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El gobierno del Distrito Federal concesionó la construcción y explotación de la Autopista Urbana Oriente a Concesionaria Urbana Arco Oriente, SA de CV, conformada por Cemex Concretos, SA de CV; Gami Ingeniería e Instalaciones, SA de CV; y Ascendi México, SA de CV, por 3 décadas. El proyecto se suma a las vialidades de paga en el Norte, Sur, y Poniente del Distrito Federal, que también fueron encomendadas a la iniciativa privada.
La Autopista Urbana Oriente, que habrá de iniciar su recorrido en el Distribuidor Vial Muyuguarda y concluye en la Calzada Ignacio Zaragoza, Distrito Federal, fue concesionada durante la administración de Marcelo Ebrard por un periodo de 30 años al capital privado.
Pese a que la construcción y explotación de la Autopista ya fue concesionada, la Manifestación de Impacto Ambiental, de apenas un tramo de la obra, fue retirada por las autoridades tras un foro realizado a petición de académicos e investigadores el 30 de julio de 2013, en donde los expertos dieron a conocer sus observaciones sobre el impacto ambiental que habría de causar la obra.
Luego del rechazo de la primera Manifestación, las autoridades esperan que la Concesionaria entregue un nuevo documento para su evaluación y con ello concluir el proceso administrativo e iniciar los trabajos de construcción.
Reservan detalles sobre la obra
A razón de atender la demanda de infraestructura vial en la zona; resolver los problemas de tránsito; ordenar la circulación de más de 4 millones de vehículos que viajan a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora, en horas de mayor demanda; y lograr una mejor movilidad, el 10 de diciembre de 2010, el gobierno del Distrito Federal declaró la necesidad de otorgar una concesión “a efecto de no comprometer recursos públicos” para diseñar, construir y explotar una vía periférica continua en los Carriles Centrales del Periférico Oriente.
Luego de la declaratoria, el 9 de noviembre de 2012, se otorgó el Título de Concesión a favor de Concesionaria Urbana Arco Oriente, SA de CV, conformada por Cemex Concretos, SA de CV; Gami Ingeniería e Instalaciones, SA de CV; y Ascendi México, SA de CV.
A petición del Consorcio, 14 días después, los exfuncionarios del gobierno capitalino (Jesús Orta Martínez, oficial mayor; Armando Quintero Martínez, secretario de Transportes y Vialidad; Fernando José Aboitiz Saro, secretario de Obras y Servicios; y Armando López Cárdenas, secretario de Finanzas) y los apoderados legales de la empresa (Joao Pedro dos Santos Dinis Parreira, Eduardo Acosta Lozano y Jorge Moreno Rojo) firmaron un documento modificatorio.
Expedidos por la Oficialía Mayor, los instrumentos y sus 13 anexos han sido reiteradamente negados por las dependencias capitalinas a quienes los solicitan a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
La divulgación de dicha información puede generar una ventaja personal e indebida en perjuicio del ente público o de terceros, como podría ser el concesionario; asimismo, podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios que utilicen dicha vialidad, aunado a que también se puede poner en riesgo a los usuarios de inmuebles cercanos”, argumenta la Oficialía Mayor en respuesta a las solicitudes.
En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, celebrada el 28 de enero de 2013, el gobierno del Distrito Federal clasificó la información como de acceso restringido en las modalidades reservada: por un periodo de 7 años y, confidencial: por tiempo indefinido.
(El texto completo aparece publicado en la edición impresa de Fortuna, número 130)
