Gastos sin límite para el gobierno federal de EU

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Congreso EU

Roberto García Hernández/Prensa Latina

La Habana.- Las discusiones en el Congreso de Estados Unidos sobre el límite de la deuda pública federal reeditaron debates similares sobre temas presupuestarios y para muchos estadunidenses fueron una muestra adicional de la inefectividad de sus legisladores.

La Cámara de Representantes aprobó en la noche del 11 de febrero -por 221 votos a favor y 201 en contra- una legislación sin condicionamientos para incrementar el tope del débito público hasta marzo de 2015, varios meses después de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

La iniciativa, que provocó malestar en el movimiento ultraconservador Tea Party, permitirá cuando se convierta en ley que el Departamento del Tesoro reciba créditos por encima del tope actual de 17.2 billones de dólares en los venideros 13 meses y evita una nueva crisis sobre asuntos de financiamiento.

Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, calificó la aprobación de la medida como un paso positivo para salir del estancamiento político en el tema, que es un obstáculo innecesario para la economía.

Sólo 28 republicanos avalaron el proyecto, mientras otros 199 lo rechazaron, en una votación que alineó a docenas de integrantes del partido rojo y provocó que grupos conservadores solicitaran incluso la salida de John Boehner como presidente de la cámara baja.

Boehner había anunciado un día antes el retiro de una propuesta previa que aceptaba el alza del débito público si los demócratas estaban de acuerdo en eliminar su iniciativa aprobada hace dos meses para recortar por más de seis mil millones de dólares los fondos de las pensiones de los militares.

“El liderazgo republicano en la Cámara de Representantes dijo a sus integrantes que esa propuesta condicionada no atraería el apoyo necesario, por lo que pondremos a consideración un proyecto limpio, sin adiciones”, señaló una fuente anónima citada por el diario The Hill.

El giro del partido rojo hacia el compromiso fue interpretado por algunos especialistas como una ruptura con tácticas anteriores utilizadas en las negociaciones fiscales, en particular para aquellos que llevaron la iniciativa y provocaron un cierre parcial de varias agencias federales durante 16 días en octubre pasado.

De esa forma Boehner violó sus propias reglas al permitir que la Casa Blanca lograra elevar sus capacidades de gastos durante un año, sin hacer concesiones a cambio, por lo que el aval a esta propuesta constituye un revés para los conservadores y un triunfo del presidente Barack Obama, considera un artículo del sitio digital Politico.com.

El mandatario mantuvo durante todo el proceso negociador su posición de no aceptar ningún tipo de condicionamiento a cambio de lo que él considera como un deber del Congreso: garantizar que el gobierno pueda cumplir sus obligaciones financieras, estima un artículo reciente del diario The Hill.

Esta actitud y los argumentos esbozados por funcionarios del Ejecutivo parecieron influir de forma significativa en la votación de la Cámara baja, en particular la carta que envió a principios de febrero el secretario del Tesoro, Jack Lew, a líderes congresionales.

El funcionario advertía en la misiva que las capacidades de pago del Ejecutivo vencerían el 27 de febrero, por lo que los congresistas debían llegar a un acuerdo antes de esa fecha o cargar sobre sus hombros las consecuencias.

Lew advirtió que este año hay menos posibilidades de maniobra que en 2013, cuando medidas extraordinarias similares le dieron cinco meses al gobierno para seguir funcionando con el límite previo de 16.7 billones de dólares.

“Si el Tesoro no tiene suficiente efectivo a mano, por primera vez en la historia será imposible que el país pague todas sus obligaciones”, y esa mora sacudiría los mercados, señaló el funcionario.

Además, varios grupos de presión pusieron su grano de arena para convencer a los miembros del Capitolio, en particular a los grupos más conservadores.

En ese sentido, la Asociación de Banqueros y la Cámara de Comercio advirtieron que un rechazo al aumento del techo del débito dañaría seriamente el mercado y tendría consecuencias significativas para la frágil recuperación económica del país.

“Cualquier cese de pagos a los créditos obtenidos por el gobierno federal causaría efectos devastadores y a largo plazo para todos los estadounidenses, y una inacción prolongada en el Congreso llevaría al Ejecutivo al precipicio”, señaló por su parte el presidente de la corporación de comunicaciones AT&T, Randall Stephenson.

Las negociaciones sobre este asunto tuvieron lugar bajo la presión de la agenda legislativa, pues la Cámara baja cerró sus trabajos el 12 de febrero para que los demócratas asistan a su retiro anual, y a continuación el Capitolio recesará durante casi dos semanas, con motivo de los festejos por el Día del Presidente.

Para algunos expertos, todo este drama del alza de la deuda pública estuvo matizado por el fantasma de las elecciones legislativas de medio término de noviembre próximo y el temor de muchos congresistas de quedar ante la opinión pública como los culpables de un nuevo cierre de agencias federales y el despido de miles de empleados.

Lo que sí está claro es que el forcejeo confirmó lo que es una realidad: por razones como esa, más de la mitad de los estadounidenses rechazan la posibilidad de que sus representantes en el Congreso resulten reelectos en sus cargos.

Según una pesquisa reciente de la agencia Gallup, solo 17 por ciento estiman que en general la mayoría de los actuales integrantes de la rama legislativa deben permanecer en sus puestos.

Esta cifra ha descendido en los últimos años, pues en 2013 el 59 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo en la reelección de sus legisladores, mientras en 1998 casi 70 por ciento de los ciudadanos eran proclives a esa posibilidad.

Pero el tema de la deuda no será la última discusión de ese tipo en el Congreso durante este año.

Existen todavía temas muy polémicos que serán abordados en los próximos meses como parte del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2015, en particular sobre grandes sistemas de armamentos modernos considerados innecesarios hasta por altos jefes militares estadunidenses.

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