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- Carta de 5 puntos de Mexicanos Contra la Corrupción
- La PGR es parte y dirigirá las pesquisas del caso
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer su posición respecto a la investigación por los casos de espionaje expuestos por The New York Times, en un documento de cinco puntos en los que expone la necesidad de que participe un grupo de expertos independientes; se reproduce a continuación el texto de la organización social, y sus antecedentes.
La filtración de documentos sobre la adquisición de Pegasus por la PGR confirma la necesidad de que se incorpore un Panel Independiente a la investigación.
El día de ayer diversos medios de comunicación revelaron documentos sobre la adquisición del spyware Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República
Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos el Informe #GobiernoEspía expresamos:
- Sin ser prueba suficiente para excluir la posible adquisición del spyware Pegasus por otras instancias del Gobierno Federal, los documentos sí comprueban que PGR adquirió y cuenta con esa tecnología -como lo documentó el Informe #GobiernoEspía- por lo que se confirma la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y el uso que la institución le dio al malware adquirido.
- Dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Reiteramos que las diligencias y medidas que hasta ahora ha anunciado unilateralmente la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no constituyen garantías de independencia adicionales. A este respecto, saludamos los Puntos de Acuerdo promovidos en el Congreso de la Unión por la mayoría de los partidos -exceptuando al PRI y al PVEM- que han llamado a una investigación con estas características.
- Es indispensable que los funcionarios de la PGR que firmaron los documentos que se han hecho públicos, así como aquellos que fungieron como sus superiores jerárquicos en esas fechas, sean llamados a declarar para que aclaren el uso que dieron al malware Pegasus. Estas declaraciones deben hacerse ante la presencia del Panel de Expertos y Expertas Independientes pues de realizarse sólo por FEADLE antes de que se incorpore esa garantía extraordinaria de independencia, no habría condiciones para que dichas diligencias se conduzcan con autonomía real.
- Es fundamental que a la brevedad se transparenten todos los contratos -y demás documentos relacionados con los procesos de contratación- de tecnología de espionaje realizados por PGR con NSO Group y otros proveedores similares, pero también los realizados por otras dependencias que pudieron haber adquirido spyware. Puesto en duda el correcto uso del malware, corresponde transparentar los documentos y garantizar la máxima publicidad. La filtración anónima de contratos en medios de comunicación no subsume ese deber elemental de rendición de cuentas a cargo de la Presidencia de la República, hasta hoy ignorado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales debe ejercer proactivamente sus facultades en este rubro.
- Ante los nuevos casos de espionaje documentados por Citizen Lab, que confirman un posible uso extensivo y sistemático de spyware, reiteramos nuestras dos exigencias básicas: que se permita la intervención de un Panel Independiente de Expertos en la investigación a cargo de PGR y que se transparenten los contratos y documentos sobre Pegasus. A la fecha, estas dos exigencias no han sido atendidas: no hay un esquema de supervisión independiente sobre la investigación y los contratos no se han transparentado, prevaleciendo la opacidad hasta el extremo de que la FEADLE ni siquiera ha accedido a los convenios referidos.
Antecedente
El 25 de junio Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer una investigación de Mathieu Tourliere, de la revista Proceso y de Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, de MCCI, en la que se puso al descubierto a las empresas que vendieron al gobierno mexicano los sistemas de inteligencia utilizados para espionaje. Se reproduce a continuación.
La mano israelí: el entramado del espionaje
Balam Seguridad Privada, una empresa nacida en mayo de 2012 a la par de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, se convirtió en dos años en la proveedora número uno de sistemas de inteligencia y seguridad del Gobierno federal, incluido del software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group. El dueño de esa comercializadora tiene conexiones con la élite priista: su tío Guillermo Ruiz de Teresa es coordinador de Puertos y Marina de la SCT, exlíder del sector popular del PRI y junto con Emilio Gamboa, su padrino político, fue protagonista del desvío millonario del Pemexgate.
Para convertirse, en menos de dos años, en una de las principales empresas proveedoras del gobierno federal en sistemas de inteligencia y seguridad, la empresa Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., sus dos jóvenes socios adoptaron una exitosa estrategia comercial: mientras Asaf Zanzuri conseguía las tecnologías con empresas de Israel –país del que es originario–, Rodrigo Ruiz Treviño abría las puertas de las agencias de seguridad.
Los lazos familiares de Ruiz lo relacionan con la élite política del país: es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, un amigo cercano del senador priista Emilio Gamboa Patrón y coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El primero escaló en la política siempre de la mano y a la sombra del segundo, y ambos han estado juntos incluso en momentos difíciles, como en el caso Pemexgate, pues participaron en la estructura ilegal de financiamiento a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida.
Aunque en el organigrama de la dependencia aparece como coordinador de área, Ruiz de Teresa tiene el rango de Subsecretario, con una percepción bruta de 161 mil pesos mensuales; de hecho, en la reestructura que se proyecta para la SCT, se planteó elevar su dependencia a Subsecretaría de Puertos.
Antes de fundar Balam Seguridad Privada –el 15 de mayo de 2012– y convertirse en proveedor oficial, Rodrigo Ruiz de Teresa sólo tenía experiencia en el negocio de los restaurantes y los bares, y presumía en las redes sociales su vida de “Mirrey”. Zanzuri, por su parte, había trabajado en la industria del espionaje en Israel y Europa, según su currículum.
Balam es una de las empresas intermediarias que vendió al gobierno mexicano el polémico software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y cuyo propósito es infectar teléfonos celulares a través de mensajes de texto, para tomar el control del aparato, incluido su micrófono y cámara.
Y no sólo esto: la revista Proceso reveló en julio de 2015 que Balam Seguridad Privada –y su filial Grupo Tech Bull– surtieron a diversas agencias de seguridad mexicana con material de intercepción, e incluso un centro de mando desarrollado por Elbit, una de las principales compañías de Defensa de Israel.
Estas agencias incluían la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal (PF) y “una gran cantidad de Procuradurías, incluyendo el Estado de México”.
El 6 de febrero de 2014, Balam Security incluso sirvió de intermediario en la venta de dos aviones de espionaje Dominator XP –fabricados por Aeronautics Ltd– a las Fuerzas Armadas de México. El negociador del contrato fue Zanzuri.
Este semanario también reveló, en el marco de la investigación global Panama Papers, que a inicios de 2015, los socios Ruiz y Zanzuri pretendieron abrir dos fideicomisos en Nueva Zelanda –The Diamond Trust y The Sapphire Trust– y una compañía en Holanda para evadir sus obligaciones fiscales y mover dinero desde cuentas abiertas en Suiza.
Para ello, recurrieron a los servicios del despacho panameño Mossack Fonseca y del abogado mexicano Alejandre Doporto, ambos especializados en la incorporación de estructuras offshore.
En caso de una investigación por las autoridades, aparecerían como directores de los fideicomisos solo empleados de Mossack Fonseca en Nueva Zelanda. Para ello, han creado desde hace años atrás una firma llamada Orion Trust; se trata de la misma oficina puesta al servicio de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.
El enlace
A finales de 2014, un empleado de Balam Security se comunicó con la empresa italiana Hacking Team, una empresa rival de NSO Group en el desarrollo de programas espías para gobiernos, y le informó que Balam Security representaba “una gran cantidad de empresas israelíes porque uno de los propietarios, Asaf Zanzuri, es de Israel”.
Los archivos internos de Hacking Team, que Wikileaks publicó en julio de 2015 –entre ellos miles de correos electrónicos–, muestran que Rodrigo Ruiz era el enlace de la empresa con agencias del gobierno.
En un correo electrónico fechado el 29 de noviembre de 2014, un intermediario israelí llamado Eric Banoun presentó a Rodrigo Ruiz de Teresa como “uno de los mayores jugadores hoy en el campo de las soluciones de inteligencia en México”, e informó que el hombre era el principal negociador con la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam.
En aquél entonces, Balam se encontraba en una situación difícil: había vendido –y cobrado—a la PGR por la venta de un paquete de 500 infecciones del sistema Pegasus. Sin embargo, cuando NSO se enteró que la venta se había concretado, aumentó sus precios en un 50%. Balam buscó de emergencia una solución que permitiera sustituir Pegasus; se acercó con Hacking Team, que desarrollaba el sistema Remote Control Systems, capaz como Pegasus de tomar el control de los dispositivos móviles.
De acuerdo con el periódico Reforma, pese a una serie de problemas, Balam finalmente pudo vender Pegasus a la PGR. El presupuesto asignado para esa compra fue de 148.5 millones de pesos, pero el costo pudo ser mayor. En septiembre de 2016, el diario The New York Times informó que el gobierno mexicano había pagado 15 millones de dólares en 2014 por el sistema de espionaje, equivalente a 202 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces.
Según los correos de Hacking Team filtrados por Wikileaks, Rodrigo Ruiz también intervenía en la negociación para abastecer equipos de seguridad a por lo menos cinco estados de la República: su correo electrónico apareció en la negociación de contratos para el Estado de México, Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán, aunque no se precisa si las ventas se concretaron.
En la sombra de Gamboa
Guillermo Ruiz de Teresa, el tío de Ruiz, tiene mucha influencia en los círculos políticos. Hace 17 años, estuvo involucrado en el desvío de fondos del Sindicato Petrolero a la campaña presidencial del PRI, en el caso Pemexgate. Aquel escándalo de corrupción tuvo otro protagonista: Emilio Gamboa Patrón.
Ambos personajes, a quien los une una amistad de décadas, crearon casi a la par dos asociaciones civiles que sirvieron como ‘fachada’ para traspasar por lo menos 500 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Petroleros (STPRM) a la campaña del PRI del año 2000. Las asociaciones compartían el mismo objeto social, domicilio y secretario técnico: Jorge Cárdenas Elizondo, tesorero del PRI en la campaña presidencial del 2000 y principal señalado del desvío de fondos en el Pemexgate.
En aquellos días, Ruiz de Teresa y Gamboa también ostentaban doble cargo en el PRI: el primero era a la vez secretario general adjunto y secretario particular del candidato a la Presidencia, Francisco Labastida Ochoa, mientras que el segundo era secretario técnico del consejo político nacional y coordinador de gestión de la campaña presidencial.
Pese a las pruebas y testimonios, este caso de corrupción nunca fue castigado, y dos de los principales involucrados continuaron ascendiendo en su carrera política.
El PRI perdió la elección del año 2000, pero los dos amigos garantizaron posiciones políticas. Gamboa se volvió senador, luego diputado federal y de ahí pasó a la Secretaría general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), organismo en el que también encontró cobijo Ruiz de Teresa como secretario de Comunicación, coordinador ejecutivo y secretario adjunto.
En septiembre de 2009, Gamboa ayudó a su amigo a llegar al Congreso federal, en una maniobra que se convirtió en un escándalo nacional: la renuncia colectiva de diputadas para ceder su lugar a sus suplentes. Yulma Rocha, quien venía de ocupar una diputación local en Guanajuato, cedió su posición en el Congreso federal a Guillermo Ruiz de Teresa, quien pese a ser oriundo de la ciudad de México, declaró ser residente de San Miguel de Allende, donde tiene una casa de descanso.
La vigente amistad de Ruiz de Teresa y Gamboa quedó de manifiesto en octubre de 2016, cuando ambos políticos fueron sorprendidos cuando bajaban de un helicóptero que había aterrizado en el área natural protegida Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán, para ir de paseo con el empresario Emilio Díaz Castellanos, contratista del Gobierno y dueño de la aeronave.
Un grupo de lugareños tomó imágenes de los visitantes. El video se viralizó en redes sociales en medio de protestas de grupos ambientalistas. Ruiz de Teresa se justificó al decir que había ido de paseo no como funcionario, sino como amigo del empresario yucateco, quien por cierto desarrolla en el sureste del país proyectos de infraestructura portuaria.
El “Mirrey”
Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño no mantiene el bajo perfil que se podría esperar de un empresario dedicado a un negocio marcado por el sello de la secrecía y de la inteligencia militar. Todo lo contrario: el hombre de 35 años, nacido en San Miguel de Allende, presume una vida de lujos al estilo “Mirrey”, que adoptan algunos integrantes de la clase pudiente de México.
Acostumbra aparecer en revistas de sociales –una de ellas lo retrató como “uno de los empresarios más guapos de México” y recordó su amorío con Anahí Puente, ahora primera dama de Chiapas– e inunda sus cuentas de redes sociales con fotografías de él practicando sus hobbies –el golf, entre otros–, exhibiendo sus vacaciones en sitios de lujo o alardeando de su cercanía con personajes famosos.
El 26 de junio de 2012, incluso, el joven publicó una fotografía en la que luce con la camisa desabrochada y la mano izquierda sobre el hombro de Enrique Peña Nieto, entonces candidato presencial. Acompañó la imagen con la leyenda: “Aquí con mi próximo Presidente de México @EPN!!! #PeñaPresidente”.
Previo a fundar Balam Security y a surtir agencias gubernamentales en equipos de seguridad, Ruiz se dedicó a los negocios familiares. El 11 de octubre de 2007, su padre incorporó tres empresas en Manzanillo, Colima, en las que incluyó a sus hijos –entre ellos Rodrigo– y esposa como accionistas, según las actas constitutivas de estas empresas, consultadas en el marco de este reportaje.
Se trató de Operadora Moorea, S.A. de C.V., una empresa dedicada a la administración de bares y restaurantes, y a la organización de eventos; Diversiones Moorea, S.A. de C.V., especializada en la vida nocturna; y Centros de Negocios del Club, S.A. de C.V., cuyo objeto es la venta de ropa y distribución de diversos productos. En las tres empresas, el padre nombró a Alberto Ruiz de Teresa Treviño, el hermano mayor, como administrador único.
El año siguiente, el 19 de noviembre de 2008, que Rodrigo Ruiz cofundó la empresa Comercializadora Integral de Querétaro, S.A. de C.V., con tres amigos. Entre ellos destaca Enrique Fausto Zorrilla Vázquez Mellado, un empresario de su edad, quien presidió el Instituto Político Empresarial –una asociación civil perteneciente al PRI– entre 2010 y 2013.
De acuerdo con el registro público de la propiedad, Ruiz y Zorrilla son ahora los únicos dos accionistas de la empresa.
Empresa ‘de papel’
En la importación de equipos de Israel realizados en febrero y marzo de 2017, Balam Seguridad Privada reportó que su domicilio estaba en la calle Nebraska 157, interior 1, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.
Esta dirección conduce a un edificio corporativo de cuatro pisos, con vidrios polarizados. Ninguno de los diez nombres que aparecen en el interfono coincide con el de la empresa; sin embargo, al tocar el timbre cuya etiqueta dice “Piso 2 O2”, una mujer respondió con afirmativa a la pregunta “¿La empresa Balam Security?”.
La empleada esperaba la visita de un empleado de banco. Pero al enterarse que su interlocutor era periodista y buscaba a Rodrigo Ruiz, su tono cambió del todo. “¿Qué empresa me dijo que buscaba?… no somos”, sostuvo.
Se le recordó que ella misma había confirmado que era Balam Security. “Sí pero no es, yo me confundí, tenía yo otra referencia, pero nada que ver con eso”, dijo, con una risa nerviosa. Se despidió con un “adiós” seco. La puerta permaneció cerrada.
Balam oculta a otra compañía asentada en un bodegón vacío en San Luis Potosí, cuya única actividad comercial visible ha sido la importación de obras de arte de una lujosa red de galerías de Estados Unidos.
En junio de 2012, los dueños de Balam decidieron registrar el nombre de la empresa como marca comercial, y encargaron el trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) a la compañía CITELAE del Centro SA de CV, que tiene su domicilio en la calle Pedro Moreno 750, en San Luis Potosí.
Sin embargo, el domicilio corresponde a una bodega vacía, a una refaccionaria y a un pequeño local que vende alarmas para coches. El único rastro de la empresa es una pared con el nombre de CITELAE del Centro.
En un trámite realizado ante el IMPI, los representantes de la compañía aportaron otro domicilio: Pedro Moreno 911, también en San Luis, pero en esa dirección hay una bodega Aurrerá y una pollería, junto a una estación de gasolina.
Las plataformas Importgenious y Panjiva, especializadas en rastreo de transacciones de comercio exterior, reportan sólo una operación de esa misteriosa empresa ligada a Balam: el 25 de enero de 2013, CITELAE del Centro importó a través del aeropuerto de Toluca, piezas de arte con valor de 190 mil dólares, equivalente a 2.4 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.
Las piezas de arte las compraron en Martin Lawrence, la exclusiva cadena de galerías de Estados Unidos, que ha vendido obras de cotizados artistas, como Marc Chagall, Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso, Rembrandt, Renoir y Andy Warhol.
La esposa de Rodrigo Ruiz -dueño de Balam- es artista plástica.
