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Durante todo el sexenio de Peña Nieto, gasolineras de más de medio país vendían combustible robado. Pemex siempre lo supo, pues cuenta con un sistema para detectar las “compras atípicas” de las estaciones de servicio. Sin embargo, desde el interior de la propia empresa productiva del Estado también se elaboraron las “justificaciones” para encubrir la irregularidad
Documentos internos de Petróleos Mexicanos (Pemex) señalan que, desde 2013, en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, estaciones de servicio de gasolina de 19 entidades de la República incurrían en “compra irregular de hidrocarburos”.
La información del Sistema Integral de Información Comercial de Pemex revela que la petrolera supo siempre qué gasolineras dejaban de comprarle el combustible, pero seguían vendiendo normalmente a la población. También descubre que la empresa productiva del Estado justificaba internamente las irregularidades y no investigó el porqué de tales inconsistencias en los datos.
De acuerdo con la información obtenida del Sistema Integral de Información Comercial, las entidades con gasolineras con compras “atípicas” desde 2013 son, por orden de incidencia: Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Durango, Coahuila, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Guerrero.
Al interior de la petrolera se emitían reportes de justificación en los que alegaba inseguridad en la zona; cierre de gasolinera por orden de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); afectación por fenómenos naturales; problemas financieros de los dueños de las estaciones de servicio; proceso de cambio de franquiciatario y, entre otros, mantenimiento de la estación. Pero nunca se aportaron pruebas que sostuvieran tales excusas.
En promedio, todas estas gasolineras con conductas atípicas le compraban a la empresa cada 36.4 días, cuando el promedio habitual es de 5.7 días. Es decir, las estaciones de servicio deberían de comprar, al menos, una vez a la semana, pero tardaban en comprar más de 1 mes sin que interrumpieran sus ventas.
Cada una de estas gasolineras dejaba de comparar a Pemex cada mes, en promedio, un monto superior a los 100 mil pesos. Si una sola gasolinera incurriera en estas irregularidades por cada estado señalado, el desfalco sería de casi 1 mil millones de pesos durante el sexenio. Sin embargo, el número de expendios en cada entidad llega a varias decenas, sin que, hasta el momento, se tengan resultados concluyentes.
Las estaciones de servicio plenamente identificadas desde inicios del sexenio pasado se encuentran en ocho entidades: Nuevo León, con el 21.2 por ciento del total; Tamaulipas, con el 13.5 por ciento; Michoacán, con el 7.7 por ciento, y Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Durango y Coahuila (con 5.8 por ciento cada una).
En los otros 10 estados de la República las gasolineras con “compras atípicas” del combustible representaron, del total, el 3.8 por ciento en los casos de Sonora, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz; y del 1.9 por ciento en los de Morelos, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Guerrero.
Asimismo, el sistema presentaría otras irregularidades, como la ausencia de pagos en los registros de entrega de combustible. También estas anomalías se presentaron desde 2013.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del combate al robo de combustible una de las principales políticas en el arranque de su sexenio. A finales de enero pasado, presentó un plan para evitar el huachicoleo consistente en cuatro etapas: 1) frenar el robo de gasolinas; 2) aumentar la capacidad de transportación de hidrocarburos con pipas; 3) aplicar programas de bienestar para la gente que vive en las zonas con tomas clandestinas, y 4) aplicar la ley y acabar con la corrupción.
Por su parte, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha señalado –en una de las conferencias en las que ha acompañado al presidente de la República– que el 80 por ciento de las tomas clandestinas de combustible se concentra en siete entidades: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
Al confrontar estos datos con lo señalado en los documentos internos de los que Contralínea da cuenta, se infiere que la mayor cantidad de combustible robado no se extrae de las tomas clandestinas.
El desabasto de gasolina, que generó la estrategia de combate al huachicoleo durante el primer mes del año, casi ha sido resuelto. Según el presidente de la República, el robo de gasolinas ascendía a un equivalente de 800 pipas diarias.
De acuerdo con datos de López Obrador, sólo en 2018 las pérdidas ascendieron a 65 mil millones de pesos por robo de combustible. Hasta el momento, con las acciones llevadas a cabo desde diciembre del año pasado, el “ahorro” ha sido de 4 mil millones de pesos según el gobierno.
Zósimo Camacho
