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Conecta Cultura y Jiva Consulting, organizaciones especializadas en la gestión y consulta de pueblos y comunidades para empresas de la industria energética, anunciaron la creación de una plataforma online con contenido para la diligencia de proyectos de infraestructura.
Con la creación de la plataforma, junto a la impartición de cursos especializados en la debida diligencia para la gestión de megaproyectos, las dos consultorías pretenden hacer frente a la necesidad de acercar a las comunidades y las empresas del sector energético, teniendo como metodología el diálogo intercultural.
“A partir de una serie de módulos ofrecemos que los funcionarios de empresas que trabajan en el mercado energético puedan consultar la experiencia que hemos desarrollado sobre cómo construir relaciones comunitarias o licencia social con base en el marco legal de los derechos humanos y culturales”, dijo la presidenta de Conecta Cultura, Victoria Contreras, quien refirió que la plataforma estará disponible para el verano del 2019.
Las dos consultoras se propusieron el trabajo conjunto con especialistas académicos y representantes de organizaciones comunitarias para sumar esfuerzos y mejorar la experiencia del desarrollo de infraestructura energética en el país.
El representante comercial de la Provincia de Alberta, Canadá, Klaus Büttner, quien fungió como moderador en el foro “Derechos humanos y culturales para empresas en México”, celebró los esfuerzos que las consultoras han realizado para mejorar el sistema de inversión, ya que considera que no siempre es fácil para una empresa extranjera hacer negocios en el país.
“Se trata de celebrar una historia de éxito entre Alberta y México”, aseguró Buttner, quien también refirió como un orgullo vincular a empresas albertenses con el mercado mexicano mediante el trabajo de consultoría.
Licencia Social. Retos y perspectivas
De acuerdo con José Alberto Moreno Chávez, director general de Conecta Cultura, de 2012 a 2017 se generaron más de 170 conflictos entre empresas y comunidades en México, y hay más de 150 obras de infraestructura energética detenidas porque la política de acercamiento con los pueblos que habitan el territorio en donde las empresas pretenden invertir ha sido más de confrontación que de diálogo.
La licencia social significa obtener la legitimidad de las comunidades para desarrollar proyectos empresariales en su territorio a largo plazo, explicó el también especialista en el mercado energético. “Es un proceso de responsabilidad y compromiso mientras duran los proyectos”, refirió.
“La ausencia de un Estado de derecho y la amenaza de una continua violación de derechos humanos involuntariamente para México siempre se traduce en conflictos. Por eso nosotros consideramos que no solamente es un apoyo para las empresas dar talleres de derechos humanos, sino que también es una necesidad vital para el país y las comunidades que lo habitan” puntualizó Moreno Chávez.
Los especialistas y directivos de las consultoras no descartaron una ventana de oportunidad de trabajo con el actual gobierno, en el cual observan una serie de indicadores que les permite pensar que existe la preocupación por el bienestar social de las comunidades y el respeto irrestricto de los derechos humanos y culturales.
De acuerdo con Victoria Contreras, este gobierno está muy interesado en crear procesos comunitarios y de beneficio social, pero las empresas tienen que voltear a ver a los especialistas que pueden ayudarles a asegurar mejor sus inversiones.
Contreras mencionó que como una de sus preocupaciones está el desconocimiento respecto del nuevo marco de normatividad que el gobierno va a implementar, por lo que el desarrollo de una plataforma que acumule la experiencia en consultoría representa una buena oportunidad para saber cómo readaptarse a las nuevas reglas que pudieran generarse.
“Hoy día nos queda más claro que nunca que quienes trabajamos en el sector energético tenemos que buscar las soluciones, pero nunca más políticas públicas sin la participación de las comunidades” puntualizó.
Por Gustavo Baltazar López
