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El presupuesto destinado a la atención de los indígenas en el Distrito Federal es insuficiente. Miles de hombres y mujeres salen cada año de sus comunidades de origen con la intención de superar la miseria en que viven. El INEGI considera que son aproximadamente 120 mil; pero autoridades capitalinas señalan que son más de 400 mil.
Hegel Cortés Miranda, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), acepta la falta de atención y visibilización que hay en torno a las comunidades indígenas migrantes en la Ciudad de México. A ello se suma el precario presupuesto que, calcula, debería ser tres veces mayor para ampliar los programas de atención a estos grupos.
Sin embargo, expone que la dependencia que encabeza tiene la tarea de instrumentar políticas públicas que generen, principalmente, la visibilización de más de 400 mil personas indígenas por autoadscripción.
Esta política de visibilización, explica, se hace a través del otorgamiento de una tarjeta de huésped migrante. Con ella se les da nombre, pertenencia a un grupo étnico, seguros médico y de desempleo, derechos sociales y humanos.
Lo anterior, dice en entrevista con Fortuna, también responde a la necesidad de sensibilizar a todas las dependencias públicas y a la misma sociedad, porque estos grupos sociales están permanentemente sujetos a discriminación por su color de piel, estatura, forma de hablar y vestir.
“Con la tarjeta van a tener derecho a medicamento, acceso a hospitales y clínicas del sector salud, a un seguro de desempleo (con un salario mínimo al día, por 6 meses).
“Buscamos generar una política de apoyos y becas para los niños, alimentarias y educativas, con 1 mil 800 pesos mensuales hasta concluir la educación media básica para ir igualando la desventaja social, económica, cultural, educativa en la que se encuentran”, dice Cortés Miranda.
Además, la Sederec pretende llevar a cabo la construcción del Centro de la Interculturalidad de México, que necesita de una inversión de 35 millones de pesos. Éste sería un espacio para tratar todos los temas relacionados con las comunidades migrantes, barrios y pueblos originarios. Aquí se desarrollarían talleres, mesas, debates, discusiones y programas de atención.
El secretario capitalino comenta que además se está impulsando una Ley de Asuntos Indígenas en el Distrito Federal, la misma que lleva más de tres legislaturas en la congeladora. “Una vez aprobada sería un caso inédito”, celebra.
No obstante los buenos propósitos: proyectos de programas, talleres y la creación de una ley, la Sederec enfrenta la dotación de un presupuesto insuficiente para el desarrollo de sus funciones.
Puntualiza: “Es una lucha que tenemos que dar: la Sederec no cuenta con el mejor presupuesto. Tan sólo para programas contamos con 150 millones de pesos, cuando la demanda es casi por el triple; no entramos en los proyectos de vivienda o productivos; necesitamos elaborar una política de trabajo que integre plazas comerciales, artesanales y sacar toda la cuestión de retraso económico de estas comunidades”.
Derechos humanos vulnerados
Viviana es una de miles de personas que viven en la Ciudad de México originarias de otros estados y pertenecientes a un grupo étnico. Su condición indígena y de pobreza las coloca en una situación de vulnerabilidad, expuestas constantemente a la discriminación y la violencia.
Karla Valeria Gómez Blancas, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos, Barrios y Atención a Migrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comenta que no existe un diagnóstico real de las comunidades migrantes en la capital del país. “Las cifras que se tienen están muy disparadas. Muchos de ellos no tienen documentos y en una situación de procuración de justicia están completamente indefensos porque no saben cómo comunicarse”.
Y es que mientras los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en el Distrito Federal hay 122 mil 411 personas de 5 años y más que hablan una lengua indígena (lo que representa menos del 1 por ciento de la población), la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades tiene registro de 400 mil indígenas migrantes.
El INEGI también documenta que de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español. Los datos oficiales muestran que el náhuatl es la lengua más hablada, con 33 mil 796 personas; el na’saavi (o mixteco), con 13 mil 259; el hñahñú (u otomí), con 12 mil 623; y el ha shuta enima (o mazateco), con 11 mil 878 hablantes.
Gómez Blancas, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, alerta que además de la falta de apoyos, muchos de los migrantes que se instalan en la Ciudad de México son víctimas de la delincuencia organizada: “Estamos cerrando los ojos a la explotación, no hay algo que lo frene; son temas que se han rezagado con el tiempo y no se atienden”.
Expone que la falta de empleo y la alimentación precaria responden a que el nivel de vida en la capital es caro. Antes se les veía en el comercio informal, ahora ya no está permitido, dice en entrevista con Fortuna.
