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Emilio Godoy/IPS
El nuevo marco legal en México para la industria petrolera no profundiza el control del uso de químicos nocivos en la extracción de los hidrocarburos no convencionales, lo que hace temer a ambientalistas y expertos sobre el incremento de su consumo en una industria en apertura al capital privado.
Con la reforma energética “se va a agudizar el uso de químicos. Las nuevas leyes no lo abordan. Necesitamos saber qué se utiliza, porque si no, no conocemos las consecuencias. Por eso, queremos que se prohíba el fracking (fractura hidraúlica)”, señaló a IPS la activista Claudia Campero, del canadiense Proyecto Planeta Azul.
Un paquete de nueve iniciativas que incluyen el establecimiento de ocho nuevas leyes y reformas a otras 12 sobre hidrocarburos, agua, electricidad y fondos petroleros llegaron esta última semana de junio al plenario del Senado, tras ser discutida desde el día 10 por su Comisión de Energía.
El bicameral Congreso legislativo modificó 11 de diciembre de 2013 los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en lo que supuso la apertura a inversores privados, locales y extranjeros, de la exploración, extracción, refinación, transporte, distribución y comercio de hidrocarburos.
La reforma desmanteló las bases de la nacionalización de la industria, vigente desde 1938.
El análisis de proyectos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con reportes del Congreso de Estados Unidos y de la industria petrolera local, permiten dimensionar la utilización de químicos en la extracción de gas de esquisto o de lutitas.
Las perforaciones para obtener hidrocarburos incrustados en rocas subterráneas utilizan el método de fractura hidráulica, conocido también por el término inglés fracking, para así liberarlos a gran escala.
Ese proceso y la recuperación del gas exigen grandes volúmenes de agua y químicos, algunos nocivos. Además, la excavación y fractura horizontal generan enormes cantidades de residuos líquidos.
Por el proceso, estos residuos pueden contener químicos disueltos y otros contaminantes que requieren tratamiento antes de ser desechados, e igualmente durante según especialistas y organizaciones como la ambientalista Greenpeace.
El estudio de impacto ambiental de Pemex sobre el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007–2027, en los norteños estados de Coahuila y Nuevo León, describe que “los residuos líquidos generados serán lodos”.
Son desechos calificados como peligrosos por las propias regulaciones mexicanas y se componen principalmente de diesel, barita y bentonita, un coctel tóxico para la salud humana y el ambiente.
El documento indica que la perforación y fractura hidráulica requiere del uso de químicos nocivos como bentonita, cal, carbonato de calcio, cloruro de calcio, sosa caústica, aditivos, emulsiones y jabones. Esos elementos pueden dañar la piel, los pulmones, el hígado y los ojos.
El plan es destinar a la exploración y explotación de gas 34 mil de las 4.5 millones de hectáreas de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras. El área para extracción de gas se extiende por 21.270 hectáreas, de las que 8.035 son para perforación de pozos.
A ello se suma el Proyecto Regional Petrolero Poza Rica Altamira y Aceite Terciario del Golfo 2013-2035, que se extiende por los estados de Veracruz (sudeste), Hidalgo (centro) y Puebla (sur), planifica el uso de químicos similares.
En marzo, Pemex presentó el estudio de impacto ambiental de este proyecto ante La Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente, pero lo retiró en mayo debido a que afectaba áreas naturales en Puebla. Se prevé que lo reintroduzca con una extensión geográfica más limitada.
El consorcio ha perforado 18 pozos de gas de esquisto, de los cuales cinco están por cerrar su fase exploratoria, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Pemex proyecta para los próximos 50 años operar 6 mil 500 pozos a nivel comercial, pero la explotación de gas de esquisto podría quedar en manos privadas debido a la reforma energética.
El consorcio identificó cinco regiones con potenciales recursos de gas no convencional desde el norte de Veracruz hasta Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos.
La estadunidense Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) sitúa a México en el sexto lugar mundial en reservas de gas no convencional técnicamente recuperable, detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, en un análisis sobre 137 depósitos en 41 países.
Pemex carece de datos sobre el nivel en las sustancias químicas que utiliza de la concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud (IDHL, por sus siglas en inglés).
Greenpeace calcula que la vida útil de un pozo requiere de 380.000 litros de aditivos en los fluidos del fracking.
La estadunidense organización Intercambio de Disrupción Endocrina, dedicada a compilar y difundir información científica sobre los problemas de salud y ambiente por la exposición a químicos que actúan como interruptores endocrinos, identificó 944 productos usados en la fractura hidráulica que contienen 632 sustancias de ese tipo.
En Estados Unidos están operativos más de 72 mil pozos fracturados, según el sitio desarrollado por la industria, que enlista 59 químicos, coincidentes con los componentes inyectados por Pemex, como metanoles, isopropanol, carbonatos y ácidos.
La gubernamental pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ya definió un borrador para las operaciones de gas de lutitas, que no contiene límites al uso de químicos, según constató IPS.
“El problema de los químicos es el residuo, que debe estar tratado, para evitar que entren en contacto con la gente y generen daños al ambiente y a las personas. Vamos a calificar que sean tratados”, explicó a IPS el comisionado Néstor Martínez.
Esa evaluación se refiere a temas como uso y contaminación del agua, utilización de químicos peligrosos y generación de sismos, y busca minimizar accidentes operacionales, prevenir la contaminación por residuos, fluidos y químicos, así como minimizar la huella ambiental.
Entre los rubros regulados aparecen los tipos de lodos de perforación, la calidad de la cementación o sellado del pozo, la fractura hidráulica y la descarga de fluidos y sólidos.
Los contratistas de Pemex deben presentar a la CNH un plan de manejo del pozo, con especificaciones que los operadores deben cumplir en esos temas.
“Hay muchos químicos que no han sido probados, más los nuevos que se desarrollan. Las empresas usan el secreto industrial como escudo para ocultar información”, denunció Campero.
Será en octubre, cuando la Secretaría de Ambiente comience a revisar las normas sobre perforación de pozos y descarga de residuos.
