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A nueve meses de concluir el sexenio priista del presidente Enrique Peña Nieto, el balance en materia de derechos humanos es desfavorable, sombrío y con muchas interrogantes de lo que podría suceder en vísperas de un nuevo gobierno en esta materia. La realidad es que no ha habido un cambio significativo en la defensa y protección de las garantías sociales, por el contrario, se han agravado la inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, desigualdad y pobreza. Si miramos al pasado (y lo hemos reiterado en distintas Aristas a lo largo de muchos años) vemos que el deterioro desde la llegada del expresidente panista, Felipe Calderón hasta el ocaso del de Peña Nieto el panorama es desolador.
Esta aseveración la confirmó hace unos días el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al rendir en la residencia oficial de Los Pinos su informe anual de actividades en el 2017, ante el presidente Enrique Peña Nieto, a quien narró un panorama desolador no sólo respecto al año pasado sino en lo fue y será todo su gobierno.
González Pérez dijo a los presentes que hasta hoy el balance no es favorable y que México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos y que tampoco se ha logrado fortalecer de manera imperativa nuestro Estado Democrático de Derecho y que tampoco se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza.
El Ombudsman resaltó que en 2012 se registraron 21 mil 459 homicidios dolosos, pero en 2017, la cifra se elevó a 25 mil 340, la cifra más alta en los últimos 20 años, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aseguró que sin seguridad jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y enfatizó que los mexicanos necesitamos mayor seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio, pues la violencia ya demostró ser una inversión muy poco redituable y con muchísimo costo para todos y cada uno de los mexicanos.
González Pérez fue más allá y dijo: “el dolor y el sufrimiento derivado de miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito es algo que no se puede cuantificar ni reparar. Son saldos de dolor e impunidad, que no han disminuido durante este periodo”.
Las crónicas un día después del evento narraron que Enrique Peña Nieto escuchó el informe muy serio. Las palabras de González Pérez en el sentido de que en su sexenio hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos quedarán para siempre en la historia de este gobierno: “en este sexenio hubo violaciones graves a los derechos humanos. Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán son algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018. Sería una señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos el que antes de concluir su administración, se dé cumplimiento a las recomendaciones respectivas y se atiendan las propuestas formuladas por este Organismo Nacional”, afirmó González Pérez. De este tamaño y demoledores los ejemplos que el Ombudsman dijo a Peña Nieto y a los asistentes en el informe.
Me queda claro, al igual que al propio Ombudsman, que al denunciar los abusos no hay intención alguna de denostar a las instituciones sino de impedir el legítimo ejercicio de la autoridad. Sin lugar a dudas, el hecho de denunciar los abusos permite ver en dónde están las fallas, mejorar los errores y por ende no repetirlos. En este sentido, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como mencionó González Pérez, “no defiende delincuentes ni busca impunidad, pero en lo que va de esta administración aumentaron los feminicidios, asesinatos de periodistas, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones sumarias o extrajudiciales y desapariciones forzadas, además del horror, impunidad e indiferencia que representan las fosas clandestinas”.
Hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con varios militares que se encuentran en la prisión militar. Los testimonios coinciden en que su preparación y formación no corresponden a las tareas de una policía, por el contrario llegaron a la calle sin un marco que regulara su actuar y ahora muchos de ellos pagan por haber torturado, por haber cometido ejecuciones o simplemente por no contar con la preparación debida para actuar como policías. En este sentido, González Pérez, dijo que las entidades públicas con el mayor número de recomendaciones son precisamente las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, la SEP y el IMSS, la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR, mientras que los cinco estados que acaparan las denuncias, son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí.
Por su parte, el presidente de la República destacó que en su administración se han impulsado leyes contra la tortura, la desaparición forzada y en favor de niñas niños y adolescentes, admitiendo que no siempre resultan suficientes, pero sostuvo que los derechos humanos cobran cada vez mayor conciencia en la población.
Además Peña Nieto dijo: “a pesar de que falta camino por delante, estoy convencido de que avanzamos en la dirección correcta. Hoy, contamos con un elemento a nuestro favor: la existencia de una nueva cultura ciudadana que reconoce a los derechos humanos como una causa que nos une y nos convoca a todos. Juntos, sociedad y Gobierno avanzamos hacia a un México donde impere la ley y se haga justicia para que cada ciudadano ejerza con plenitud sus derechos fundamentales”, aseveró en último informe que dio como presidente de México.
Peña Nieto se pronunció por mantener el esfuerzo entre el gobierno, sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos para seguir fomentando una cultura de respeto a las garantías individuales. Hoy más que nunca coincidimos con esta aseveración del presidente saliente. Allá van los candidatos presidenciales tratando de convencer al electorado de que son ellos, los mejores perfiles, para contrarrestar las profundas carencias de este país. Pero si no entienden que la defensa de los derechos humanos es fundamental para reestablecer el Estado de Derecho en nuestro país, estaremos destinados a fracasar seis años más, con ejemplos como los que puso el ombudsman nacional. De este tamaño lo que está en juego.
*Periodista y productor.
Correo electrónico: szaragozaa@gmail.com / twitter.com/SalvadorZA
