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El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, anunció que la discusión, prevista para mañana, de la Ley General del Agua se difiere hasta nuevo aviso, para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación que han hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera para confundir a los demás.
En conferencia de Prensa, dijo que es muy sano que la Cámara de Diputados abra ese espacio y que se identifique perfectamente lo que puede ser el valor de la citada ley, tan necesaria e indispensable.
Insistió en que se podrán identificar aquellas expresiones y aquellas observaciones o desinformación que esté en el ambiente, “para aclararlas y junto con ello resolver también lo que es nuestra obligación, un dictamen que crea la Ley General de Aguas”.
El jueves pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció el dictamen que dice que en los últimos años, la disponibilidad per cápita del vital líquido en México ha ido disminuyendo por la concentración de la población en localidades urbanas y por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos como la sequía.
Señala también que con esta ley se pretende encaminar al país hacia la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídricas a través de un esfuerzo gubernamental, social y privado.
De acuerdo con el dictamen presentado por las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos, dicha legislación norma la participación de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la ciudadanía para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como regular las aguas nacionales.
Asimismo, enlista funciones conjuntas y atribuciones en materia de regulación y prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, de acuerdo con su competencia constitucional.
Establece las disposiciones en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento del agua. Una de las novedades es la regulación del trasvase.
En cuanto al uso doméstico, la ley fija una excepción al trámite de concesión, a fin de garantizar el derecho humano al agua cuando se realice por medios manuales.
Se establece un Título Décimo denominado “Financiamiento del Sector de los Recursos Hídricos”, a través del cual se busca que, atendiendo a criterios de sustentabilidad, eficiencia económica y equidad, se obtengan los recursos suficientes para el desarrollo y sostenimiento del sector.
Para ello, indica el dictamen, se busca que con los recursos captados, gestionados y asignados, se garantice el derecho humano al agua, y resulten suficientes para cumplir con los fines de la Ley, a través de la gestión integrada de los recursos hídricos, la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios relacionados.
Los partidos de izquierda han manifestado su rechazo a dicha ley por considerar que está encaminada a privatizar el líquido, en perjuicio de la mayoría de la población.
La diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, declaró que hay que tres puntos del dictamen: la constitucionalidad de la ley, la privatización que también tiene que ver con la constitucionalidad de la ley, que es el acceso de las personas y su consumo mínimo y sobre atribuciones que permitiría que Conagua secuestre el uso de las aguas en este país.
“Uno de los preceptos importante de la constitución es que el Estado está obligado a ofrecer este líquido a la población, quisiera saber exactamente por qué esta ley abre la posibilidad de que a muchos municipios no les llegue el agua y no existen presupuestos para llevarles agua hasta las sierras y es necesario que llegue ahí, esto también es ir en contra del ser humano”, dijo la legisladora.
Edgar Amigón
