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Por Mtro. Adalberto Méndez López*
El reciente escándalo de los Panama Papers alertó al mundo sobre algo que, si bien no era desconocido ni del todo ilegal, como la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales y los beneficios tributarios que la incorporación de éstas generaba a sus socios o accionistas, confirmó la tendencia que a la fecha existe en el mundo de evadir el cumplimiento de la legislación fiscal y la transparencia en la rendición de cuentas.
Lo anterior no debe entenderse como un puritanismo exacerbado lejos de la realidad empresarial, ya que sólo se trata de una invitación a la reflexión acerca de la necesidad de una política de fiscalización efectiva. Por ejemplo, imagine el lector cuál hubiera sido la reacción si la información filtrada en los Papeles de Panamá hubiese versado sobre prácticas ilegales de contratación tendentes a perpetuar prácticas esclavistas y de explotación infantil o sobre la generación de negocios mediante el encubrimiento de ecocidios y crímenes de lesa humanidad, en lugar de simples omisiones en el pago de impuestos. ¿La comunidad internacional hubiera reaccionado de la misma manera, o hubiera sido mucho más enérgica en su condena?
No cabe duda que, ante este tipo de debates, ha surgido la necesidad de replantear las políticas de fiscalización actuales, y una vía que parece ir tomando fuerza es sin duda la construcción de una efectiva fiscalización mediante el respeto de los derechos humanos, sin embargo, es de obligada reflexión preguntarse si ésta puede o no ser viable.
Este cuestionamiento fue precisamente parte de las discusiones sostenidas en el pasado Foro Regional Asiático de la Organización de las Naciones Unidas sobre Negocios y Derechos Humanos celebrado en Doha, capital de Catar durante el mes de abril de este año, donde diversos expertos discutieron acerca de la necesidad de fiscalizar las actividades empresariales cuando éstas tengan o puedan llegar a tener una incidencia directa o indirecta en el respeto a los derechos humanos, siendo temas recurrentes a lo largo de dicho encuentro la situación de los trabajadores migratorios y las comunidades indígenas, la explotación infantil, el impacto ambiental de los proyectos de infraestructura, así como la responsabilidad penal de las corporaciones por graves violaciones a derechos humanos y las obligaciones de fiscalización en dichas materias.
Como consecuencia de lo anterior, en el Foro se señaló la necesidad de promover la implementación de diversas medidas, entre las que destacó el instrumento de Naciones Unidas conocido como los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, particularmente a través de su reciente Marco de Presentación de Información y Rendición de Cuentas (United Nations Guiding Principles Reporting Framework), el cual constituye una respuesta a la demanda del sector empresarial de especificar como debería implementarse las disposiciones de dicho instrumento, toda vez que el contenido resultaba bastante amplio y extenso en su redacción, por lo que este Marco de Presentación de Información y Rendición de Cuentas constituye una guía efectiva para que las corporaciones sepan cómo ejecutar dichas facultades de fiscalización en materia de derechos humanos.
El citado marco es una herramienta útil para el análisis de las políticas corporativas internas, a efecto de mejorar aquellas prácticas que pudieran ser nocivas a terceros, proporcionando la base para entablar un diálogo constructivo y conciliatorio entre los intereses de sus inversionistas, de aquellos interesados por parte de la sociedad civil y, sobre todo, de los grupos que se hayan visto directamente afectados por las operaciones de las empresas.
También define con exactitud los lineamientos generales bajo los cuales, tanto los Estados como las empresas, deberán trabajar para implementar adecuadamente una política corporativa enfocada al respeto de la persona. Los ejes rectores son los de promoción (fomento de una cultura de derechos humanos), respeto (los Estados y las empresas deberán abstenerse de violentar los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas de sus acciones de manera conjunta) y remediar (garantizar la protección del Estado a toda persona contra las violaciones cometidas por terceros, incluidas las empresas).
En adición a este instrumento, en los últimos años también se publicaron diversos documentos de impacto internacional relativos al tema de rendición de cuentas, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP por sus siglas en inglés) emitió el reporte denominado “El Sistema Financiero que Necesitamos: Alineando el Sistema Financiero al Desarrollo Sostenible”, documento que propone un catálogo de opciones políticas cuyo objetivo es cambiar gradualmente la eficacia del sistema financiero mediante la movilización de capital hacia las economías verdes e inclusivas y bajo la óptica del desarrollo sostenible.
Algunos de los ejemplos referidos en dicho documento son los relativos a la información sobre acciones, en donde se mencionan prácticas como la de la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) y la Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) en Sudáfrica y Brasil, respectivamente, que fueron dos de las primeras en exigir la divulgación de información sobre sostenibilidad de las empresas que coticen en ellas; asimismo, con respecto a la información sobre sostenibilidad en los análisis de mercado, el PNUMA en su informe refirió que Standard & Poor’s Ratings Services identifica al cambio climático como una importante tendencia que influye en los bonos de deuda soberana, mientras que con relación a la integración de los riesgos ambientales en la reglamentación financiera, el informe hizo alusión a los reglamentos bancarios brasileños que exigen la gestión de los riesgos sociales y ambientales.
A principios de 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con la Organización No Gubernamental Internacional OXFAM, elaboraron un documento titulado “Tributación para un Crecimiento Inclusivo”, el cual parte de la premisa de que un factor determinante para eliminar la desigualdad económica en América Latina es acabar con los sistemas tributarios inadecuados que a la fecha persisten en la mayoría de los países de la región, terminando con prácticas como la evasión fiscal, con el objetivo de mejorar la recaudación de impuestos para aumentar los ingresos tributarios que, a la fecha, se pierden por las deficientes políticas de tributación y fiscalización, buscando así aumentar la inversión pública para reducir la desigualdad y garantizar el acceso a servicios públicos de calidad en el sector salud, educativo, de transporte e infraestructura en general.
Así, fomentar una cultura de cumplimiento y rendición de cuentas basada en el respeto a los derechos fundamentales, no debe verse como un requisito que obstaculice la inversión y el libre mercado. Por el contrario, ésta constituye una gran oportunidad para aumentar la rentabilidad de las corporaciones y fomentar la creatividad del sector empresarial en la provisión de productos y servicios mediante el diseño de políticas corporativas socialmente responsables basadas en el respeto a la persona, pero sobre todo que abonen a la construcción de una sociedad más transparente e incluyente.
*Consultor en materia de Derechos Humanos y empresas; Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y del Programa de Maestrías en la Escuela de Trabajo Social de la SUNY University al Buffalo, Nueva York, EUA.
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