Derechos humanos, factor clave para la economía

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Salvador Zaragoza Andrade*

Derechos humanosLa lucha por los derechos es sin duda un talón de Aquiles para todos los gobiernos. A diario conocemos casos donde esos derechos son vulnerados por autoridades y se menosprecia algo tan elemental para la convivencia humana. En este mismo espacio hemos denunciado cómo esos derechos humanos se han visto mermados desde el propio poder y hemos documentado cómo organismos como Amnistía Internacional ha hecho un llamado al gobierno federal para revisar de manera puntual la defensa y lucha por los derechos humanos.

Precisamente, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, en el cual se integra una serie de objetivos, que a decir del gobierno, consisten en lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

Peña Nieto afirmó que con este programa se ampliará y fortalecerá “la capacitación de los servidores públicos, así como que en cada secretaría de Estado se fortalecerán los mecanismos internos de evaluación y adoptarán disposiciones reglamentarias para prevenir violaciones a los derechos humanos”. El presidente también se refirió a que su gobierno seguirá combatiendo prácticas inaceptables violatorias de la ley, como las desapariciones y la trata de personas, las cuales deberán ser investigadas y sancionadas conforme al nuevo marco normativo actuales.

Y es precisamente en este punto donde la cosa parece complicársele al gobierno federal. Tan sólo datos oficiales ofrecidos por el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirman que en el país la cifra de personas desaparecidas supera en México alrededor de 16 mil.

Y más datos duros, de acuerdo con un reporte de la Asociación Alto al Secuestro, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2014 se cometieron 4 mil 383 secuestros, lo que significó que en promedio cada tres horas una persona fuera privada de su libertad. Valdría la pena recordar que debido al incremento de este delito, la Secretaría de Gobernación endureció las leyes para combatir el secuestro, reformando la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y el Código Penal Federal, con lo que se duplicaron las sanciones contra quienes cometan el delito de privación ilegal de la libertad.

También en ese reporte se señaló que Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Estado de México y el Distrito Federal son los estados que rebasaron la tasa nacional de secuestros por cada 100 mil habitantes, el cual es del 3 por ciento; siendo las entidades con mayor número de secuestros: Estado de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal y Veracruz, en donde se registran en total el 66 por ciento de los casos.

Sin duda, estos delitos tienen como patrón crónico la impunidad y las cifras nos muestran una vez más que no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar el paradero de las personas desaparecidas, ni para sancionar a los responsables.

El propio presidente señaló en la presentación de ese Programa Nacional de Derechos Humanos que el objetivo es “transitar del reconocimiento de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las personas, a una política de Estado que garantice en la práctica su efectivo cumplimiento”.

Prueba de estos dichos son los cumplimientos a las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en especial para las Fuerzas Armadas y Ejército y las reservas a artículos de cinco tratados internacionales para ampliar la protección a los derechos fundamentales, según el mismo Peña Nieto.

Y sí, al final cumplir a cabalidad estos objetivos que se plantea el gobierno, significaría entonces transitar a un verdadero estado democrático en el que se consolide el Estado de Derecho y en el que verdaderamente se impulse el pleno respeto y la garantía a esos derechos humanos. Nada fácil la tiene el gobierno.

Michoacán

En el número pasado le contaba que se respiraba cierta “calma” en Michoacán. Hoy tenemos nuevo gobernador: Salvador Jara Guerrero, quien fue designado como gobernador sustituto por el Congreso local tras la licencia que pidió Fausto Vallejo para retirarse del cargo por “motivos de salud”. En materia de seguridad, el Comisionado Federal, Alfredo Castillo Cervantes, es quien sigue moviendo los hilos y anunció la detención de José Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas de ese estado por portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Esta detención se dio luego de que el pasado 10 de mayo se estableció que no se permitiría más la presencia de grupos armados en Michoacán. Valdría la pena recordar que el 14 de abril se estableció por acuerdo con los líderes de las comunidades organizadas, incluidas el propio Mireles, que a partir del 10 de mayo no se permitirían más la presencia de personas civiles armadas, así como la portación de armas de grueso calibre.

Ya han salido distintos grupos de la sociedad a defender a José Manuel Mireles, afirmando que se trata de un preso político. El Doctor, como también es conocido, no ha estado de acuerdo con las decisiones que ha tomado Alfredo Castillo en materia de seguridad y ha dicho en público que protege a los grupos denominados como: Templarios. Hoy su suerte está en un penal por violar un acuerdo. Así la arista de Michoacán.

*Productor y Locutor

szaragozaa@gmail.com

twitter.com/SalvadorZA

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