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Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública confirmó la participación de tres funcionarios de Pemex Explotación y Producción (PEP) en la firma de 25 convenios que presuntamente resultaron en desvío de recursos en el caso la “Estafa Maestra”
En conferencia de prensa, Sandoval Ballesteros presentó los principales hallazgos del análisis. De ellos se desprende que el modus operandi de los convenios celebrados dispersaba los recursos recibidos a través de subcontratar a instituciones públicas de educación superior que a su vez subcontrataban a otras empresas, lo que contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano.
“El análisis arrojó que las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos”, acotó en su informe.
Además, indicó que los servidores que tenían la responsabilidad de verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron de su función, y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades.
Además, la secretaria Sandoval Ballesteros, informó que los tres servidores públicos fueron exonerados por la pasada administración de la Secretaría de la Función Pública, en cuyos archivos no existen registros de que en su momento se le diera el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción.
Derivado de lo anterior, la Función Pública ha iniciado tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres servidores públicos referidos, que pudieran resultar de conductas irregulares. A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan.
Asimismo, el Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública inició investigaciones en contra de los funcionarios de la Unidad de Responsabilidades de PEP. En ese sentido, a Función Pública auditará al Órgano de Control Interno de PEP para determinar si llevó a cabo las diligencias correspondientes para cumplir con sus funciones.
La Secretaría de la Función Pública presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias que surjan por hechos constitutivos de probables delitos que resulten de las investigaciones.
Sandoval Ballesteros reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información con la Fiscalía General de la República para asegurar que las autoridades de los ámbitos administrativo y penal cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones, y de esta manera, sumar esfuerzos para combatir la impunidad en beneficio de la ciudadanía.
