pesos, apenas el 27 por ciento. Es decir, no presentaron documentos que comprobaran que, en efecto, erogaron 1 mil 59 millones 50 mil 900 pesos en sus “actividades legislativas”.
Por ello, la ASF determina que “no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron en trabajos legislativos; por lo anterior, subsiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos relacionados con actividades legislativas”.
Para la ASF, la falta de comprobación detectada “representa un retroceso a la transparencia y la rendición de cuentas”.
Además, de los gastos que sí “comprobaron” los legisladores, encontró que 14 facturas de ocho personas físicas por 77 mil 600 pesos habían sido canceladas. Y en 685 comprobantes y recibos por 2 millones 162 mil pesos no se especificó el tipo de objetos o servicios pagados. Asimismo, se observó que se compraron despensas por 674 mil 100 pesos.
La ASF revisó 11 millones 845 mil 900 pesos de la partida “Apoyo para transporte”. De lo revisado, 3 millones 98 mil 900 pesos correspondieron a boletos de avión; 315 mil 700, a boletos de autobús; 69 mil 700, a peajes; 2 millones 898 mil 500, a gasolina y lubricantes; 1 millón 282 mil 400, a mantenimiento y reparación de vehículos; 122 mil, al pago de taxis; 1 millón 509 mil, a la renta de vehículos, y 1 millón 747 mil se destinaron al pago de hospedaje y arrendamiento. Además, de manera irregular se incluyeron en esta partida 253 mil 200 pesos por consumo de alimentos, 461 mil 800 pesos de gastos si identificar a qué concepto pertenecen y 87 mil 700 pesos de “recibos simples”.
Ante tales irregularidaes, la ASF presume “un probable daño o perjuicio o ambos” a la hacienda pública federal por un monto de 962 mil 563 pesos. Especifica el organismo fiscalizador que el consumo de alimentos no está autorizado como comprobación del apoyo de transporte y hospedaje. También señala que no se debieron de haber pagado con recursos públicos 35 facturas por 247 mil 549 pesos, pues amparan el hospedaje en lugares fuera de la Ciudad de México, cuando el apoyo debe ser para que los legisladores de los estados acudan a las sesiones en el Congreso (cuya recinto se encuentra en la capital de la República).
Asimismo, menciona el caso de ocho diputados (sin revelar los nombres) que gastaron de 33 mil 100 pesos y hasta 360 mil pesos en renta de vehículos “que van desde un mes hasta 8 meses continuos en el ejercicio de 2017”. Uno de estos vehículos fue de tipo blindado y se rentó con chofer. Otro fue rentado por un diputado para una gira con el gobernador de Guerrero por varios municipios de la entidad.
Además, en materia de equipos de cómputo, la Cámara de Diputados no pudo ubicar cinco bienes con un valor de 296 mil 900 pesos (tres computadoras laptop y dos monitores LCD); 244 bienes, como computadoras portátiles, escáners, monitores, impresoras, no breaks y proyectores, mouses y teclados (que la administración de la Cámara registró cada uno con valores de cero o 1 peso), y otros 66 bienes entre los que destacan pantallas, proyectores y computadoras (por un valor de 1 millón 16 mil 800 pesos).
Por ello la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios responsables y determinó recuperaciones probables por 3 millones 309 mil 867 pesos.
El dispendio en las cúpulas del Poder Legislativo era, como en toda la administración pública, grotesco. Por verse si la nueva Legislatura, ahora bajo el control del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), toma en serio la austeridad pregonada o se acomoda a los privilegios heredados de sus adversarios.
Zósimo Camacho
