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El gobierno federal debe sancionar severamente a los responsables de obligar a trabajadores jornaleros a laborar en condiciones precarias y con bajos sueldos en diferentes entidades del país, de acuerdo con un punto de acuerdo aprobado por el pleno del Senado de la República.
Igualmente, pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre la violación a las familias rescatadas que estaban en un régimen laboral de sobreexplotación y trato inhumano.
El punto de acuerdo también pide al ejecutivo federal adopte las medidas necesarias para profundizar acciones y políticas públicas que eviten las vejaciones, sobreexplotación y violaciones de los trabajadores y sus familias.
En días pasados, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social descubrió y denuncio en Baja California y Colima a trabajadores jornaleros y sus familias que eran sometidos a tratos laborales inhumanos y con salarios fuera de la ley.
Durante la sesión de este día, el senador de Baja California y líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), rechazó que su organización gremial sea responsable de esta situación.
“Las personas perjudicadas por violación a sus derechos laborales están sujetas al contrato de protección, que son simulación de relaciones colectivas de trabajo, porque los trabajadores desconocen a qué sindicato pertenecen y quién es el dirigente sindical”, destacó el legislador.
Se manifestó a favor de que la autoridades les garantice a estos trabajadores a organizarse libremente, de redactar sus estatutos, de elegir democráticamente su mesa directiva y de elegir –si ellos lo quieren- a qué organización o a qué central sindical pertenecen.
Es importante que todas las autoridades: municipales, estatales y federales vigilen esta trasparencia de organización, “porque de otra manera se va a quedar en un punto de acuerdo y nada más, y hace falta que los propios trabajadores ejerzan su derecho que está plenamente establecido en la Constitución”.
Por su parte, el senador de Nayarit y líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Manuel Cota Jiménez, expuso ante el pleno que los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo, que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo.
Apuntó que debido al desigual desarrollo entre las regiones de nuestro país, muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo y en muchos casos, lo hacen acompañados de sus familias.
“Existen unas 405 mil familias en constante movilidad, desplazándose en busca de oportunidades laborales”, destacó.
De acuerdo con cifras presentadas en el informe Migrantes Somos y en el Camino Andamos, tres y medio millones de personas son migrantes internos, de los cuales, la mayoría es de origen indígena, expuso.
Añadió que con base en la estadística más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se estima que hay dos y medio millones de jornaleros, de los cuales, cerca de 700 mil son migrantes, sin contar a los miembros de la familia que los acompañan, señala el Programa de Jornaleros Agrícolas.
Reconoció que por la escasa preparación educativa de estos jornaleros agrícolas y su pobreza, generalmente son víctimas de abuso por parte de los empleadores de mano de obra, quienes vulneran los derechos humanos y laborales de estas personas.
Manifestó que el Senado de la República no debe ser ajenos a esta problemática, “tenemos la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley laboral, misma en la que nos correspondió colocar en la reforma estructural un importante apartado de jornaleros agrícolas”.
