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Sobre la Tarifa Cero y la importancia de evitar que la tarifa de interconexión se trasforme en un freno para la competencia, el escenario se complica.
Resulta que ayer el comunicado que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que hace referencia al famoso pleito por la prohibición de cobro de interconexión que aplica actualmente América Móvil a sus competidores, no sólo resultó trágico, sino que pareciera que se convirtieron en voceros de Telmex / Telcel para responder al desplegado publicado por toda la industria (AT&T, Total Play, izzi, Megacable, Altan, entre otros) el mismo día de ayer, en el que advierten del grave riesgo que representa eliminar la prohibición de cobro de la terminación de las llamadas en la red de América Móvil a sus competidores. Se trata, por cierto, de una acción poco usual por parte de la SCJN.
Para empezar, la SCJN estableció en su comunicado que “Tarifa Cero de Interconexión debe ser revisada por Ifetel para determinar si permanece o no; proyecto de Segunda Sala”. Con ello, queda perfectamente evidenciado que la Segunda Sala, que preside el ministro Javier Laynez, no alcanzó a captar o más bien no quiso que el termino Tarifa Cero es inexistente en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La Ley, en ningún momento, fija una tarifa; el artículo 131 lo que establece claramente es una prohibición de cobro al agente económico preponderante, en este caso América Móvil. Esta regulación asimétrica aplica porque un solo operador tiene más del 50% del sector telecomunicaciones en sus manos, para ser precisos, aproximadamente el 65% y no puede cobrar a su competencia por la terminación de llamadas en su red porque es dueño de todo el pastel desde hace más de 20 años, lo que claramente no permite que su competencia crezca.
La medida es temporal y es de carácter general, no es expropiatoria, no es confiscatoria y tampoco le quita el derecho al preponderante de cobrar por todos los demás servicios, tan simple es esto que mañana que otro tuviera ese 50% y no América Móvil le podría aplicar la misma medida.
El desplegado es claro, si tanto considera el gigante de América Móvil que le afecta, podría partir sus empresas en dos o más, pero no quiere, él quiere seguir teniendo a la competencia y a los mexicanos atrapados, obteniendo ganancias desmedidas.
Esta medida es el único incentivo para la competencia que ha contribuido a disminuir precios y a elevar la calidad de los servicios, pero a la Segunda Sala no le importa afectar a los mexicanos y menos aún le importa leer literalmente y razonar perfectamente en su proyecto de resolución lo que señala la reforma constitucional en diverso artículos y en sus transitorios y que mandata, por cierto, claramente al Congreso de la Unión expedir una ley que fomente una competencia efectiva y que regule los servicios de telecomunicaciones
