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La creación de una red compartida de telecomunicaciones que comercialice servicios móviles de forma mayorista en el mercado es uno de los mayores cambios que trajo la reforma de telecomunicaciones aprobada en 2013 por las autoridades mexicanas. No obstante, existe gran desconocimiento sobre el verdadero alcance que tendría esta red o los parámetros bajo los que tiene que operar.
El mandato para la creación de una red compartida mayorista para la oferta de servicios móviles se encuentra en el Artículo 16to Transitorio de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los parámetros que impone este artículo sobre bajo qué condiciones debe operar la red compartida se destacan los siguientes:
- Contemplar “el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda de 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”;
- Asegurar “que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red”;
- Operar “bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos; y
- “Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida.”
La red mayorista es un mandato constitucional. A menos que se modifique la Constitución, el proyecto de la red mayorista tiene que cumplir con estos principios. Cualquier plan de negocios que vaya a ser definido por el gobierno y el socio privado a ser determinado tiene cumplir con lo que dicta la Carta Magna del país.
Es por esta razón que el anuncio sobre la reducción en el monto de dinero requerido para el Proyecto de red mayorista de 10 mil millones de dólares a 7 mil millones de dólares ha sido interpretado como una admisión de fracaso por parte del gobierno mexicano. Una revisión más cercana a las palabras emitidas por el gobierno muestran que en realidad, lo que se anuncia es una reducción al alcance de la red mayorista de 20,000 radio base LTE en 700 MHz destinados a brindar cobertura a más del 98 por ciento de la población del país a 12,000 radio bases LTE en esta misma frecuencia.
Para comprender cuál es el alcance geográfico que un operador puede tener con 12,000 radio base en 700 MHz hay que considerar que en esta frecuencia la propagación de onda es superior a la de cualquier otra que ya ha sido asignada en México (850 MHz, 1900 MHz o AWS) para la oferta de servicios móviles. Por lo que con 12,000 radio bases se puede contar con una cobertura superior a la de cualquier operador móvil que esté ofreciendo servicios en estos momentos.
En la actualidad, la cobertura que ofrece en México Movistar se logra con cerca de 11,000 radio bases y la de Telcel con cerca de 13,000 radio bases. Como punto de contraste, en Brasil, donde se utilizan frecuencias más altas que en México (850 MHz, 1800 MHz y 2600 MHz), con 15,848 radio bases se llega a cubrir el 88.6 por ciento de toda la población de ese país.
Como se puede inferir, el gobierno mexicano no debería tener problemas de cobertura geográfica con el despliegue de 12,000 radio base. Esto no implica que el modelo de negocio de la red mayorista tenga asegurado un retorno de inversión positivo en un periodo de diez años. Esta parte ya dependerá de la implementación y comercialización de servicios para los interesados en entrar a México como operadores móviles virtuales y a las empresas ya presentes en el mercado.
Independientemente de las condiciones que finalmente especifique el gobierno en términos de tiempos y cronograma de cobertura de la red mayorista, se necesita asignar más espectro radioeléctrico para servicios móviles. Este proceso debe ser transparente, abierto y no discriminatorio para operadores entrantes interesados y/o ya establecidos en el mercado.
Por José Otero, director para América Latina y Caribe de 4G Americas.
