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La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer hechos de un nuevo caso de filtración de información privilegiada para un contratista de entidades del gobierno Federales que involucra al menos asignaciones por mil 200 millones de pesos. A continuación, la investigación realizada por Raúl Olmos.
Capufeleaks ataca de nuevo
Un sindicalista y la pariente de un alto funcionario de Capufe negocian contratos de limpieza por más de 1,200 millones de pesos.
En mayo pasado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer la investigación Capufeleaks, en la que se reveló que Mauricio Sánchez Woodworth, número 2 de Caminos y Puentes Federales (Capufe), organismo público dirigido por Benito Neme, era la cabeza de un esquema mediante el cual se traficaba información privilegiada para contratos con esa dependencia del gobierno federal. MCCI detectó que de esa manera se otorgaron obras en Capufe por al menos 770 millones de pesos. Para adelantar la información a las empresas que resultarían beneficiadas, Sánchez Woodworth se apoyaba en su cuñada, de nombre Estela Vega, y en el sindicalista Marco Antonio Reyes Saldívar. Este nuevo reportaje revela que Vega y Reyes Saldívar están también involucrados en el tráfico de información de contratos para otras entidades gubernamentales. Esta investigación muestra cómo se han hecho de contratos de limpieza por más de 1,200 millones de pesos.
Una red de empresas ligadas a un líder sindical que ha traficado información reservada del Gobierno recibió en cuatro años contratos por más de mil 200 millones de pesos en 30 dependencias federales.
Marco Antonio Reyes Saldívar, cuya familia ha controlado durante décadas el sindicato de trabajadores de limpieza, negoció contratos con la cuñada de un funcionario federal, quien actúa como gestora ante dependencias gubernamentales, de acuerdo con una red de correos electrónicos a la que se tuvo acceso.
El mayor monto de asignaciones lo recibió en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde el líder sindical presuntamente incurrió en tráfico de influencias, de acuerdo con los mensajes que intercambió con Estela Vega Montaño, cuñada del número dos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Mauricio Sánchez Woodworth.
Reyes y su familia han estado ligados a la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, pertenece a la sección 15 de la CTM.
En los correos, Reyes le solicitó ayuda a Estela para concretar contratos en el IPN, que entre 2015 y 2017 sumaron más de 440 millones de pesos. REISCO Operadora de Servicios SA de CV es la principal empresa que maneja el líder sindical, aunque además está ligado a Kasper, Claver y Ocram Seyer SA de CV (esta última es su nombre al revés: Marco Reyes).
Vega y Reyes Saldívar también habían participado en la red de tráfico de información confidencial en Capufe, que fue revelada en mayo de 2017 por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el llamado CapufeLeaks, que derivó en contratos irregulares por 770 millones de pesos. Cuando ese reportaje se dio a conocer, Capufe informó que solicitaría a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que investigaran la denuncia periodística. Nada más se ha informado al respecto y Sánchez Woodworth sigue en su puesto.
Los contactos
Estela Vega no sólo intervino en negociar contratos en el Gobierno federal, como muestra este correo enviado el 30 de noviembre de 2015 a un contacto de nombre Mariana Trueba, a quien le pide ayuda para prospectos de clientes en la ciudad de México: “Amiga, los lugares que nos interesa entrar es en la PGJDF (Procuraduría capitalina), en el Tribunal Superior de Justicia y en las líneas del metro de la 1 a la 9. Besoooos”.
Unos meses después, en otro correo fechado el 16 de marzo de 2016, Estela Vega le escribió a otro contacto, para negociar un posible contrato de servicios en la Procuraduría de Justicia.
La misma gestora realizaba tareas de cobradora ante dependencias federales, por contratos obtenidos por el líder sindical.
“Síster, buenas tardes. El día de ayer ingresamos este escrito solicitando el pago en el INBA. Me ayudas haciendo llegar copia a nuestra amiga por favor”, le escribió Reyes Saldívar a Estela el 3 de agosto de 2016.
En el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la empresa REISCO obtuvo entre 2014 y 2017 contratos por 60 millones 426 mil pesos.
La gestora ante el Gobierno ya negociaba en marzo de 2016 un posible contrato en la Procuraduría capitalina.
Marco Antonio Reyes también recurría a Estela Vega para pedirle que gestione cobros de contratos, como en este caso ante el INBA.
En este correo, Estela Vega menciona los fundamentos legales mediante los cuales lograron obtener contratos por asignación directa en Sedesol, Inapam, Liconsa y Fonart. En todas esas dependencias, el líder sindical tiene contratos de limpieza.
Ajustan licitación
El 4 de febrero de 2016, Reyes pidió el apoyo de la gestora para la negociación de un contrato de limpieza en el Hospital General de México.
Según los correos electrónicos a los que se tuvo acceso, el líder sindical hizo ajustes a las prebases de la convocatoria, para adaptarlas a los requerimientos de sus empresas, y luego se las entregó al Director de Recursos Materiales del hospital el día de su cumpleaños.
“Anexo encontrarán las Prebases que desde el año pasado le fueron entregadas al Dr. Jorge Bolaños de manera directa en sobre cerrado, de acuerdo a lo establecido en la reunión del 5 de noviembre (era su cumpleaños). Es importante saber si van a considerar los puntos que les marcamos en color verde”, dice el mensaje.
Los ajustes que habían marcado en las prebases hacían referencia al cumplimiento de normas avaladas por la Secretaría del Trabajo, certificación de calidad en servicios hospitalarios y constancias de capacitación en desinfección de áreas de internamiento.
“Les pediría que se insista en que esto sea considerado, (el Dr.) podría argumentar que estamos cambiando las bases y que no se lo van a permitir, esto no es cierto pues como notarán las sugerencias se hacen sobre el mismo documento que ellos publicaron el año pasado y el fundamento jurídico (además de las múltiples justificaciones prácticas y de servicios) que lo dejarían sin justificación alguna para no incluir lo solicitado”, añade el correo.
Reyes Saldívar menciona que cuenta con cuatro empresas que cumplen con lo requerido en las prebases, con lo que simularía competencia. Con ellas –agrega el correo-, el Hospital puede “soportar su estudio de mercado que posteriormente servirá para justificar lo solicitado si es verdad que alguien se lo observa”.
Casi al final del correo, pide a Estela valorar el apoyo que otorgará el contacto que tienen en el hospital, para determinar si se inscriben o no en la licitación.
“Además de saber si en verdad va a apoyar este amigo será necesario que nos indique el techo financiero si es con o más IVA, nos dé anticipadamente un juego de las bases ya definitivas (para ver si cumplió con apoyar) y nos indique si podremos participar en la evaluación de las muestras y propuestas (que nos dejen ver las propuestas y muestras que entregue la competencia). Con esto y dependiendo sus reacciones y justificaciones podremos conocer qué tan real es el apoyo que el Dr. brindará, si no lo consideran sólido es importante saberlo para entonces analizar el si vamos o no a la licitación y en qué condiciones”, concluye el correo enviado por el líder sindical.
Negociación en el IPN
El 15 de abril de 2015, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le quitó el contrato de limpieza a la empresa Fejastec SA de CV, y se lo entregó al día siguiente a REISCO Operadora de Servicios SA de CV, manejada por el líder sindical Marco Antonio Reyes Saldívar.
Las negociaciones para obtener el contrato habían iniciado desde el 27 de marzo de 2015, según reveló el propio Reyes Saldívar en un correo electrónico en el que anexó la copia de un oficio en papel membretado del IPN, mediante la cual le ofrecían asignarle sin licitación el servicio de limpieza.
El contrato fue otorgado en forma idéntica, en las mismas condiciones, en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le había asignado ese mismo mes otro contrato de limpieza por 36 millones de pesos.
“La adjudicación directa que nos hacen en el IPN tiene su fundamento en la licitación que REISCO gana en la SCT. Es un documento confidencial por lo que te pido no se vaya a estar circulando, ya que podrían hacer mal uso de él o enviarlo a lugares como el SAT o el IMSS”, pidió el líder sindical a Estela Vega Montaño, quien ha fungido como gestora de contratos en el Gobierno federal.
El servicio de limpieza en el IPN le redituó en 2015 ingresos por 147 millones de pesos a REISCO, de acuerdo con documentos consultados para esta investigación.
Embargo del SAT… con más contratos
Justo en la víspera de que el IPN le asignara el contrato a REISCO, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó un aseguramiento precautorio en las instalaciones de la empresa, en la colonia Magdalena Mixhuca, en la ciudad de México, por un adeudo de impuestos de 15 millones 645 mil pesos.
El embargo se realizó luego de que el SAT detectó que REISCO había omitido su declaración anual del ejercicio 2013, cuando tuvo operaciones comerciales por 28 millones 929 mil pesos y recibió depósitos bancarios por 69 millones.
El embargo se realizó el 13 de abril de 2015 y tres días después el IPN asignó en forma directa el contrato.
La gestora Estela Vega intervino para tratar de encontrar una solución al problema fiscal, según consta en este otro mensaje enviado a uno de sus contactos: “Amiga, te mando toda esta info para que la Chabe nos pueda ayudar en carácter de urgente”.
En el mensaje, Estela refiere que el aseguramiento a REISCO ocurrió “casualmente debido a que el 16 de abril nos asignan la cuenta del IPN”.
La empresa no sólo libró sus líos fiscales, sino que un año después, la misma gestora y el líder sindical volvieron a maniobrar para tratar de obtener de nuevo el contrato en el IPN.
En un mensaje enviado el 3 de febrero de 2016 desde su correo mars@kasper.com.mx, Reyes Saldívar se dirigió a Estela con extrema confianza para urgirla a que se moviera para conseguir el contrato, y le hizo llegar la siguiente nota para una reunión de negociación que tendría al día siguiente con autoridades del IPN:
“En este contrato se ejerce un presupuesto anual de 250 millones de pesos con IVA. La empresa con la que actualmente préstamos el servicio es REISCO. El contrato tuvo vigencia del 16 de abril al 31 de diciembre de 2015, fue ampliado (20%) de acuerdo con la ley para el periodo 1 de enero al 22 de febrero de 2016”.
Al final, el líder sindical enlistó los nombres de los funcionarios de los que dependía la asignación del contrato: Dr. Enrique Fernández Fassnacht, director de la institución; Francisco Javier Ayala, secretario de administración y el maestro Juan Vera Romero, director general de Recursos Materiales.
A los 17 días de ese correo, uno de los funcionarios enlistados (Juan Vera) firmó el fallo mediante el cual se asignó a REISCO el contrato de limpieza del IPN, por 148 millones 800 mil pesos.
El 5 de marzo de 2017, por tercer año consecutivo, el IPN volvió a asignar otra vez el contrato a REISCO, por un monto superior a 150 millones de pesos.
