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A decir de Raúl Trejo Delarbre, especialista en derecho a la información, la reforma constitucional para las telecomunicaciones y la radiodifusión de junio de 2013 resultó positiva, al considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos y no como modelos comerciales. Con ello, precisa, el Estado se obliga a garantizarlos en condiciones de competencia, calidad y pluralidad. A contracorriente, la iniciativa de reglamentación secundaria del Ejecutivo federal está “diseñada, acaso, reconfigurada”, de acuerdo con los intereses de las televisoras.
“Televisa”, Raúl Trejo Delarbre no duda de su respuesta. En caso de ser aprobada la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por Enrique Peña Nieto o retomada su esencia en el proyecto de dictamen del Senado de la República, Televisa sería la principal beneficiaria, asegura el integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por su desproporcional participación en el mercado de la televisión, Televisa ha sido catalogada como monopolio. En televisión abierta, la empresa a cargo de Emilio Azcárraga Jean controla el 56 por ciento de las concesiones; capta el 68 por ciento de la publicidad; y tiene el 46 por ciento de la audiencia. En televisión de paga no se queda atrás: concentra el 75.2 por ciento de los suscriptores.
La reforma constitucional para las telecomunicaciones y la radiodifusión de junio de 2013 sentó las bases para poner fin a este tipo de acaparamientos. A decir de Trejo Delarbre, ésta resultó positiva al considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos y no como modelos comerciales. Con ello, precisa, el Estado se obliga a garantizarlos en condiciones de competencia, calidad y pluralidad.
Hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en riesgo. El Ejecutivo federal y diversos sectores políticos buscan “enmendar”, a través de las leyes secundarias, lo incorporado en la ley suprema.
En entrevista con Fortuna, Trejo Delarbre, especialista en derecho a la información, apunta que la competencia que propicia la reforma constitucional de 2013 se vería mermada, por ejemplo, como consecuencia de la limitación para que Teléfonos de México (Telmex) pueda difundir durante 2 años televisión a través de cableado telefónico, tal como lo prevé la iniciativa de ley secundaria construida en Los Pinos y enviada al Senado el pasado 24 de marzo.
En su artículo Dos pasos atrás en telecomunicaciones. La iniciativa de Peña Nieto, el también doctor en sociología, apunta que la iniciativa de ley del presidente del país está “diseñada o, acaso, reconfigurada” de acuerdo con los intereses no sólo de Televisa, sino de Tv Azteca.
Trejo Delarbre no es el único en advertir estos privilegios. Lo han hecho también Javier Corral Jurado, senador por el Partido Acción Nacional; Denise Dresser, politóloga; Juan Villoro, escritor; Aleida Calleja, analista de medios de comunicación; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Miguel Concha Malo, defensor de derechos humanos, entre otros.
En su manifiesto del 7 de abril de 2014, el Frente por la Comunicación Democrática –conformado días antes por periodistas, académicos, políticos, líderes de movimientos sociales– sostiene que la iniciativa presidencial “deja intocado el duopolio de la televisión abierta, y le permite a Televisa seguir concentrando la televisión de paga; no desarrolla mecanismos efectivos y precisos para limitar la concentración de frecuencias, ni el concesionamiento, ni para limitar la propiedad cruzada de medios, ni medidas de desinversión”.
“Como en el primer intento derrotado por la Suprema Corte de Justicia [de la Nación] en 2007, los beneficios a Televisa se reincorporan en la iniciativa Peña Nieto, que se vuelve a montar en el proyecto con disposiciones a su medida para mantener su condición monopólica, y logra incorporar otras disposiciones excesivas para retrasar lo más posible una real competencia, tanto en la televisión abierta por la adjudicación automática de canales adicionales mediante las disposiciones de multiprogramación que plantea, como en la televisión de paga, esto por virtud de la tramposa redacción que pretende restringir la preponderancia por ‘sector’ en lugar de servicios”, se lee en el documento.
El artículo ocho transitorio de la reforma constitucional marca que “se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas”.
En cambio, la iniciativa presidencial (artículo 260) limita la definición de agente preponderante: lo restringe al parámetro de la audiencia. Asimismo, pretende regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión por sectores y no por servicios (radio, telefonía, televisión abierta, internet), lo que permitiría una segmentación favorable a los intereses de los concesionarios.
Este último hecho, tal como explica Aleida Calleja en su artículo Ley Telecom de Peña, un retroceso mayor, “evade la posibilidad de que Televisa sea preponderante en televisión restringida cuando controla cerca del 70 por ciento en satélite y más del 60 por ciento en cable, segmento que le representa su mayor crecimiento y control”.
Deliberada asimetría
Raúl Trejo Delarbre, investigador universitario, detecta en la iniciativa del Ejecutivo federal una “deliberada asimetría”. Expresa que aunque hay una “regulación importante para el campo de la telefonía”, puesto que a Telmex y Telcel sí se aplican las reglas de dominancia que establece la Constitución, para el caso de la televisión es “muy complaciente”.
Al respecto opina: “Creo que deben mantenerse las barreras que acotan a las empresas de Carlos Slim, pero que debe haber más reglas para acotar a la empresa de Emilio Azcárraga”.
—¿Podríamos afirmar, entonces, que la iniciativa de Peña Nieto no abre en realidad el mercado de las telecomunicaciones? –se le pregunta.
—Abriría el mercado, pero de manera mucho más limitada en comparación con lo que establece la Constitución. Abriría el mercado en la telefonía; yo creo que eso es saludable. Pero la apertura del mercado de la televisión es más limitada en comparación con el modelo constitucional.
El autor de Viviendo en el Aleph. La sociedad de la información y sus laberintos, libro editado en 2006, comenta que él ha sugerido alrededor de 200 modificaciones a la iniciativa de ley del presidente, algunas “de detalle” y otras de “mucha densidad”. Y es que, sostiene, “es una iniciativa mal elaborada, pero no por descuido. No es casual. Es una iniciativa intencionalmente mal elaborada para no cumplir con la Constitución”.
De los perdedores
De lado de los perdedores están los medios públicos, comunitarios e indígenas. En ese sentido, las audiencias también pierden. Según Sergio Aguayo Quezada, académico y columnista, la iniciativa presidencial los menosprecia y castiga. De acuerdo con Javier Corral, los discrimina y mantiene bajo el control gubernamental.
En Crónica de un despojo; los derechos fundamentales en la iniciativa de ley en telecomunicaciones y radiodifusión, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información sostiene que “en contra de la obligación legal de introducir un régimen favorable para el desarrollo de los medios públicos, comunitarios e indígenas, se les asfixia con requisitos discrecionales, propios de un sistema autoritario, además de prohibiciones para contar con fuentes de financiamiento; es más, no introduce un mecanismo expedito para el otorgamiento de concesiones para los medios de uso social y les impone un régimen de acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario al ponerles las mismas condiciones que a los medios de uso público”.
Con la reforma en telecomunicaciones, los ganadores deberíamos de ser todos. Como lo establece el Frente Nacional por la Comunicación Democrática en su manifiesto del 11 de abril pasado, “el derecho a la comunicación pertenece a las personas y a las comunidades y es un bien público fundamental para lograr una democracia real”.
