Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 59 segundos
México (PL).- Las neveras de hortalizas y vegetales denotan abundancia en las
grandes cadenas de supermercados de Estados Unidos como WalMart, todo un
símbolo del consumo.
Pero detrás de esta imagen promisoria del capitalismo están los jornaleros
agrícolas mexicanos, en su mayoría indígenas y migrantes en su país, rostros
de la pobreza y explotación.
Son los invisibles, olvidados, entrampados en los ciclos de cosecha y su
ancestral pobreza que les obliga a emigrar desde los estados de Oaxaca,
Chiapas, Veracruz, Michoacán, entre otros, hacia los del norte del país,
donde empresas nacionales y extranjeras producen principalmente para el
mercado norteamericano.
Así ocurre en el valle de San Quintín, en la entidad federal de Baja
California, donde se levantan grandes ranchos vinculados a las cadenas
comerciales estadounidenses, a las que abastecen de tomate, fresa, pepino,
cebolla, frambuesa, mora y otros productos cosechados por hombres, mujeres y
muchas veces niños mal pagados y que laboran y viven en condiciones
indignas.
De esta manera lo califica Jesús Carmona, representante de la organización
civil Respuesta Alternativa, quien dijo a Prensa Latina que la mayoría de
los jornaleros mexicanos sufren la explotación laboral, en particular los
migrantes indígenas.
Son familias enteras que se trasladan en busca de trabajo y provienen de
comunidades donde imperan la pobreza, la ausencia de servicios y
oportunidades. Se trata de una situación casi invisible, pero que cobró
notoriedad hace unas semanas con las protesta de trabajadores agrícolas de
Baja California.
Muchos de estos migrantes proceden de zonas paupérrimas de Oaxaca, en el
suroeste; de comunidades donde no hay agua, trabajo ni comida, como
refirieron integrantes de una familia de jornaleros que han recorrido
durante 30 años diversos estados del país.
“Nos movemos adonde haya trabajo, tenemos que pagar por el alquiler de un
cuarto, por el agua, la comida y nos pagan salarios de miseria”, dijo un
miembro de ese núcleo familiar que pidió el anonimato en prevención de
amenazas y daños provenientes de los contratistas e incluso de grupos del
crimen organizado.
Margarita Nemecio, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, en el
estado de Guerrero, apuntó que la insalubridad,
desnutrición, bajo nivel escolar y otros males aquejan a los menores de
estas familias, quienes no escapan a la explotación laboral.
Aseguró que tales condiciones, que calificó de nueva forma de esclavitud, se
repiten en más de una veintena de estados del país ante la apatía e incluso
complicidad de autoridades estatales e inercia de las federales.
La Secretaría del Trabajo conoce de esta situación, apuntó la doctora
Antonieta Obregón, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México, quien catalogó como brutales las condiciones en que
viven y laboran los jornaleros migrantes en el país.
Obregón es una estudiosa del tema desde hace más de dos décadas y asegura
que servicios de salud y otros que protegían los derechos de esos
trabajadores han desaparecido al ritmo de las reformas de corte neoliberal.
Para la directora de la revista Siempre y dirigente política del Partido
Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno), Beatriz Paredes, el paro
laboral y las protestas en San Quintín pueden derivar en otro Ayotzinapa, en
referencia a la conmoción nacional que provocó la desaparición en septiembre
pasado de 43 normalistas en Iguala, estado de Guerrero.
“Acusan a los dueños de las empresas agroindustriales de darles trato de
esclavos, de obligarlos a trabajos forzados, de no pagarles horas extras, de
no atender sus derechos sociales; incluso de abuso sexual, discriminación y
trata de esclavos”.
Así lo suscribió Paredes en su editorial, en el que afirmó
que en esa situación se encuentra el 89 por ciento de los braceros. “Para
decirlo de otra manera, los campesinos trabajan a destajo, en condiciones de
explotación, para satisfacer el hambre de los ricos”, subrayó.
En el valle de San Quintín, en el municipio Ensenada de Baja California,
laboran unos 80 mil jornaleros de los que alrededor de la mitad son triquis,
mixtecos y zapotecos de Oaxaca, uno de los estados más deprimidos del país.
Fidel Sánchez, de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal
por la Justicia Social, denunció que el precio de la canasta básica en la
región es de mil 700 pesos (unos 120 dólares, mientras el ingreso promedio
de los peones es de 700 pesos (menos de 50 dólares).
Allí y en otros estados adonde se mueve el ejército de jornaleros migrantes
muchas veces el único sitio para comprar los víveres es la tienda del rancho
o empresa, con precios inflados y mediante vales que resultan una estafa
para esas familias.
Según la Red de Jornaleros Internos, en todo México hay más de dos millones
de trabajadores en los campos. Un 60 por ciento son migrantes indígenas
provenientes de los estados más pobres.
Afirma que además de los dos estados de la península de Baja California, se
sobreexplota la mano de obra agrícola en Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz, entre otros.
En el valle de San Quintín operan unos 26 grandes agronegocios, propiedad de
empresas nacionales y extranjeras. Más del 70 por ciento de la producción va
al otro lado de la frontera, a las vitrinas y neveras de WalMart y otras
cadenas comerciales, donde la opulencia y el consumo esconden la miseria de
millones de jornaleros mexicanos.
Por Orlando Oramas León, corresponsal de Prensa Latina en México.
