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Opinión,
Salvador Saragoza
La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal “Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, los pasados 26 y 27 de septiembre y el posterior hallazgo de fosas clandestinas han dejado al descubierto nuevamente que la violencia y la inflitración del crimen organizado en los distintos órdenes de gobierno, no se habían ido o explicado de otra manera, ahí permanecía, crecían y se enquistaba más tras la estrategia del gobierno federal de cambiar radicalmente el discurso en donde una serie de Reformas Estructurales serían la piedra angular para que este país diera un giro al primer mundo.
Pero la realidad de este país nos dice otra cosa. La ola de violencia que ha aquejado a nuestro país desde hace varios años demuestra una vez más que la “barbarie” logra imponerse a cualquier tipo de discurso de que el país va bien, que va por buen camino o que se continúa “Moviendo a México”.
Y es que esa desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es sólo un botón de muestra de esa cruda realidad que vive México; y vayamos con los datos duros, desde el año 2009 se han encontrado fosas con cuerpos en 16 de los 32 estados, tanto en el noroeste, el occidente, el norte y el sur del país; es decir, en casi más de la mitad del territorio nacional, en estados gobernados por los grandes partidos: PRI, PAN, PRD, el hallazgos de fosas con cuerpos se han vuelto un común denominador del crimen organizado. Incluso el padre Alejandro Solalinde, promotor y defensor de los derecho humanos, ha llamado a nuestro país una “fosa común” en donde los mexicanos están solos porque no hay gobierno, “un gobierno inexistente, no es un gobierno que proteja. Es un gobierno que sólo administra los prblemas. Se cae el mito de que tenemos un gobierno. Cada postura de Peña Nieto, del secretario de gobernación, no son más que carotas que están hablando, máscaras vacías que no tienen fondo, que no tienen nada. Estamos solos, el gobierno no es capaz de gobernar”, resaltó el sacerdote.
Y así estamos plantados; muchos argumentan (me incluyo) que la mayoría de las muertes y descubrimientos de fosas son producto de la guerra contra el narcotráfico que inició el ex presidente Felipe Calderón en 2006 y quizá no estemos tan alejados de la realidad, pues es tal la cantidad de tumbas clandestinas que organizaciones civiles dicen que algunas partes del país son enormes cementerios e insisten en la faltra de resultados por parte de la autoridad para aclarar lo ocurrido en esos lugares.
Informes de la Procuraduría General de la República citado por el periódico Reforma señalan que en 8 años de han localizado más de mil 200 cuerpos en este tipo de fosas y sólo el 11 por ciento han sido identificados, especialemente con pruebas de ADN.
Y otro ejemplo con datos duros, es que no existe una cifra oficial de personas no localizadas, pues mientras la Secretaría de Gobernación señala que son 16 mil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que la cantidad es superior a 24 mil personas. Vaya cifras que demuestran una vez la gravedad en la que el gobierno se encuentra inmerso; el cual solicitó formalmente la asitencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender el caso de los estudiantes de Ayotzinapa en donde esa Comisión decidió otorgar medidas cautelares a las víctimas de los hechos de manera excepcional, por la urgencia que amerita y la gravedad de los hechos.
Distintos actores, organizaciones civiles y estudiantes han expresado su profundo repudio y apoyo a los familiares de los desparecidos. El HT #TodosSomosAyotzinapa se convirtió en uno de los temas más comentados en la red social Twiter; los estudiantes de diversas universidades (públicas y privadas) han realizado paro de labores en una forma legítima de protesta para que los normalistas desparecidos regresen a sus casas; diversas marchas en varias ciudades del país y del extranjero han gritado una sola consigna: “los queremos vivos”. Y claro que los queremos vivos, porque está en juego mucho de lo que esta sociedad ha ganado en Universidades, en espacios públicos, en libertades de expresión. Está en juego la propia credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, de los tres órdenes de gobierno y de los principales partidos que gobiernan este país.
Los ecos internacionales no se han hecho esperar; los medios de comunicación han dado cuenta de lo que pasó en Iguala y nuevamente colocaron en las agendas públicas que la violencia en México nunca se había ido y que esa “barbarie” ha comenzado a empañar y diluir la estrategia del Gobierno Federal por convencer de que México es un país mejor y más próspero. Lo cierto parecer ser es que nadie riden cuentas y esa es la historia nuestro país.
*Productor y Locutor.
Correo electrónico: szaragozaa@gmail.com / twitter.com/SalvadorZA
